La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un cambio profundo en la forma de elaborar y mantener las leyes autonómicas: algunas normas tendrán fecha de caducidad y otras pasarán por un procedimiento “exprés” para aprobarse más rápido. Dicho así, suena técnico y hasta razonable. Pero conviene traducir cada concepto a un lenguaje comprensible y analizar qué implica en la práctica para la ciudadanía.
“Fecha de caducidad de las leyes”
Una ley con caducidad es una norma que deja de estar vigente automáticamente si no se renueva o revisa en un plazo determinado. En este caso, las leyes “organizativas” —las que regulan el funcionamiento interno de la Administración— tendrán una duración limitada. El argumento oficial es evitar normas obsoletas. El problema es que estas leyes no son neutras: organizan cómo se toman decisiones, cómo se controla al poder y cómo se gestionan servicios públicos. Si caducan sin un debate político profundo, se facilita que el Ejecutivo reconfigure la Administración con menor escrutinio parlamentario.
“Revisión obligatoria cada cuatro años”
Para el resto de normas, el Gobierno regional se autoimpone una evaluación a los cuatro años. Sobre el papel, evaluar si una ley funciona parece positivo. En la práctica, no se trata de una revisión parlamentaria vinculante, sino de un informe elaborado por la propia consejería competente. Es decir, el mismo órgano que impulsa la norma evalúa su éxito. Esto reduce la evaluación a un trámite administrativo y no a un control democrático real.
“Evaluación ex post”
Este término significa analizar una ley después de aplicarla. En la Unión Europea, estas evaluaciones existen, pero suelen estar acompañadas de criterios claros, participación independiente y control parlamentario. En el modelo madrileño, la evaluación no obliga a corregir ni derogar la ley, y su resultado no pasa necesariamente por un debate político amplio. La diferencia es clave: en Europa se evalúa para mejorar políticas públicas; aquí se evalúa para justificar su continuidad o su modificación desde el Ejecutivo.
“Trámite legislativo exprés”
La tramitación abreviada se presenta como equivalente a la “lectura única” del Parlamento. En lenguaje llano: menos tiempo, menos debate y menos enmiendas. Se aplicará a leyes consideradas “sencillas”. El problema es quién decide qué es sencillo. Muchas normas que afectan a derechos laborales, vivienda o medio ambiente se presentan como técnicas cuando en realidad tienen un fuerte impacto social. Reducir los tiempos parlamentarios debilita la capacidad de la oposición y de la sociedad civil para influir en el contenido de las leyes.
¿Beneficio ciudadano o desregulación encubierta?
El discurso oficial habla de eficacia, agilidad y modernización. Sin embargo, el resultado previsible es otro: menor estabilidad normativa y más poder concentrado en el Ejecutivo. Para los ciudadanos, la seguridad jurídica —saber a qué reglas atenerse— es esencial. Para los grandes operadores económicos, en cambio, un marco cambiante facilita presionar para modificar normas que les resultan incómodas, especialmente en ámbitos como urbanismo, fiscalidad o medio ambiente.
El contexto español y autonómico
En España, las leyes no suelen caducar porque se entiende que deben modificarse mediante mayorías parlamentarias claras. Introducir la caducidad como regla general es una anomalía que desplaza el poder desde el Legislativo hacia el Gobierno autonómico. En la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo ya concentra amplias competencias, este modelo refuerza aún más esa asimetría.
¿A quién favorece realmente?
Este tipo de reformas suele beneficiar a quienes tienen capacidad técnica y recursos para intervenir en consultas rápidas: grandes empresas y lobbies organizados. Los ciudadanos corrientes, asociaciones vecinales o sindicatos quedan en clara desventaja cuando los plazos se acortan y las normas se revisan de forma acelerada.
En resumen, la propuesta no es solo una reforma administrativa. Es un cambio profundo en el equilibrio de poderes. Bajo la promesa de eficiencia, se introduce un modelo que reduce controles, acelera decisiones y normaliza la inestabilidad normativa. Entenderlo no es una cuestión técnica: es una cuestión democrática.