El mensaje publicado en X por Isabel Díaz Ayuso no es un exabrupto aislado ni una simple opinión personal. Es una intervención política que utiliza su posición institucional para desviar el foco de unas denuncias muy graves, relativizar la violencia sexual y proteger, de forma explícita, la imagen de una figura poderosa como Julio Iglesias. El problema no es solo lo que dice, sino lo que insinúa y, sobre todo, lo que pretende invalidar: la palabra de las víctimas.
Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026
La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias.
Confundir para desactivar el debate
El texto de Ayuso mezcla deliberadamente conceptos distintos. Habla de “violaciones”, “asesinatos” y “abusos” sin distinguir entre categorías legales ni estadísticas. Esa confusión no es inocente. Cuando los términos se diluyen, la gravedad de los hechos también lo hace a ojos de la opinión pública. Por eso conviene explicar con claridad qué significan esos datos y por qué el mensaje de la presidenta es profundamente engañoso.
Ayuso introduce a Irán en su mensaje como si la existencia de violencias extremas contra las mujeres en un régimen autoritario invalidara o relativizara las denuncias en España. Es un razonamiento falaz.
En España, la expresión “violencia de género” no es genérica. Tiene un significado jurídico concreto: asesinatos cometidos por la pareja o expareja, según la Ley Orgánica 1/2004. En 2025, con el dato anual ya cerrado, en la Comunidad de Madrid fueron cuatro las mujeres asesinadas en ese marco específico. Cuatro vidas arrebatadas por el hecho de ser mujeres en una relación de dominación y control. Ese dato no admite relativizaciones ni comparaciones interesadas.
Asesinatos no es lo mismo que violencia de género
El mensaje de Ayuso juega también con la palabra “asesinatos”. En sentido penal general, Interior utiliza el indicador “homicidios dolosos y asesinatos consumados”, que incluye a toda la población y no se desagrega por sexo. En la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2025, se registraron 19. Son cifras graves, pero pertenecen a otra categoría distinta.
Mezclar ambos planos —violencia machista en la pareja y homicidios generales— es un error técnico que una presidenta autonómica no puede permitirse. Hacerlo en un mensaje político para desacreditar denuncias de violencia sexual es una irresponsabilidad institucional de primer orden.
Qué dicen realmente los datos sobre violencia sexual
Otro de los ejes del mensaje es el uso del término “violaciones” y “abusos” de forma indistinta. En las estadísticas oficiales actuales, esas conductas se agrupan bajo “delitos contra la libertad sexual”, con dos grandes subcategorías. La primera es la agresión sexual con penetración, lo que en lenguaje común se denomina violación. En la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2025, se registraron 536 casos. La segunda categoría engloba el resto de delitos sexuales, que sumaron 1.884, hasta alcanzar un total de 2.420 delitos sexuales en nueve meses.
Estos datos no son propaganda ideológica ni construcciones discursivas. Son hechos conocidos por las fuerzas de seguridad. Invisibilizarlos o diluirlos en comparaciones internacionales forzadas es una forma de negar la realidad.
Irán como cortina de humo
Ayuso introduce a Irán en su mensaje como si la existencia de violencias extremas contra las mujeres en un régimen autoritario invalidara o relativizara las denuncias en España. Es un razonamiento falaz. Las mujeres no compiten entre sí por el reconocimiento de su sufrimiento. Que en Irán haya represión sistemática no convierte en menos creíbles las acusaciones de abusos, intimidación y silencio en entornos de poder occidentales.
Confundir la defensa de la cultura con el blindaje de figuras poderosas es perpetuar la lógica de “sexo, silencio y poder”. Exactamente la lógica que durante décadas ha permitido que los abusos se oculten bajo el prestigio, el éxito y la admiración pública.
Utilizar el dolor de las mujeres iraníes como argumento retórico para proteger a un icono cultural español no solo es indecente: es una instrumentalización cínica del feminismo cuando conviene y su negación cuando incomoda.
El poder protegiendo al poder
La frase más reveladora del mensaje es aquella en la que la presidenta afirma que la Comunidad de Madrid “jamás contribuirá al desprestigio” de un artista. Esa afirmación retrata una concepción profundamente autoritaria del poder. Un gobierno democrático no está para proteger reputaciones privadas, sino para garantizar derechos, facilitar investigaciones y asegurar que las víctimas puedan denunciar sin miedo.
Confundir la defensa de la cultura con el blindaje de figuras poderosas es perpetuar la lógica de “sexo, silencio y poder”. Exactamente la lógica que durante décadas ha permitido que los abusos se oculten bajo el prestigio, el éxito y la admiración pública.
El desprecio institucional a las víctimas
Cuando una presidenta autonómica desacredita el contexto en el que surgen las denuncias, envía un mensaje muy claro a las víctimas: denunciar tiene costes, y el poder no está de su lado. No es neutralidad, es toma de partido. No es prudencia, es intimidación simbólica.
Además, señalar a una supuesta “ultraizquierda” como responsable de un silencio cómplice es un recurso retórico vacío que evita lo esencial: las cifras existen, las denuncias existen y el deber institucional es tomarlas en serio, no caricaturizar a quienes las ponen sobre la mesa.
Democracia o propaganda
Nada de lo anterior prejuzga culpabilidades. Exigir investigación, transparencia y respeto a las víctimas no equivale a condenar sin juicio. Al contrario: es defender el Estado de derecho. Lo que lo debilita es que el poder político se adelante a desacreditar el marco mismo en el que deben investigarse las denuncias.
El mensaje de Ayuso no defiende la cultura ni la libertad. Defiende el privilegio y el silencio. Y cuando eso ocurre desde una institución pública, el daño no es solo moral o simbólico: es un daño directo a la calidad democrática y a la confianza de las mujeres en que el sistema también está para protegerlas a ellas.