El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, utilizó fondos destinados a las residencias públicas de mayores para pagar una deuda millonaria con el grupo sanitario privado Quirón. Así lo certifica la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su último informe de fiscalización, que detalla una transferencia de 61,5 millones de euros desde el organismo que gestiona las residencias públicas hacia el sistema sanitario madrileño, con un destino final muy concreto: la liquidación de pagos pendientes a hospitales privados.
No se trata de una acusación política ni de una interpretación interesada. Es un dato oficial, negro sobre blanco, firmado por el órgano encargado de vigilar cómo se gasta el dinero público en la Comunidad de Madrid. Y el dato es especialmente grave por el contexto: el dinero salió de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), responsable de la atención a personas mayores y dependientes, uno de los ámbitos más frágiles del sistema público madrileño.
Una decisión deliberada del Consejo de Gobierno
La Cámara de Cuentas explica que el 5 de junio de 2024 el Consejo de Gobierno aprobó expresamente esa transferencia de fondos desde el AMAS al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No fue un error técnico ni un ajuste automático de contabilidad: fue una decisión política adoptada en una reunión formal del Ejecutivo autonómico.
Aquel día, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, evitó explicar públicamente la operación en la rueda de prensa posterior al Consejo. En el documento oficial de acuerdos se mencionó la transferencia, pero sin aclarar ni el motivo real ni el beneficiario último del dinero. El Ejecutivo de Ayuso optó por el silencio.
Ese silencio solo se rompe ahora, año y medio después, cuando el órgano fiscalizador detalla que los 61,5 millones se destinaron a cubrir la liquidación de la actividad de libre elección sanitaria del ejercicio 2021 vinculada al convenio con la Fundación Jiménez Díaz, el principal hospital de Quirón en Madrid y auténtico eje de su negocio sanitario con dinero público.
Qué significa pagar la “libre elección sanitaria”
Conviene explicar con claridad un término técnico que suele usarse para ocultar decisiones políticas. La llamada libre elección sanitaria permite a los pacientes elegir hospital dentro de la red pública, incluidos centros de gestión privada financiados con fondos públicos. En Madrid, este sistema beneficia de forma directa a hospitales gestionados por grandes grupos empresariales como Quirón y Ribera Salud.
El mecanismo es sencillo: los hospitales privados atraen actividad asistencial y, una vez cerrado el ejercicio, reclaman a la Comunidad de Madrid liquidaciones adicionales para compensar esa atención. Estas liquidaciones se pagan al margen de los contratos y presupuestos iniciales, lo que convierte el sistema en una vía constante que engorda la factura pública a favor de la sanidad privada.
En 2024, este modelo alcanzó cifras récord. Según la Cámara de Cuentas, la Comunidad de Madrid incrementó un 221% los pagos por liquidaciones a empresas concesionarias, hasta rozar los 910 millones de euros. Y parte de ese dinero salió, literalmente, de los fondos destinados a las residencias públicas.
Dinero que no se invirtió en residencias
El Ejecutivo de Ayuso ha intentado justificar la operación afirmando que se utilizaron “remanentes de tesorería”, es decir, dinero no gastado en años anteriores. El dato es correcto, pero profundamente engañoso si no se explica por completo.
La Cámara de Cuentas revela que en 2024 el AMAS dejó sin ejecutar una parte significativa de su presupuesto. En particular, el capítulo de inversiones —el destinado a mejorar infraestructuras y servicios en las residencias— fue el gran perjudicado. De más de 77 millones de euros presupuestados, solo se ejecutaron 30 millones, apenas un 39%.
Ese dinero que no se invirtió en residencias, en mejoras, en personal o en condiciones de vida dignas para los mayores, es el mismo que acabó pagando facturas a la sanidad privada. No sobró: no se gastó donde debía.
Legal, sí; indecente, también
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, dirigida por Rocío Albert, sostiene que la operación es legal y habitual. La ley lo permite, dicen. Pero la legalidad no puede servir de coartada para decisiones que retratan una jerarquía de prioridades profundamente cuestionable.
Porque mientras se retraen recursos de la atención a mayores, el Gobierno de Ayuso mantiene intacto su compromiso con los grandes grupos sanitarios privados, especialmente con Quirón, un actor clave del modelo sanitario madrileño y habitual beneficiario de fondos públicos.
Una crítica política sin ambigüedades
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha sido tajante: el Ejecutivo regional deteriora los servicios públicos mientras beneficia a empresas privadas concretas. Y ahora, además, se conoce el origen de parte de esos beneficios: el dinero que se quita a las residencias.
La crítica no es retórica. En Madrid, las residencias de mayores siguen arrastrando carencias estructurales y una desconfianza social que nunca se ha cerrado del todo. En ese contexto, desviar decenas de millones de euros para pagar a un gigante sanitario privado no es una anécdota presupuestaria: es una declaración política.
Este episodio encaja con otras decisiones recientes del Gobierno de Ayuso, como su intención de cerrar la Casa Árabe alegando criterios de ajuste derivados de informes del Tribunal de Cuentas. La constante es clara: cuando se trata de servicios públicos, culturales o sociales, se recorta; cuando se trata de sanidad privada, se paga.
Los hechos están verificados
Las cifras, las fechas y el destino del dinero no proceden de filtraciones ni de opiniones. Están recogidos en un informe oficial de la Cámara de Cuentas. Y ese informe deja una conclusión difícil de esquivar: el Gobierno de Ayuso decidió pagar a Quirón con dinero que debía haberse destinado a cuidar a las personas mayores.
La pregunta ya no es técnica ni contable. Es política y moral. Y la respuesta define, con precisión incómoda, el modelo de Comunidad de Madrid que Ayuso está construyendo.