La justicia en Galicia no se ha deteriorado de repente, lleva años haciéndolo. Lo que pasa es que ahora ya no hay forma de seguir mirando hacia otro lado. Durante demasiado tiempo se ha instalado una forma de gestionar basada en aguantar. En no hacer ruido. En dejar que los problemas crezcan mientras no generen un coste político inmediato.
Y así, poco a poco, se ha ido debilitando un servicio esencial sin que nadie asumiera realmente las consecuencias. Porque aquí hay responsables. Y tienen nombre. La Xunta de Galicia, gobernada durante años por el Partido Popular, no puede alegar desconocimiento. Las advertencias han sido constantes. Desde dentro del sistema judicial se lleva años señalando la falta de medios, los retrasos estructurales y una modernización que nunca termina de llegar.
No ha sido un fallo puntual. Ha sido una forma de gobernar. Mantener la justicia funcionando con lo mínimo, con plantillas ajustadas y sin planificación a medio plazo no es casualidad, es una decisión política. Y sus consecuencias están hoy a la vista: procedimientos que se eternizan, resoluciones que llegan tarde y una sensación cada vez más extendida de que el sistema no responde cuando debería.
Y cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia. Esto no va de burocracia. Va de vidas. De familias atrapadas durante años en procesos que no avanzan, de menores que crecen esperando decisiones que llegan cuando ya es demasiado tarde, de personas que ven cómo sus derechos existen sobre el papel pero no en la práctica. Y, aun así, se ha normalizado. Se ha asumido que la justicia es lenta. Que “es lo que hay”. Que siempre ha sido así. Pero no es verdad, no tiene por qué ser así. Lo que ocurre es que se ha permitido que lo sea y ese es el verdadero problema. Porque cuando una sociedad se acostumbra a que un servicio básico funcione mal, el deterioro deja de ser solo técnico. Se convierte en un problema democrático. La confianza en las instituciones se erosiona, los derechos pierden peso real y la sensación de desprotección crece. Eso también tiene responsables políticos. Gobernar no es solo gestionar el día a día. Es prever, invertir y corregir antes de que el problema sea evidente.
Pero en Galicia se ha optado durante años por lo contrario: posponer decisiones, aplazar reformas y confiar en que el sistema aguantaría. No ha aguantado. Y ahora, cuando los retrasos son evidentes y el malestar es imposible de ocultar, ya no basta con diagnósticos ni con declaraciones. Porque el problema no es nuevo. Es el resultado de años de inacción. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de la justicia. Es algo más básico: que funcione cuando tiene que funcionar. Y en Galicia, hoy por hoy, eso no está garantizado.