Almudena Lastra es la actual fiscal superior de Madrid. Durante el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y multa, Lastra jugó un papel clave, como testigo, para convencer a los magistrados de que Ortiz había cometido un delito de revelación de secretos al transmitir información sobre los fraudes tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, el testimonio de Lastra fue utilizado por las acusaciones populares, representadas por asociaciones y partidos ultras, para sostener que García Ortiz conocía y permitió la filtración de correos confidenciales.
Como fiscal superior de Madrid, Lastra declaró que había advertido a su jefe de que esos correos podrían filtrarse y que él respondió que “eso no importaba”, por lo que era necesario emitir una nota de prensa para aclarar que la Fiscalía no había ofrecido un acuerdo de conformidad para rebajar penas al novio de Ayuso, sino que había sido exactamente al revés. García Ortiz negó haber escuchado esas palabras y acusó a Lastra de tener una “actitud obstruccionista” y una “desafección” hacia la jefatura de la Fiscalía General. La defensa del fiscal general intentó desacreditar la declaración de la testigo, alegando que estaba basada en “conjeturas” y en su mala relación con el acusado.
La intervención de Lastra reforzó la tesis de las acusaciones populares en representación de organizaciones ultras, que a lo largo de la vista oral trataron de vincular la supuesta filtración con un intento de perjudicar a Ayuso y a su entorno. La disputa entre Ortiz y Lastra ha evidenciado no solo un enfrentamiento personal, sino también la batalla política que se libra en un segundo plano en la Fiscalía.
Con una larga trayectoria en la carrera fiscal, en los últimos años Lastra ha sido señalada como una figura cercana a posiciones defendidas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, especialmente en relación con Isabel Díaz Ayuso. La fiscal de Madrid ha sido criticada por su actitud respecto a los llamados protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la crisis del covid. A causa de esa decisión de la Comunidad de Madrid, murieron 7.291 personas, cuyas familias siguen reclamando justicia pese a que no la encuentran en Madrid, donde el caso se ha cerrado en varias ocasiones y en diversos juzgados. A Lastra se la ha acusado de alinearse con las posiciones del Gobierno de Ayuso, evitando investigar a fondo esos protocolos de la vergüenza. Manuel Rico, director de Público y uno de los periodistas que más ha investigado el caso de las residencias, envió 38 preguntas fundamentales a Lastra en octubre de 2022, pero la fiscal no ha contestado a las cuestiones. “Soy una persona que, cuanta más presión, más despacio voy”, aseguró la fiscal durante un juicio. “Escuchar esa frase me llenó de esperanza: quizá no ha respondido aún porque va despacio. Toda mi comprensión. A ver si hay suerte y contesta en 2026”, apuntó Rico. A día de hoy, el caso de los protocolos de la vergüenza sigue cerrado, a expensas de que algún juez valiente decida reabrirlo. Ayuso respira tranquila.
Diversos medios han descrito a Lastra como “la fiscal favorita de la derecha” por sus enfrentamientos con García Ortiz y por su silencio en asuntos delicados para el PP madrileño. Su relación con el fiscal general es de abierta desafección, con choques públicos que han reforzado la idea de que su posicionamiento beneficia políticamente al PP.
La “guerra entre fiscales” no es solo un choque personal entre Álvaro García Ortiz y Almudena Lastra, sino un reflejo de la polarización política y judicial que vive España. La condena del fiscal general ha intensificado la brecha entre asociaciones de fiscales conservadoras y progresistas, y ha convertido la Fiscalía en un campo de batalla institucional con repercusiones directas en la política nacional. Las asociaciones de fiscales de perfil conservador celebraron la condena como prueba de que “la justicia funciona”. Asociaciones de perfil progresista lamentaron la sentencia, considerándola “una mala noticia para el Estado de derecho”.
Ayuso y el PP han interpretado la condena como una victoria frente al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de “dinamitar la separación de poderes”. El ministro Félix Bolaños ha expresado su “indignación” y ha defendido la inocencia de García Ortiz, asegurando que no hay pruebas concluyentes de la revelación se secretos. En realidad, lo que viene a decir la resolución del Supremo es que “Ayuso” no se toca. Ahora se está demostrando que la señora presidenta ostenta un poder omnímodo en Madrid, mucho más del que cabía esperar de ella. No solo tiene detrás el respaldo del aparato del partido, el aznarismo con todo lo que ello conlleva, también la sustenta el poder financiero, la banca y la patronal. Por supuesto, un amplio sector de la judicatura conservadora está a su lado. La beligerancia antisanchista no solo anida en la Fiscalía Provincial de Madrid hoy en manos de Lastra. Hay magistrados del Tribunal Supremo que ven en Ayuso la gran esperanza blanca del Partido Popular para recuperar el poder a corto o medio plazo.
La Justicia ayusista es un Estado dentro del Estado. La propia periodista Rosa Villacastín ha advertido: “No sabéis quién es Miguel Ángel Rodríguez”, dando a entender que el asesor de la presidenta de Madrid posee fuertes vínculos y contactos con el ala más conservadora de la judicatura de la capital. Y si nos atenemos a los hechos, así es: Rodríguez, en calidad de testigo en el juicio contra García Ortiz (con obligación de decir verdad bajo riesgo de cometer perjurio) se permitió el lujo de sentarse frente a los magistrados y decir que él, como periodista que peina canas, no necesita “una compulsa del notario” para fabricar un bulo. Y lo dijo impunemente, sin que se le dedujera pieza separada por falso testimonio. ¿Qué más pruebas se necesitan para demostrar que la lideresa del PP madrileño y su núcleo duro son intocables? Primero cayó Pablo Casado, el anterior dirigente popular defenestrado tras atreverse a denunciar las presuntas corruptelas del clan de Ayuso. Hoy es el fiscal general del Estado. Nadie que se atreva a ir contra la presidenta madrileña puede sentirse seguro y a salvo de una caza de brujas.
Tras la sentencia contra García Ortiz, el Gobierno tendrá que nombrar un nuevo fiscal general, lo que abre un nuevo capítulo de tensión entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Fiscalía. Sin el testimonio de Lastra, la sentencia contra el máximo responsable del Ministerio Público quizá no habría podido ser condenatoria. Su nombre ya suena como futura fiscal general del Estado en un Gobierno del PP con Vox. Es evidente que la presidenta de Madrid y su novio juegan con red. La que le proporciona una Justicia demasiado mediatizada por la política.