La decisión del juez Peinado de abrir juicio con jurado contra Begoña Gómez, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés es cuando menos arriesgada. La complejidad técnica de los delitos imputados (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) abre un debate profundo sobre las garantías procesales en este caso. Para no pocos expertos, el hecho de dejar el juicio en manos de un jurado popular puede generar un riesgo real de indefensión, al exigir a ciudadanos sin formación jurídica que valoren elementos altamente especializados. En un procedimiento donde la precisión técnica es esencial, la elección del jurado aparece como una decisión cuestionable que podría comprometer la correcta administración de justicia. La Ley del jurado no está pensada para enjuiciar ese tipo de conductas.
¿Es lo más adecuado desde el punto de vista material y procesal que un órgano compuesto por ciudadanos legos en Derecho enjuicie delitos cuya comprensión exige un conocimiento técnico profundo? Los jurados, al no ser profesionales del Derecho, pueden tener dificultades para comprender conceptos como el beneficio indirecto, la desviación relevante de fondos públicos o la naturaleza jurídica de un software como bien patrimonial. Esa es la arriesgada cuestión a la que se enfrenta el juez Peinado, el magistrado que encauzó el proceso por estos derroteros a sabiendas de que el jurado daría una mayor repercusión mediática a la futura vista oral. Finalmente, la decisión final estará en las manos de la Audiencia Provincial de Madrid a través de los diferentes recursos.
Los miembros de un jurado popular son ciudadanos sin formación jurídica y, además, no viven aislados del entorno informativo. Aunque la ley les obliga a no consultar noticias ni comentar el caso, en la práctica es difícil que lleguen completamente “vírgenes” a un juicio que lleva meses ocupando titulares. Y más en este caso, que durante dos años ha ocupado las portadas de los periódicos y las noticias de los telediarios. Los jueces profesionales, en cambio, están acostumbrados a trabajar bajo presión mediática y tienen herramientas técnicas para filtrar lo irrelevante.
En casos de fuerte polarización política, la ciudadanía suele llegar con ideas preconcebidas. No es que el jurado actúe de forma partidista, sino que la percepción inicial del caso puede estar influida por el clima social, incluso sin que la persona sea consciente de ello. Los jueces profesionales, por su formación y experiencia, están entrenados para separar el ruido del análisis jurídico.
Cuando un caso es muy técnico (como ocurre con delitos de tráfico de influencias, malversación o apropiación indebida) el jurado puede tener dificultades para comprender todos los matices jurídicos. En ese contexto, es más fácil que se dejen llevar por impresiones generales, valoren más la narrativa que la estructura jurídica o se apoyen en intuiciones influenciadas por el entorno mediático. Esto no significa que actúen de forma contraria a la ley, sino que la complejidad del caso aumenta el peso de factores no jurídicos.
En asuntos con impacto político, algunos jurados pueden sentir que su decisión tiene una dimensión social más allá del caso concreto. Ese sentimiento puede generar miedo a equivocarse y temor a ser criticados. Y en ocasiones les pesa la sensación de que deben “dar ejemplo”, de que están llamados a cumplir una misión justiciera. Eso puede llevar al jurado a tomar decisiones injustas. Los jueces profesionales, sin embargo, están habituados a resolver casos sensibles y cuentan con un marco técnico que reduce ese tipo de presiones. No se puede afirmar categóricamente que un jurado popular esté siempre más influido por la política o la prensa. Pero sí es cierto que su estructura y su falta de formación jurídica lo hacen más permeable a factores externos, especialmente en causas mediáticas y asuntos políticamente polarizados.
Por eso muchos juristas sostienen que, en casos como el de Begoña Gómez, un tribunal profesional ofrece mayores garantías de imparcialidad técnica, no porque el jurado sea parcial, sino porque el contexto del caso exige un nivel de análisis jurídico que reduce el margen para influencias externas. Por si fuera poco, es más que previsible que la Audiencia Provincial fije la vista oral a lo largo de 2027, fecha de elecciones generales. El ambiente estará más crispado y polarizado que nunca. La tensión será máxima en la calle. Y esa crispación se trasladará, inevitablemente, a la sala de vistas. Ningún jurado podrá sustraerse o aislarse de la ola antisanchista que recorrerá el país en esos días. Y eso puede influir en el desarrollo de un proceso politizado desde el principio (cabe recordar que fueron grupos de la extrema derecha quienes iniciaron la causa con una querella basada en simples recortes de prensa). De esta forma, el caso Begoña Gómez será una parte más de la campaña electoral. El reloj de la Justicia conservadora parece haber sido perfectamente sincronizado. Según los parámetros de un Estado de derecho era más consecuente juzgar el caso por un tribunal profesional. El jurado ofrece serias dudas en un asunto que va más allá de lo jurídico para entrar en el terreno político y sociológico.