A Begoña Gómez le quedaban varios recursos pendientes antes de ser sentada en el banquillo por cuatro delitos, pero el juez Juan Carlos Peinado los ha tumbado todos. El magistrado rechaza todos los escritos que iban en la línea de cerrar la investigación por falta de pruebas contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e insiste en que la mejor vía es abrir juicio con jurado popular. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés tienen que ser enjuiciados por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Peinado cita su auto del pasado 11 de abril para reiterar los indicios contra los acusados y de esta forma repite su alusión, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a Begoña Gómez “más propias de regímenes absolutistas”, habría que remontarse al reinado de Fernando VII, informa EFE.
El juez considera que el procedimiento debe recaer en un tribunal de jurado porque el delito de tráfico de influencias se cometería “para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa” y niega que otros delitos imputados, fuera de la ley del jurado, sean más graves.
Contra este auto las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya recurrió la Fiscalía el procesamiento acordado por Peinado el pasado 11 de abril. Además, pese a que ha finalizado la instrucción, Peinado ha seguido la orden que le dio la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de abril y ha citado a un nuevo testigo el próximo 14 de mayo: José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).
La acusación popular unificada pidió citarle al considerar su testimonio imprescindible para determinar la implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y la Audiencia Provincial le dio la razón en un auto posterior al dictado por Peinado para procesar a la primera dama.
El juez ha adoptado esta decisión en una providencia dictada también el pasado martes, cuando dictó varios autos y providencias más. El futuro del procedimiento, con el que el juez quiere dilucidar si Gómez habría aprovechado “su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional”, está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.