La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama que la UDEF elabore un “exhaustivo” informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el “eventual impacto” de esa circunstancia “en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública” en 2021, una petición a la que el magistrado ha accedido, según informa La Sexta.
Plus Ultra está en la diana de la Justicia española. Lo que comenzó en 2021 como un controvertido rescate estatal de 53 millones de euros por parte del Gobierno español a una aerolínea con unos cuantos pocos aviones, ha destapado una densa red de conexiones que vincula directamente a la cúpula directiva de la compañía con las altas esferas del régimen de Nicolás Maduro. La columna vertebral de esta relación se sostiene sobre el control accionarial de la aerolínea.
A partir de 2017, la entrada de nuevo capital entregó el control de Plus Ultra a un grupo de empresarios venezolanos catalogados dentro de la denominada “boliburguesía”. Figuras conocidas del régimen pasaron a manejar los hilos de la firma. Magnates y empresarios de la órbita de Nicolás Maduro ocuparon altos escalafones de la compañía. Estas conexiones políticas se tradujeron rápidamente en un trato de favor comercial inusual dentro de Venezuela. Mientras que gigantes de la aviación internacional sufrían restricciones severas para operar en el país, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano otorgó a Plus Ultra un monopolio virtual en la ruta Madrid-Caracas durante los momentos más duros de la pandemia. Bajo el amparo de “vuelos humanitarios” y frecuencias exclusivas, la aerolínea garantizó un canal de comunicación directo y seguro entre ambos países, blindando los intereses de la élite caraqueña.
Sin embargo, el plano judicial es el que ha arrojado las mayores sombras sobre la compañía. Investigaciones internacionales que involucran a tribunales de Suiza, Francia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apuntan a que Plus Ultra pudo haber sido utilizada como una pieza en una maquinaria de lavado de dinero a gran escala. Las pesquisas rastrean transferencias financieras vinculadas a la familia Maduro. El último y más volátil capítulo de este entramado toca de lleno a la política española. La incautación de comunicaciones internas por parte de las autoridades policiales reveló que los dueños venezolanos de la aerolínea utilizaban canales de influencia al más alto nivel. Los mensajes intervenidos al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –a quien los directivos se referían en privado como “nuestro pana” o amigo– apuntan a un presunto lobby transatlántico que Calama quiere aclarar. Este canal de influencia habría sido decisivo no solo para la supervivencia de la aerolínea, según los investigadores, sino para mantener abiertos canales financieros y diplomáticos con España y con Europa.
Ahora la Audiencia Nacional se ha propuesto airear las presuntas conexiones con el régimen chavista. “En un auto, Calama solicita que se oficie a la UDEF para que realice un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra, que tendrá que elaborar un informe en los términos solicitados por el Ministerio Público”, añade la cadena privada.
En su escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente recuerda que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011. Según La Sexta, “destaca que posteriormente hubo diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano, según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta”.
“El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra –añade– se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial”.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.