La defensa de Zapatero se desmorona

La estrategia de defensa de José Luis Rodríguez Zapatero empieza a mostrar grietas serias y la decisión del juez José Luis Calama las hace todavía más visibles. La Audiencia Nacional no solo mantiene viva la investigación sobre el caso Plus Ultra, sino que además llama a declarar como investigados al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli Mielle, después de sus propios escritos sobre los pagos al entorno del expresidente. La imagen que deja este movimiento judicial es demoledora para Zapatero: mientras él se atrinchera en negaciones genéricas y se presentó en RTVE sin aportar una sola explicación sólida, la instrucción sigue avanzando y los testimonios que lo rodean se vuelven cada vez más comprometedores.

El golpe procesal es doble. Por un lado, Calama rechaza la petición de la defensa del expresidente para anular la causa por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Por otro, abre la puerta a nuevas declaraciones de quienes, según sus propios escritos, reconocen que hubo pagos y que se actuó con la conciencia de que el vínculo con Zapatero era clave para lograr el rescate de la aerolínea. La defensa, que había intentado mover ficha con una maniobra de nulidad, se queda así sin la vía más ambiciosa para desmontar la investigación. Y, mientras tanto, el relato público del expresidente sigue sin ofrecer una sola pieza que desmonte con fuerza la tesis de la UDEF y de Anticorrupción.

La resolución judicial es especialmente dura porque corta de raíz la idea de que el caso podría quedar enterrado por un defecto formal. La defensa sostenía que se habían vulnerado varios derechos y pretendía excluir hasta doce resoluciones, incluidas las que autorizaron el registro del despacho de Zapatero y la apertura de la pieza separada sobre el origen de las joyas incautadas. Pero el juez recuerda que el incidente de nulidad tiene un plazo de veinte días que empieza a contar desde la notificación efectiva del acto cuestionado, y que en este caso la defensa actuó fuera de plazo. En otras palabras: no había base procesal suficiente para tumbar la causa por esa vía. Y esa precisión, seca y técnica, es políticamente devastadora porque deja en evidencia que la gran apuesta de la defensa se apoyaba en un andamiaje débil.

El problema para Zapatero no es solo jurídico. También es narrativo. Su entrevista en RTVE, pensada en teoría para ofrecer su versión y rebajar la presión, terminó reforzando la impresión de que no tenía nada sustancial que decir. No explicó el origen de las joyas, no despejó la relación económica con Análisis Relevante, no entró en el detalle de las supuestas comisiones y tampoco respondió de forma convincente a la acusación de que hubiera comunicado a Plus Ultra que la SEPI iba a aprobar el crédito. El resultado fue una comparecencia defensiva, llena de apelaciones a la presunción de inocencia y a los “juicios paralelos”, pero sin la arquitectura explicativa que exige un caso de esta magnitud. Con la nueva decisión de Calama, esa entrevista queda como una oportunidad perdida: ni sirvió para recuperar iniciativa ni para crear una versión alternativa creíble.

La pieza central de la nueva fase judicial es el reconocimiento de que los directivos de Plus Ultra han dado un paso hacia la colaboración con la Justicia. En su escrito, Julio Martínez Sola fija en 530.000 euros la “mordida” que, según su versión, se habría embolsado Zapatero por “salvar” a la compañía en plena pandemia. Esa cifra no es menor ni simbólica: apunta a una comisión equivalente al 1% del rescate de 53 millones. Y, sobre todo, convierte la investigación en algo más concreto que una sospecha genérica de influencia. Si los propios responsables de la aerolínea afirman que asumieron que debían contratar con el señor Martínez Martínez “conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero”, la tesis de la red de intermediación gana espesor. Ya no se trata solo de contactos, sino de una estructura en la que la cercanía política al expresidente habría sido un activo económico.

Ese es el punto que más preocupa a la defensa de Zapatero: el frente común que se está formando entre Julio Martínez Martínez y los dos principales directivos de Plus Ultra. Cuando varias piezas del mismo entorno empiezan a ratificar que la relación con el expresidente era instrumental para conseguir el rescate, la estrategia de negar todo se vuelve cada vez más frágil. La citación de Martínez Sola y Roselli para septiembre abre la puerta a que el juez escuche, con detalle, qué papel desempeñó cada uno, cuándo comenzaron los contactos y hasta qué punto la aerolínea consideró indispensable al expresidente para mover el expediente. El caso deja de ser una abstracción política para convertirse en una cadena de decisiones, mensajes y pagos cuya lógica interna puede ser reconstruida judicialmente.

La defensa de Zapatero había intentado, precisamente, romper esa cadena por su eslabón procesal más débil: la nulidad. Si hubiera prosperado, el ex presidente habría podido expulsar del sumario varias resoluciones clave y debilitar la base probatoria de la investigación. Pero el juez no compra esa tesis y deja claro que la instrucción seguirá su curso. Eso significa que las declaraciones de los directivos de Plus Ultra y del propio Julio Martínez Martínez adquirirán todavía más valor, porque se producirán dentro de una causa que no ha sido neutralizada por una maniobra formal. Y significa también que la audiencia pública de Zapatero ante RTVE, tan cuidadosamente diseñada para recuperar control, queda desmentida por la secuencia real de los hechos: mientras él hablaba de persecución y de supuestas anomalías, la Justicia seguía avanzando.

La cuestión de las joyas, además, vuelve a abrirse en paralelo. Anticorrupción ha pedido un informe ampliatorio para conocer la fecha del montaje de las piezas incautadas, un detalle que puede parecer secundario, pero que en realidad tiene implicaciones relevantes para determinar su procedencia y su tratamiento fiscal. Zapatero había insistido en que se trataba de un “regalo de cortesía” sin afán patrimonial, una explicación que ya sonó evasiva en la entrevista de RTVE y que ahora queda aún más en entredicho. No basta con decir que algo fue un obsequio si no se aclara quién lo hizo, cuándo, en qué contexto y por qué una fortuna así terminó custodiada durante años en una caja fuerte de su despacho profesional. Cada nuevo dato que la investigación intenta fijar reduce el espacio para el relato de la casualidad o la simple cortesía.

La debilidad de fondo es que Zapatero eligió el terreno equivocado para defenderse. En vez de ofrecer una explicación política y materialmente convincente sobre el rescate, los pagos y las joyas, optó por una defensa construida sobre la idea de que el procedimiento está contaminado. Ese enfoque puede servir para ganar tiempo, pero no resuelve el problema central: el contenido de las acusaciones. Si los directivos de la aerolínea empiezan a hablar de “mordida”, si el presunto testaferro admite que existía una relación funcional con el expresidente, y si el juez rechaza la nulidad por extemporánea, la defensa queda encerrada en un callejón estrecho. Puede seguir denunciando filtraciones o defectos formales, pero eso ya no basta para desplazar el foco sobre los hechos.

La entrevista en RTVE parece más un síntoma que una solución. Zapatero quiso presentarse como un hombre atacado por una investigación desproporcionada, víctima de un juicio paralelo y de una supuesta vulneración de sus derechos. Pero el problema es que el tiempo político no se detiene en la queja. Cada nuevo movimiento judicial estrecha el margen para sostener que todo es una construcción externa. El juez no solo no ha frenado la causa; la ha reforzado. Y el hecho de que los directivos de Plus Ultra se sumen a la colaboración con la Justicia agrava todavía más su posición porque rompe el aislamiento en el que Zapatero intentaba situar el caso.

La imagen política que emerge es clara: la defensa del expresidente se va quedando sin suelo. No logró convertir la entrevista en RTVE en una explanada de credibilidad, no consiguió anular la causa por la vía procesal y ahora afronta una fase de la instrucción en la que otros investigados empiezan a hablar. En ese contexto, la estrategia de negar la mayor puede mantenerse un tiempo, pero ya no tiene la fuerza suficiente para impedir que la investigación siga avanzando hacia el corazón del caso: el vínculo entre el rescate de Plus Ultra, los pagos al entorno del expresidente y el posible uso de su influencia para obtener ventajas económicas.

La gran incógnita ya no es solo qué sabrá demostrar Zapatero, sino cuánto más podrán aportar quienes hasta ahora habían permanecido a su sombra. Y esa es precisamente la mala noticia para él: cuando una defensa depende de que nadie más hable, la aparición de nuevos colaboradores judiciales suele ser el principio del fin de la narrativa. Calama ha decidido que el caso no se cierra; Plus Ultra se prepara para nuevas comparecencias; y la entrevista de RTVE queda como un episodio insuficiente, casi un ensayo de defensa que no consiguió frenar la pendiente. Zapatero, de momento, sigue negando. Pero la causa, a diferencia de su relato, sigue caminando.