Reconciliación, el libro de desmemorias del rey emérito, llega a las librerías de nuestro país. Y los españoles comprueban con estupor que las reflexiones que se encuentran en el ensayo son aún más escandalosas que las entrevistas concedidas a la prensa francesa. Juan Carlos I arremete contra la ley de memoria histórica que, según él, protege y ampara a las víctimas de un bando (el republicano), obviando a las otras (las del bando nacional). Tal como dice Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, “estamos ante un rey franquista”.
Para empezar, el monarca olvida que la ley de memoria está pensada para resarcir a las víctimas de los cuarenta años de dictadura, es decir, a los derrotados que fueron represaliados. El texto pretendía “cerrar una deuda de la democracia española con su pasado”. Pero, además, en segundo lugar, que el emérito se posicione contra una ley emanada del Parlamento, sede de la soberanía nacional, rompe, de todas todas, con el principio de neutralidad que debe inspirar a la monarquía española. El rey está para sancionar una ley, para plasmar su firma en el documento, y nada más. Opinar, reflexionar, criticar y arremeter contra una legislación va claramente en contra de las funciones que le atribuye la Constitución. Es decir, con este libro, el emérito se sitúa claramente en el terreno de la inconstitucionalidad.
Juan Carlos I fue designado sucesor por Franco. Durante todos estos años, ha tratado de mantener una pulcra apariencia de rey demócrata, pero ahora se ve que llevaba un simpatizante del franquismo dentro de sí. En sus memorias, no solo reconoce el papel del dictador, sino que lo considera poco menos que un segundo padre para él. Pero da un paso más. Toma partido político como detractor de la ley de memoria democrática. Y lo hace blanqueando al bando golpista: “Hoy se recuerdan más las muertes de un bando que de otro”.
El rey habla del momento en el que asumió “el peso de la Corona” en 1975, año de la muerte del general. Destaca que uno de sus principales objetivos era “hacer a España un país unido”. Y añade: “Superar los demonios de nuestro pasado, de una Guerra Civil que fue muy cruenta en ambos bandos”. En el libro, Juan Carlos I reivindica su papel en la Transición española y asegura que la Corona “reposa enteramente” en él como garante de la democracia, todo un dardo envenenado hacia su hijo, Felipe VI. También incluye aspectos polémicos: menciona errores personales y tensiones familiares. Juan Carlos escribe que el pasado “nos persigue” y ve el actual ambiente político “extremadamente polarizado”, con “los recurrentes y perniciosos ataques a la Corona y las leyes de memoria que suceden, reavivando viejas heridas”. En ese sentido, copia íntegramente el discurso revisionista y negacionista de Vox, que niega la propia existencia del golpe de Estado del 36 y habla de una reacción legítima del Ejército ante la inminencia de la revolución anarquista y comunista en nuestro país.
Juan Carlos fue nombrado sucesor en 1969 por el dictador, lo que lo vinculó directamente al régimen. Fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de ese año. Hasta hoy, la corriente de opinión general, abonada por las élites políticas y los medios de comunicación, era que su reinado sería recordado por impulsar la Constitución de 1978 y consolidar la democracia y la monarquía parlamentaria, alejándose de los principios franquistas. Sin embargo, él mismo está confesando en su libro que ese rol que le asignaron los “juancarlistas” no ha coincidido precisamente con lo que llevaba por dentro el monarca, con sus pensamientos más íntimos, con su ideología política.
En Reconciliación, afirma que Franco le mostró simpatía “casi paternal” y le dedica palabras de respeto, lo que ha generado críticas políticas y sociales. Las organizaciones en defensa de la memoria histórica ya han reaccionado contra el libro, poniendo el grito en el cielo ante los párrafos de Reconciliación. El poeta y tertuliano Benjamín Prado asegura que la versión del rey emérito sobre su papel en la Transición y los eventos posteriores, como la Guerra Civil española, está sesgada o es cuestionable. Claro que la ley de memoria recupera la dignidad de los vencidos, faltaría más. Los vencedores ya fueron resarcidos moralmente a lo largo de cuarenta años de tiranía franquista. El gran error del emérito es no querer ver la realidad de la historia.