Durante años, el debate sobre los interinos en España ha girado en torno a cifras, procesos de estabilización y controversias jurídicas. Sin embargo, bajo esa discusión técnica late una realidad menos visible y mucho más profunda: el abuso de temporalidad en España está deteriorando gravemente la salud mental de cientos de miles de interinos que sostienen servicios públicos esenciales del Estado. Lo que a menudo se presenta como un problema administrativo también es, en realidad, un fenómeno con implicaciones sociales y médicas de gran alcance.
La temporalidad en el empleo público español dejó hace tiempo de ser una solución coyuntural para cubrir vacantes puntuales. En casi todos los ámbitos se ha convertido en un sistema estructural. Profesionales altamente cualificados encadenan contratos durante diez, quince o incluso veinte años, ocupando plazas que no son transitorias, sino permanentes. Esta situación configura un evidente abuso de temporalidad en el empleo público, una anomalía que coloca a miles de trabajadores en una provisionalidad indefinida.
Desde la perspectiva psicológica, la inseguridad laboral prolongada no es inocua. La medicina del trabajo y la psiquiatría llevan décadas señalando que la incertidumbre crónica actúa como un estresor sostenido. El cuerpo humano está preparado para responder a amenazas puntuales, no para permanecer en estado de alerta constante durante años. Cuando la continuidad laboral depende de convocatorias inciertas, bolsas de empleo, cambios normativos o decisiones administrativas imprevisibles, el organismo activa mecanismos fisiológicos de estrés que, con el tiempo, se vuelven perjudiciales.
La salud mental de los interinos españoles se ve especialmente afectada por esta incertidumbre estructural. No se trata únicamente del temor a perder el empleo, sino de la imposibilidad de planificar la vida. Decidir dónde residir, cuándo formar una familia o si asumir una hipoteca se convierte en una ecuación explosiva. La falta de control percibido es uno de los factores más estrechamente vinculados a la ansiedad y la depresión. Cuando la provisionalidad se prolonga durante años, deja de vivirse como una etapa transitoria y pasa a formar parte de la identidad profesional.
En las consultas de atención primaria y salud mental es cada vez más frecuente encontrar cuadros de ansiedad reactiva vinculados a procesos selectivos, oposiciones inciertas o desplazamientos forzosos. El estrés sostenido altera los ciclos de sueño, incrementa la irritabilidad y favorece la aparición de síntomas somáticos como cefaleas persistentes o problemas digestivos. A nivel neurobiológico, la activación prolongada del sistema de respuesta al estrés eleva los niveles de cortisol y puede contribuir a trastornos depresivos y de ansiedad generalizada.
El fenómeno adquiere una dimensión especialmente paradójica en sectores vocacionales como la educación y la sanidad. Muchos interinos desempeñan funciones de alta responsabilidad social mientras viven con la sensación de ser prescindibles. Esta disonancia entre compromiso profesional y fragilidad contractual resulta psicológicamente corrosiva. El síndrome del trabajador quemado (burnout) en empleados públicos temporales no surge únicamente de la carga de trabajo, sino también de la percepción de desprotección institucional.
A medida que la temporalidad se cronifica, el riesgo ya no es solo la ansiedad puntual, sino la consolidación de patrones de malestar persistentes. Según distintos estudios psiquiátricos, la provisionalidad permanente puede debilitar la autoestima profesional y generar un sentimiento de estancamiento vital. En algunos casos, la angustia inicial evoluciona hacia cuadros depresivos más complejos. La normalización del sufrimiento, la idea de que “es lo que hay”, actúa como mecanismo de adaptación, pero también invisibiliza el daño acumulado.
Las consecuencias trascienden el plano individual. La precariedad prolongada influye en decisiones demográficas y económicas, retrasa proyectos familiares y dificulta la estabilidad financiera. El impacto emocional se filtra en las relaciones personales y en el entorno familiar. Desde una perspectiva sociológica, la precariedad laboral prolongada en el sector público contribuye a una sensación colectiva de vulnerabilidad entre profesionales que, paradójicamente, forman parte del núcleo del Estado del bienestar.
El debate sobre la temporalidad suele abordarse en términos legales o presupuestarios, pero raramente se analiza como un determinante social de la salud. Sin embargo, la evidencia científica es clara al señalar que el empleo estable actúa como factor protector frente a trastornos mentales, mientras que la inseguridad laboral sostenida incrementa el riesgo de ansiedad, depresión y consumo de psicofármacos. Cuando miles de trabajadores viven durante años bajo presión estructural, el coste no desaparece: se traslada al sistema sanitario en forma de bajas laborales, consultas psicológicas y tratamientos prolongados.
La estabilidad laboral no elimina las exigencias propias de cualquier profesión, pero reduce la incertidumbre existencial que alimenta el estrés crónico. Desde una óptica de salud pública, abordar el abuso de temporalidad no es únicamente una cuestión de equidad administrativa, sino una intervención preventiva en bienestar psicológico colectivo.
La temporalidad permanente tiene un coste invisible que están pagando los interinos con su salud. No aparece en los presupuestos ni en los boletines oficiales, pero se manifiesta en insomnios, crisis de ansiedad y proyectos de vida aplazados indefinidamente. Si el Estado aspira a sostener servicios públicos sólidos y de calidad, deberá reconocer que la temporalidad abusiva en España no solo afecta a la estabilidad laboral de los interinos, sino también a su equilibrio emocional. Y el desgaste mental acumulado, a diferencia de un contrato temporal, no se renueva cada curso: se arrastra.