La convocatoria de una huelga general en plena precampaña electoral ha generado polémica, sobre todo porque llevaba sin convocarse un paro total desde el año 2012. Desde la derecha y los ultras se ha acusado de que se trata de una huelga política para beneficiar los intereses políticos de Pedro Sánchez. Desde la patronal, más o menos lo mismo. Sin embargo, desde el Gobierno y los partidos de la izquierda se ha afirmado sin ningún tipo de rubor que es una huelga contra la oposición, contra los gobiernos del PP y Vox en las comunidades autónomas.
La realidad es que, en principio, la huelga general es una reivindicación de las personas que se han manifestado o concentrado por el derecho a la vivienda. Sin embargo, la defensa de ese derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución no es una causa para convocar un paro total, según se indica en la legislación vigente. Esa es la razón por la que los sindicatos mayoritarios incluyeron la coletilla "por los salarios".
Durante estas últimas semanas, el relato oficial diseñado meticulosamente por los departamentos de la comunicación pública intentó encuadrar la creciente marejada social en un perímetro muy concreto. Se buscaba presentar el conflicto como una contienda unilateral y maniquea: de un lado, los ciudadanos exprimidos; del otro, la voracidad insaciable de los grandes tenedores de inmuebles, los fondos de inversión internacionales y la insumisión regulatoria de las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Era una narrativa cómoda para el poder. Un marco que permitía al Ejecutivo proyectarse como un aliado impotente ante el bloqueo de terceros.
No obstante, el hecho de incluir la reivindicación salarial provoca que la huelga también se dirija hacia el propio Gobierno de Pedro Sánchez, porque la situación del mercado laboral que es causa directa de los bajos salarios que se pagan y que impiden o condicionan el acceso a la vivienda es responsabilidad del actual Ejecutivo.
El empleo que no saca de la pobreza
Los datos oficiales son incuestionables. El Gobierno no cesa de presumir en cada comparecencia pública de haber superado la barrera récord de los 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y de haber situado la tasa de desempleo general por debajo del diez por ciento, una marca inédita en los últimos quince años. Sin embargo, cuando se rasca la superficie de esos titulares triunfales y se desciende a las tripas de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la foto fija resulta infinitamente más sombría.
España mantiene una tasa de desempleo que roza el diez por ciento, una cifra que, aunque supone un avance relativo en el histórico nacional, sigue situando al país a la cabeza del paro en la Unión Europea y duplicando holgadamente la media comunitaria. Pero la verdadera y más trágica paradoja contemporánea no radica únicamente en quienes buscan un puesto de trabajo y chocan contra un muro de desempleo estructural. La herida más profunda de la sociedad española la encarna la abultada bolsa de ciudadanos que, aun teniendo un contrato firmado y una nómina mensual, son oficialmente pobres.
Parcialidad involuntaria
La radiografía detallada del INE confirma que la parcialidad involuntaria y la volatilidad de los ingresos continúan siendo el gran lastre del tejido productivo. Cerca de 2,8 millones de asalariados y ocupados trabajan hoy en día a jornada parcial en España. La tragedia detrás del dato es que más del cincuenta por ciento de esas personas declaran a los encuestadores que trabajan a tiempo parcial simplemente porque no han sido capaces de encontrar un empleo a jornada completa.
No es una elección personal para conciliar la vida familiar o continuar con estudios superiores; es una imposición tajante del mercado de trabajo.
Esta brecha de horas tiene además un sesgo de género incontestable. Aproximadamente el 73% de los ocupados a tiempo parcial son mujeres, lo que consolida una brecha salarial indirecta al recortar sistemáticamente el número bruto de horas remuneradas al cabo del mes. Esos contratos amputados se traducen en nóminas raquíticas que ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional en términos brutos reales.
Un cheque mensual de seiscientos o setecientos euros no permite sostener un proyecto de vida autónomo en ninguna capital de provincia española, convirtiendo el empleo en un mero espejismo de integración social.
Récord del pluriempleo
Es cierto que la tasa de temporalidad en el sector privado experimentó un descenso notable en los papeles, situándose en el entorno del doce o trece por ciento mediante el trasvase masivo de trabajadores hacia la figura del contrato indefinido ordinario o del fijo discontinuo.
De hecho, los asalariados con contrato indefinido superan hoy los 16,6 millones de personas en España, marcando un máximo histórico sin precedentes. Sin embargo, la realidad material del trabajador no ha cambiado al mismo ritmo que la terminología jurídica de sus contratos.
La rotación contractual e inestabilidad laboral se han mantenido vivas a través de otros mecanismos más sutiles. La Tesorería General de la Seguridad Social y la propia EPA registran un aumento significativo de la mortalidad de las relaciones laborales mediante dos vías principales: la rescisión recurrente de contratos indefinidos durante el periodo de prueba y la inactividad periódica que sufren los trabajadores fijos discontinuos.
Un trabajador puede figurar formalmente como "empleado indefinido" en los registros del Ministerio, pero si su contrato se interrumpe tres o cuatro veces al año o si sus ingresos se congelan durante meses de inactividad, su vulnerabilidad económica ante, por ejemplo, un arrendador es exactamente la misma que la de un antiguo contratado temporal.
Esta insatisfacción salarial y la pérdida galopante de poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada han traído consigo un fenómeno social alarmante: la explosión del pluriempleo de subsistencia en España. Por primera vez desde que se elaboran registros estadísticos homogéneos, el número de personas que declaran tener dos o más empleos simultáneos ha superado la barrera de las 600.000 personas.
Los microdatos de la encuesta estatal revelan un cambio de patrón escalofriante. Quien busca hoy un segundo o un tercer trabajo en el sector servicios, la hostelería o el reparto a domicilio ya no lo hace para financiar un proyecto empresarial, acumular ahorros o escalar profesionalmente en su sector. Lo hace por pura supervivencia doméstica. Son trabajadores golpeados por la parcialidad que necesitan sumar las horas de dos empleos precarios para conseguir el volumen de ingresos que un solo trabajo debería garantizarles en un país desarrollado.
Brecha generacional
Si la precariedad laboral es el suelo sobre el que se levanta el malestar social, la brecha de edad es el factor que multiplica la indignación. Los datos de la EPA demuestran que la fecha de nacimiento que figura en el documento nacional de identidad continúa siendo el principal elemento de discriminación en el mercado de trabajo español.
Mientras el desempleo entre los adultos de treinta a cincuenta y cuatro años se estabiliza en un moderado 8,6 por ciento, la tasa de paro juvenil en España entre los menores de veinticinco años se sitúa en un escandaloso 25,5 por ciento, encabezando las clasificaciones de desempleo de toda la Unión Europea y duplicando con holgura la media de la Eurozona.
Incluso en el tramo de veinticinco a veintinueve años, cuando se supone que el joven ha completado su formación e inicia su consolidación laboral, la tasa de desempleo supera el 12,8 por ciento, situándose tres puntos por encima del promedio nacional. Pero el problema no termina en la falta de vacantes. Aquellos jóvenes que logran cruzar la puerta de una empresa lo hacen atrapados en un entorno de inestabilidad absoluta: la tasa de temporalidad entre los menores de veinticinco años roza el 43 por ciento.
Cuando esta realidad laboral golpea contra las exigencias del mercado inmobiliario, el impacto es devastador. En la vida real de los barrios obreros de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares o Bilbao, los propietarios privados y las agencias inmobiliarias han levantado un muro insalvable. Para alquilar un piso modesto o incluso una simple habitación en una vivienda compartida, el mercado exige hoy nóminas fijas que tripliquen el precio de la renta mensual, la presentación de la vida laboral, dos o tres meses de fianza por adelantado y la firma de avales bancarios o personales.
Para un joven atrapado en la parcialidad, para un trabajador pluriempleado sin jornada completa o para un asalariado fijo discontinuo, superar esa criba burocrática resulta una quimera matemática. La consecuencia es una parálisis vital absoluta: la tasa de emancipación juvenil en España se ha hundido a niveles históricamente bajos, mientras miles de trabajadores adultos se ven obligados a destinar más del cincuenta por ciento de sus ingresos netos a pagar el alquiler de una habitación, compartiendo piso con desconocidos bien cumplidos los treinta o cuarenta años.
El 11N como enmienda a la totalidad
La calle ha entendido una verdad incómoda que los despachos ministeriales pretendían ignorar: no puede existir un derecho efectivo a la vivienda digna mientras la estructura laboral del país siga cimentada sobre salarios de miseria y contratos volátiles. Exigir sueldos justos y estabilidad laboral el próximo 11 de noviembre no es un capricho corporativo ni un añadido sectorial; es la única tabla de salvación disponible para hacer frente a un mercado de arrendamiento desbocado.
Al poner sobre la mesa la precariedad de las nóminas, el paro general señala directamente las insuficiencias de las políticas laborales del Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta no dará tregua a las administraciones territoriales de la oposición por su insumisión ante la Ley de Vivienda o por su falta de promoción pública, pero coloca al Ejecutivo de coalición en una posición de extrema vulnerabilidad moral. Obliga a sus ministros a mirarse en el espejo de sus propias contradicciones y a responder por qué sus proclamados récords de afiliación no se traducen en tranquilidad financiera para las familias trabajadoras.
A medida que se aproxima la fecha de la movilización, la presión sobre los ministerios económicos se vuelve insostenible. Si las reformas del mercado de trabajo no van acompañadas de un incremento real y sustancial de las rentas salariales, de una persecución eficaz de la parcialidad abusiva y de un freno drástico a la especulación inmobiliaria, la brecha entre el relato oficial y la experiencia de la calle seguirá ensanchándose.
El 11 de noviembre no será una simple jornada de protesta contra los caseros; será el clamor de una clase trabajadora decidida a romper las cadenas de la precariedad para recuperar, de una vez por todas, las riendas y la dignidad de su vida cotidiana.
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