En el mes de agosto, en pleno verano y con las plantillas de los juzgados de vacaciones, se supo que el Consejo General del Poder Judicial abría expediente informativo sobre las supuestas irregularidades del juez Peinado en el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde entonces, y va ya para dos meses, nada más se supo. Es como si nadie en el CGPJ quisiera hacerse cargo de una tarea, la de fiscalizar si la labor del instructor se ajustó escrupulosamente a derecho, que quema como una patata caliente entre las manos.
El juez Peinado se ha convertido en un asunto incómodo para el Poder Judicial. Hace dos años, cuando se abrieron diligencias contra la primera dama por tráfico de influencias, sus señorías veían con buenos ojos la investigación e incluso se animaba y se aplaudía la instrucción. Todo ciudadano, también la mujer del jefe de Gobierno, tiene que ajustarse a la ley y a los tribunales ordinarios de Justicia, decían los más altos cargos de la cúpula jurisdiccional. Hoy, cuando el juez Peinado se encuentra al final de la causa con pruebas más bien endebles sobre la comisión de los delitos perseguidos, con ecos de irregularidades en el procedimiento, con la sombra de la politización planeando sobre el caso y en medio de una monumental polémica política y mediática como nunca antes se había visto en democracia, nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato.
Por si fuera poco, el anuncio del juez Peinado de que piensa querellarse contra políticos y periodistas críticos con sus actuaciones y decisiones, no ayuda a los encargados de investigar al magistrado en el CGPJ. En las últimas horas, el juez ha presentado demandas contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle “prevaricador”. Otros como el periodista Ernesto Ekaizer, el tertuliano Antón Losada y Pablo Iglesias, además de Fernando Jabonero, el activista que denunció el chalé del magistrado en la localidad de La Adrada (Ávila) por supuestas irregularidades urbanísticas, también tendrán que comparecer en el juzgado. Peinado se cree víctima de una vulneración de su derecho al honor y ha iniciado una ofensiva contra todo aquel que se atreva a criticar la instrucción del caso Begoña. La periodista Silvia Intxaurrondo resumía de esta forma dos años de estrambótica instrucción: “Le han tumbado un secreto de sumario, le han tumbado dos imputaciones, le han anulado un registro, le han limitado la investigación en tres ocasiones y le han tumbado la imputación a un ministro de España”.
En ese contexto, todas las miradas apuntan hacia un hombre: Ricardo González Conde Díez. Según El Plural, “este magistrado, convertido desde hace años en el gran inquisidor de la carrera judicial, es el responsable de decidir qué ocurre con los expedientes que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, cuyas últimas actuaciones han provocado quejas formales desde el Gobierno y el PSOE”.
“Desde septiembre de 2017, Conde ocupa el cargo de Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, una figura clave dentro de la arquitectura judicial. En la práctica, se trata del responsable de asuntos internos de la judicatura: el magistrado que recibe las quejas contra jueces, instruye los expedientes disciplinarios y propone sanciones o archivos a la Comisión Disciplinaria. Su función, recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo coloca en la delicada posición de decidir si un juez merece una amonestación, un apercibimiento, incluso una suspensión, o si por el contrario no hay base para actuar”, añade el citado medio de comunicación.
“En el caso de Peinado, Conde ya ha dado el primer paso: la apertura de diligencias informativas. Este mecanismo intermedio permite recabar documentación, escuchar alegaciones del afectado y decidir si procede incoar un expediente disciplinario. Es decir, será él quien ponga el sello final al futuro inmediato del magistrado madrileño”.
En el juzgado de Peinado han ido pasando demasiadas “cosas raras” en los últimos tiempos. Como el archivo de la causa sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, un procedimiento en el que investigaba un posible sobrecoste en contratos. El asunto caducó porque el juez dejó expirar los plazos legales sin solicitar la prórroga, lo que llevó al carpetazo automático del caso. Al final, la decisión favoreció al Ayuntamiento de Madrid dirigido por el popular José Luis Martínez-Almeida. También tendrá que investigar el CGPJ el interrogatorio al que Peinado sometió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se ha quejado del tono humillante y las preguntas capciosas del juez durante el interrogatorio que tuvo lugar en Moncloa para determinar si se contrató a una asesora para llevarle la agenda privada a la esposa del presidente del Gobierno. Ese es el eje principal sobre el que se asientan las acusaciones de Peinado, por malversación de caudales públicos, contra la primera dama, a la que pretende sentar ante un jurado popular.
Según El Plural, Ricardo González Conde Díez es un hombre próximo al Partido Popular. Ingresó en la judicatura en 1990, con destino inicial en Juzgados de Extremadura, Cataluña y Madrid. “Sin embargo, su perfil despegó con los gobiernos del PP de José María Aznar, cuando pasó a ejercer funciones en el Ministerio de Justicia y fue asesor directo de Carlos Lesmes, entonces alto cargo del departamento”. “Ya en la etapa de Mariano Rajoy, su nombre volvió a sonar en posiciones clave. En 2015, Lesmes trató de incorporarlo como secretario general del CGPJ, aunque el ministro de Justicia Rafael Catalá se opuso a perder a uno de sus altos funcionarios de confianza. No era un detalle menor: Conde ejercía en aquel momento como director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un cargo que había asumido en 2012 bajo el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y que mantuvo después con Catalá hasta 2016”, añade el citado medio, que recuerda que “ese puesto lo situó en la sala de máquinas de las políticas judiciales del PP, en contacto directo con las asociaciones profesionales y con capacidad de interlocución con jueces y fiscales. Tras dejar el ministerio en 2016, su siguiente destino fue el CGPJ, donde la mayoría conservadora impulsó su elección como promotor disciplinario”. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora mayoritaria que se ha movilizado en protestas y manifestaciones contra las reformas y las políticas de Sánchez y Bolaños, parece el hombre perfecto para enjuiciar el trabajo de Peinado.