El camino legal que el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha delineado para que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se siente en un banquillo de los acusados frente a un tribunal del jurado no será precisamente el que el mediático juez ha previsto inicialmente, ya que existen no pocas posibilidades jurídicas para que los nueve ciudadanos elegidos para componer un Tribunal del Jurado se queden con las ganas de estar cara a cara con la esposa de Pedro Sánchez en un juzgado. Expertos jurídicos consideran que aún queda mucho partido por delante antes de ver a Gómez en esta situación, que según los dirigentes del Partido Popular evitaría cualquier atisbo de duda sobre un posible caso de “lawfare” o injerencia de la justicia en la política.
El primer paso que la defensa de Gómez puede dar cuando comparezca ante Peinado este sábado en los juzgado de Plaza de Castilla es considerar que los hechos investigados, por el que el instructor pide que sea un jurado el que finalmente enjuicie la causa, no son constitutivos de un delito de malversación, incluso dándose la posibilidad de que fueran ciertos. Entonces, directamente se decide que no debe ser el jurado el que asuma la causa.
Mientras la cúpula del PP aplaude a Peinado por su decisión, expertos jurídicos consideran que aún queda mucho partido por delante antes de ver a Gómez frente a un jurado
Si Peinado insiste en considerar que los hechos investigados sí se pueden considerar dentro de los parámetros de la malversación de caudales públicos, deberá refrendarlo, motivadamente, cuando corresponda en su momento en un nuevo auto, el de apertura de juicio oral, que no sería recurrible ante la Audiencia Provincial, según explica el magistrado Miguel Pasquau Liaño, miembro de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Es precisamente en este momento hipotético cuando podría intervenir la defensa de la esposa del presidente del Gobierno para plantear “cuestiones previas” ante el magistrado que sea designado en su momento para presidir el Tribunal del Jurado. Sería entonces cuando pueda defender que los hechos objeto de acusación no pueden ser calificados jurídicamente como malversación, y por lo tanto Peinado vería frustrada su estrategia de sentar a Gómez ante los nueve ciudadanos elegidos para enjuiciarla.
Además, este miembro del alto tribunal andaluz explica en la red social X que “la decisión que tome el magistrado podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Todos estos vericuetos jurídicos pueden ser utilizado por la defensa de Gomez antes “de que el balón empiece a rodar, es decir, antes del juicio”. Pasquau añade que “por fortuna, el sistema parte de la premisa de que un juez puede equivocarse, e incluye garantías para que las partes hagan valer la discrepancia”.