La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa, según informa Efe. La decisión del Ministerio Público de solicitar nuevamente el archivo del sumario tiene un impacto significativo tanto en el plano judicial como en el político. En el ámbito jurídico, la Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito en las actuaciones investigadas, que incluían acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Esta postura no es nueva: desde el inicio del procedimiento, la Fiscalía ha cuestionado la solidez de la investigación y ha recurrido varias decisiones del juez instructor.
El recurso presentado ante la Audiencia Provincial busca el sobreseimiento libre, lo que implicaría cerrar definitivamente la causa al considerar que los hechos no constituyen infracción penal. Subsidiariamente, plantea un sobreseimiento provisional si la Audiencia estimara que no hay base suficiente para continuar. Esta insistencia refuerza la idea de que, para la Fiscalía, el caso carece de fundamento jurídico sólido.
En el plano político, la petición de archivo añade presión sobre las acusaciones populares (formadas por grupos ultraderechistas), que han impulsado buena parte del procedimiento. También alimenta el debate público sobre la judicialización de la vida política y el uso de los tribunales en confrontaciones partidistas. Para el Gobierno, la postura de la Fiscalía puede interpretarse como un respaldo institucional frente a lo que consideran un proceso injustificado. Para la oposición, en cambio, no elimina las dudas sobre la actuación de Gómez, aunque sí complica la narrativa de un caso con recorrido judicial. En conjunto, la solicitud de archivo marca un punto de inflexión: si la Audiencia Provincial la acepta, el caso quedará cerrado; si no, se abriría un escenario de mayor tensión política y mediática
Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.
El fiscal pide que se acuerde “respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal”. Subsidiariamente, como segunda opción, solicita el sobreseimiento provisional “al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa”. Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.
Además, la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales “absolutorias”.
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral (con un jurado popular) y presenten sus escritos de conclusiones.