La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez en calidad de testigo y no de investigada en el marco del caso abierto por el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. De esta manera, la condición judicial de la esposa del presidente del Gobierno es diferente a la que tiene en la Justicia española, donde figura como imputada.
El objeto de la comparecencia tiene que ver con los contratos por el máster para la Universidad Complutense de Madrid. “El magistrado, no exento de polémica, sospecha que a cambio de que Juan Carlos Barrabés le echara una mano para sacar adelante la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente del Gobierno dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) , el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo escritas por ella que podrían haber servido para llevarse contratos”, según informa El Plural.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la UE encargado de investigar y perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, como fraude con fondos europeos; corrupción que afecte a dinero europeo; malversación de fondos comunitarios; e irregularidades graves en contratos financiados por la UE.
Los fiscales europeos se centran en dos expedientes de la empresa pública Red.es: el de Formación empleo juvenil para la economía digital en el que la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por valor cercano a los 5 millones de euros, sin incluir el IVA: y el de Servicio de formación para personas desempleadas, del que se le concedió uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros en las mismas condiciones, añade el citado medio digital.
Según El Plural, “anteriormente, por el mismo punto del caso, la Fiscalía europea había citado como testigos a otras personas que habían firmado cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las que había rubricado Gómez. Asimismo, en septiembre de 2025 recibió un amplio informe de la Intervención General del Estado (IGAE) acerca de los expedientes que se habían financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo”.
“El órgano fiscalizador extrajo en sus conclusiones que el hecho de que hubiera ofertas que incluían una carta de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores se corresponde con una decisión arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorados”, lo cual constituía una “actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y terminó beneficiando “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación”. Aquí incluía a la UTE Innova Next-The Valley Digital Business School”. Antes de la pericial, Barrabés había pedido una ampliación entendiendo que debía analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE, sino también a otros, pero el IGAE dejó para más adelante el asunto.