Alberto Núñez Feijóo se ve presidente del Gobierno con el apoyo de Vox. Sin embargo, Abascal le ha puesto encima de la mesa una exigencia a todo o nada: cambios legales para demoler las conquistas sociales de las últimas décadas. Y el gallego está dispuesto a aceptar las exigencias de una formación ultraderechista que cuestiona pilares esenciales del orden constitucional. Para algunos analistas, el escenario que se dibuja es inquietante: la presión de Vox para imponer su agenda de “prioridad nacional” y su reinterpretación restrictiva de derechos fundamentales podría empujar al Partido Popular a aceptar reformas legales que, sin duda, erosionarían el Estado de derecho.
El punto de fricción más evidente es la llamada “prioridad nacional”, un concepto que Vox presenta como una defensa de los ciudadanos españoles frente a la llegada de inmigrantes (Abascal, en su lenguaje xenófobo, habla de “invasión”), pero que en la práctica implicaría, según juristas consultados por diversos medios, introducir criterios de discriminación por origen en el acceso a servicios públicos, ayudas sociales o empleo. La dirección nacional del PP ha intentado matizar esta idea, insistiendo en que no aceptará ninguna medida que vulnere la igualdad ante la ley. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha dejado claro que su apoyo parlamentario no será gratuito y que exigirá compromisos verificables.
La tensión entre ambas formaciones se ha hecho visible en la pugna por la interpretación de la letra pequeña de los pactos autonómicos ya firmados. Mientras Génova sostiene que no hay cesiones sustantivas y que todo se enmarca en la legalidad vigente, Vox insiste en que esos acuerdos son un primer paso hacia un cambio de paradigma. La retórica de Abascal, inspirada en el principio trumpista de “los nacionales primero”, busca movilizar a su base y presionar al PP para que asuma su marco ideológico. En este contexto, la posibilidad de una investidura depende de un equilibrio delicado: Feijóo necesita los votos de Vox, pero también preservar su imagen de moderación ante sectores del electorado y ante los gobiernos autonómicos que rechazan frontalmente estas políticas.
Andalucía y Madrid son los ejemplos más claros de esa resistencia interna. Juan Manuel Moreno Bonilla y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han marcado perfil propio, distanciándose de cualquier medida que pueda interpretarse como discriminatoria. Ambos dirigentes han tratado de construir su capital político sobre la idea de una derecha moderna, pragmática y alejada de los extremismos. Nada más lejos de la realidad. Para Ayuso, por ejemplo, aceptar la “prioridad nacional” sería tanto como enemistarse con los miles de venezolanos que la tienen en un altar. Este choque de legitimidades complica aún más la posición de Feijóo, que debe conciliar la presión de Vox con la cohesión interna de su partido.
Los críticos con un eventual pacto PP‑Vox sostienen que las exigencias del partido de Abascal no son meras diferencias programáticas, sino un cuestionamiento directo de principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación o la separación de poderes. Señalan que aceptar reformas legales que introduzcan privilegios por origen o que limiten derechos fundamentales abriría la puerta a un deterioro institucional difícil de revertir. Desde esta perspectiva, la hipotética investidura no sería simplemente un acuerdo parlamentario, sino un punto de inflexión que podría alterar el marco democrático español.
Feijóo, por su parte, intenta proyectar la imagen de un líder capaz de integrar sensibilidades diversas sin renunciar a los valores constitucionales. Su discurso público insiste en la defensa del Estado de derecho y en la necesidad de estabilidad institucional. Sin embargo, la aritmética parlamentaria es implacable: sin Vox, no hay mayoría posible, Moncloa queda lejos. Y Vox no parece dispuesto a conformarse con un apoyo simbólico. La pregunta que sobrevuela el debate es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para asegurar la hipotética investidura.
En este escenario, algunos observadores advierten de un riesgo adicional: la normalización de discursos que erosionan la confianza en las instituciones democráticas. La insistencia de Vox en presentar al Estado como un ente capturado por intereses ajenos a “los españoles de bien” alimenta una narrativa polarizadora que, según algunos analistas, puede tener efectos duraderos en la cultura política. Si el PP asumiera parte de ese marco conceptual para facilitar la investidura, podría contribuir involuntariamente a debilitar la legitimidad del propio sistema que aspira a gobernar.
La negociación entre PP y Vox se ha convertido así en un termómetro del momento político español. No se trata solo de un acuerdo de investidura, sino de una disputa sobre los límites del pacto democrático. Para quienes alertan de un posible retroceso institucional, la clave está en si Feijóo mantendrá su compromiso con el Estado de derecho o si, por el contrario, aceptará reformas que, en su opinión, lo pondrían en riesgo. La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro inmediato del liderazgo del PP, sino también el rumbo político del país.