Los pactos firmados entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, y los que vienen en Aragón, Castilla y León y varias comunidades autónomas, han situado a ambos partidos en una posición de fricción con la legalidad internacional. Las medidas acordadas en materias como inmigración, igualdad, violencia de género o memoria democrática han sido señaladas por juristas y entidades internacionales como incompatibles con tratados y convenios suscritos por España, lo que ha generado un intenso debate sobre el alcance real de estos compromisos y su encaje jurídico. De entrada, chocan con las directivas actuales de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
A este respecto, el magistrado Joaquim Bosch ha cuestionado con contundencia el contenido del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, que plantea introducir una “prioridad nacional” para favorecer a los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y servicios sociales. Lo hizo durante su intervención en el programa Malas Lenguas, conducido por Jesús Cintora, donde advirtió de que varias de estas propuestas no encajan en el marco legal vigente.
El pacto, que ha permitido la investidura de María Guardiola, incluye la intención de reformar la legislación de extranjería para limitar el acceso de personas extranjeras a recursos públicos. Sin embargo, Bosch ha sido claro al analizar su viabilidad jurídica. “Sí, efectivamente. No solo son puntos contrarios a la legislación española, sino incluso a tratados internacionales en materia de protección de menores”, aseguró.
En el ámbito de la inmigración, varios acuerdos autonómicos incluyen propuestas para endurecer la atención a personas migrantes, limitar programas de acogida o condicionar la cooperación con oenegés. Diversos expertos en derecho internacional recuerdan que España está vinculada por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de los Derechos del Niño y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Informes de organizaciones como ACNUR y el Consejo de Europa han advertido en los últimos años de que cualquier retroceso en la protección de solicitantes de asilo o menores migrantes vulneraría obligaciones internacionales que no pueden ser modificadas por acuerdos autonómicos. Según estos análisis, algunas de las medidas pactadas podrían entrar en conflicto con el principio de no devolución o con el derecho a la tutela y protección de menores no acompañados. Y la consecuencia puede ser nefasta para España: una sanción de Bruselas.
En materia de igualdad y violencia de género, los pactos han introducido conceptos como la “violencia intrafamiliar” en sustitución de la violencia de género, una terminología que, según juristas especializados, contradice el marco normativo internacional. El Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) establece de forma explícita la obligación de los Estados de reconocer la violencia contra las mujeres como una manifestación de discriminación estructural y de adoptar políticas específicas para combatirla. Diversos informes del propio Consejo de Europa han señalado que sustituir ese enfoque por uno neutro diluye la protección exigida por el convenio y podría interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones asumidas. Organizaciones feministas y expertos en políticas públicas han advertido de que esta reinterpretación supone un retroceso que coloca a las administraciones firmantes en una posición de choque con estándares internacionales consolidados.
Otro de los puntos más controvertidos es el relativo a la memoria democrática. Algunos acuerdos incluyen la derogación o vaciamiento de leyes autonómicas de memoria, así como la paralización de exhumaciones o la retirada de programas educativos sobre la dictadura franquista. Diversos organismos internacionales, como la ONU a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, han insistido en repetidas ocasiones en que España tiene la obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. Estos organismos han señalado que la inacción o el retroceso en políticas de memoria vulnera compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Según estos expertos, las medidas pactadas en algunas comunidades podrían situar a las instituciones autonómicas en contradicción con recomendaciones reiteradas por Naciones Unidas.
El debate también se ha extendido al terreno de la no discriminación, donde algunas propuestas para revisar políticas LGTBI han sido interpretadas por asociaciones y observatorios internacionales como un riesgo para el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de diversas directivas antidiscriminación. Informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han subrayado que los Estados miembros deben garantizar políticas activas de protección y no pueden adoptar medidas que reduzcan los niveles de seguridad jurídica para colectivos vulnerables.
En conjunto, diversos sectores sostienen que los pactos entre PP y Vox han generado un escenario en el que determinadas administraciones autonómicas podrían situarse en tensión con el marco jurídico internacional que España está obligada a respetar. Aunque los acuerdos no modifican la legislación estatal ni los tratados ratificados, sí pueden traducirse en políticas públicas que contradigan estándares internacionales. Para los expertos que sostienen esta tesis, el riesgo no es solo jurídico, sino también reputacional: España podría ser objeto de nuevas advertencias o evaluaciones negativas por parte de organismos internacionales si estas medidas se consolidan.