La pinza de la derecha española y catalana para tumbar el decreto ómnibus del Gobierno (en el que figuraba una revalorización de las pensiones) sigue sacudiendo el mapa político. Los populares se aferran a que Sánchez les ha puesto delante de un trágala, ya que junto a las pensiones, en el mismo saco, iban otras medidas como la prórroga del escudo social, que contempla la prohibición de desahucios indiscriminados. El PP ha entendido que el Gobierno estaba protegiendo a los okupas y se ha aliado con los ultras e independentistas para decir no.
Más allá de la limpieza de la jugada estratégica de Sánchez al tratar de acumular temas en un solo decreto para que Feijóo, Abascal y Puigdemont se retraten como gentes malvadas que hacen la vida imposible a los pobres jubilados y clases sociales que peor lo pasan durante la crisis, es evidente que PP, Vox y Junts no salen bien parados de esta secuencia. Y el que peor sale es, sin duda, Feijóo, que vuelve a alimentar un problema ficticio como es la ocupación. Ese problema no existe en España, solo existe en la cabeza de Abascal empeñado en generar realidades paralelas como identificar al presidente del Gobierno como un amigo de los okupas. La okupación está muy lejos de ser un fenómeno masivo. Baste un ejemplo, las oficinas antiocupación de Castilla y León, creadas por PP y Vox, no pasan de una consulta al día. Ni siquiera son denuncias, son consultas. El propio Gobierno regional tuvo que reconocer que la ocupación no tiene “una importancia relevante”, pero defendió el servicio de atención al ciudadano.
La situación es muy similar en el resto del país. Solo en Cataluña, un territorio con una situación particular, hay un movimiento okupa fuerte y desarrollado. Pero la inmensa mayoría de las denuncias, que en todo el Estado español apenas pasan de las 16.000, tienen que ver con morosos que no pagan el alquiler. Algo que de ningún modo guarda relación con el movimiento okupa, ese enemigo al que la derecha española quiere convertir en una especie de ejército invasor contra la propiedad privada. Lo explica muy acertadamente el periodista Ignacio Escolar: “El PP se ha empeñado en crear la sensación de que bajas a comprar el comprar y te invaden la vivienda”. Ese análisis coincide con las encuestas, que no sitúan la okupación entre las principales preocupaciones de los españoles (solo un 1,6% la menciona como problema, muy lejos de asuntos como la escasez de vivienda, economía o inmigración).
Las cifras del Ministerio del Interior y del Poder Judicial coinciden en un punto esencial: la okupación no es un fenómeno masivo ni está en aumento. De hecho, la mayoría de los casos registrados no se trata de okupaciones de viviendas particulares, sino de conflictos entre bancos, fondos y grandes tenedores. Las okupaciones de primera vivienda son residuales. El número total de casos se mantiene estable o incluso desciende en varias comunidades. La inmensa mayoría de los desalojos se resuelven en 48 horas cuando se trata de viviendas habituales.
El debate de la okupación es, por tanto, artificial, creado por PP y Vox (también por Junts en Cataluña, asfixiado por el empuje de la extrema derecha independentista de Aliança). La secuencia política de los últimos días ha dejado una imagen difícil de ignorar: mientras el Gobierno intentaba sacar adelante el decreto para revalorizar las pensiones conforme al IPC, el Partido Popular decidió tumbarlo en el Congreso y, acto seguido, exigió abrir un debate urgente sobre la “okupación”. La coincidencia temporal no es casual. Para muchos analistas, forma parte de una estrategia comunicativa que el PP ha adoptado en los últimos años: desviar el foco hacia un problema sobredimensionado y cargado de emocionalidad, aunque los datos oficiales lo desmientan.
El resultado es un escenario en el que la oposición bloquea una medida que afecta directamente a millones de pensionistas y, al mismo tiempo, coloca en el centro del debate un fenómeno que representa una fracción mínima de los delitos en España. La pregunta que surge es evidente: ¿por qué el principal partido de la oposición insiste en un relato que no se sostiene con cifras?
El decreto de revalorización de las pensiones buscaba garantizar que las prestaciones no perdieran poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. La medida beneficiaba a más de nueve millones de personas, muchas de ellas con ingresos limitados y dependientes de la actualización anual para mantener su nivel de vida. El PP decidió votar en contra, alineándose con Vox y Junts. La justificación oficial fue que el Gobierno debía “rectificar” su política económica. Sin embargo, el efecto inmediato fue claro: la oposición bloqueó una medida social clave, generando incertidumbre entre los pensionistas y abriendo un nuevo frente político.
La okupación se ha convertido en uno de los temas estrella de la derecha española. No porque sea un problema masivo (los datos oficiales muestran lo contrario) sino porque es un asunto que genera alarma, titulares y viralidad en redes sociales. El PP ha asumido este marco discursivo con fuerza. Tras tumbar el decreto de pensiones, el mensaje de la derecha es claro: mientras el Gobierno “abandona” a los ciudadanos, la oposición se presenta como garante de la seguridad y la propiedad privada. Feijóo lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a ponerse el traje de trumpista experto en propalar bulos.