El bloque económico del discurso de Ayuso combina tres ingredientes altamente inflamables: vivienda, ocupación y fiscalidad. La fórmula es perfecta para agitar emociones… y pésima para informar. Promete “más oferta y menos burocracia”, demoniza la crítica (“ideología y sectarismo”), endurece el relato sobre “condenados por ocupación” y remata con una rebaja del IRPF como si fuera un salvavidas universal. El problema es que, cuando se baja al terreno competencial y jurídico, aparecen límites que ella no explica.
Vivienda: decir “oferta” no sustituye una política completa
Ayuso insiste en el diagnóstico de “falta de oferta”. Puede ser parte del cuadro, pero no es el cuadro entero: salarios, esfuerzo de acceso, alquiler tensionado, movilidad laboral, parque público, regulación municipal, inversión especulativa, vivienda turística… La presidenta habla como si todo se arreglara agilizando licencias y liberando suelo. No explica costes, plazos ni cuellos de botella.
“Tenemos un problema evidente de oferta, y solo a través de más oferta, más libertad y menos burocracia se va a poder solucionar”.
Su anuncio de “más de 15.000 hogares asequibles” en el plan 2026-2027 suena bien, pero el periodismo responsable pregunta lo que ella esquiva: cuántas licencias, cuánta obra iniciada, cuántas entregas, qué definición de “asequible” y para qué rentas. En su respuesta, Ayuso se refugia en generalidades: “numerosos planes”, “nuevas ideas”, “más velocidad”. Eso no es transparencia: es humo.
“Okupas”: el atajo emocional
Ayuso mezcla “ocupación” y “allanamiento” y plantea restricciones. Aquí hay un punto deliberadamente confuso: en España, no es lo mismo ocupación de vivienda vacía que allanamiento de morada (entrada en vivienda habitada). Las consecuencias penales y la urgencia judicial son distintas. Cuando se habla de “okupas” sin distinguir, se busca miedo, no precisión.
“Vamos a endurecer las restricciones a los condenados por ocupación y allanamiento”.
Además, aunque Madrid puede promover medidas de vivienda pública o programas sociales, el núcleo del procedimiento penal y procesal (desalojos, plazos, tipificación) no depende de una presidenta autonómica. Puede presionar políticamente, sí; pero no puede reescribir el Código Penal desde la Puerta del Sol. Su discurso sugiere una capacidad que no tiene, y eso es engañoso.
IRPF: “bajar impuestos” como mantra, sin explicar ganadores y perdedores
Ayuso anuncia una rebaja de “medio punto” en el tramo autonómico del IRPF, que se notaría en la declaración de 2027. Es un mensaje eficaz: suena a alivio inmediato aunque sea diferido, y evita el debate central: quién se beneficia más en términos absolutos (normalmente, quien más base tiene), y qué impacto tiene en ingresos autonómicos para servicios públicos.
“Vamos a realizar una nueva bajada de medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta”.
Ella lo vende como acompañamiento a “clases medias” y “pymes”, pero no presenta:
- memoria económica completa;
- compensación de ingresos;
- impacto sobre sanidad/educación/dependencia;
- evaluación distributiva real.
Sin esos datos, la rebaja fiscal es lo que suele ser en su discurso: una identidad política, no una política pública.
El truco de “ocho de cada diez euros se van al Estado”
Ayuso insiste en que Madrid aporta mucho y que “ocho de cada diez euros” se van a la Administración General del Estado. Puede haber una discusión legítima sobre financiación autonómica, solidaridad interterritorial y capacidad fiscal. Pero lo que ella hace es convertir un sistema complejo en un eslogan para justificar cualquier cosa: desde recortes de presión fiscal hasta el victimismo permanente.
“Ocho de cada diez euros que recaudamos del trabajo de todos los madrileños se van directos a la Administración General del Estado”.
Y cuando entra en cifras de financiación “a la carta” para independentistas, lo mezcla con el agravio a Madrid y con la idea de que les “quitan” dinero “de las nóminas de empleados públicos”. Sin una exposición técnica verificable y sin separar conceptos (aportación, nivelación, fondos, liquidaciones), eso es retórica de trincheras, no explicación.
“Lo público y lo privado no se enfrentan”: una frase para esquivar responsabilidades
Ayuso defiende la colaboración público-privada en sanidad y educación con un argumento emocional (“si trabaja en lo público es bueno, si está en lo privado es malo”). Nadie serio discute así. Lo serio es medir resultados comparables, equidad, derivaciones, listas, recursos humanos, contratos y rendición de cuentas. Ella presume de “listas de espera más bajas” y “mejor sanidad”, pero no aporta metodología ni indicadores auditables en el discurso que analizamos. Es marketing.
“No entiendo por qué un profesional, además, si está en el sistema público es bueno y si está en el sistema privado es malo”. Esta frase se desmonta sola cuando luego presume de tener datos sin metodología.
En resumen: en economía y vivienda, Ayuso hace lo que mejor sabe hacer: hablar como si gobernar fuera narrar. Y, mientras narra, evita lo esencial: cifras verificables, plazos, competencias reales y evaluación.