La petición de la UCO al juez Pedraz para que pida a la Agencia Tributaria y a los bancos las cuentas del PSOE, tras el estallido del caso de la fontanera Leire Díez, está abriendo un debate político de gran calado. Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional, ve riesgos en esta instrucción. “Es cierto que el juez puede encargar informes a la Policía. Pero hay un problema, el Tribunal Constitucional dice que en una investigación que afecta a los derechos de las personas, el control judicial tiene que ser aún mayor”.
De esta manera, Urías aporta un enfoque jurídico interesante después de que la UCO se haya puesto al frente de la investigación del caso Leire, por encima del juez y de la Fiscalía. Da la sensación de que la unidad de élite de la Guardia Civil ha tomado el timón y puede hacer casi cualquier cosa, como registrar la sede del PSOE durante largas horas por un asunto de espionaje. Nada tiene que ver el caso Leire con una posible financiación ilegal. No han aparecido comisiones o mordidas, cuentas en paraísos fiscales o empresas pantalla que permitan asegurar que el PSOE se estaba financiando irregularmente como sí ocurrió con el PP en tiempos de Rajoy y la Gürtel.
Sin embargo, con la excusa de indagar en las andanzas de un personaje algo friqui como Leire Díez, la UCO está hurgando en cada cuenta y en cada libro de contabilidad del partido socialista. Hay indicios que nos pueden llevar a pensar que estamos ante otra investigación prospectiva (salir de pesca a ver si se encuentra algún delito). El Estado de derecho prohíbe este tipo de actuaciones propias de países bajo regímenes totalitarios. Una investigación prospectiva es una actuación policial o judicial que se inicia sin hechos objetivos que investigar, basada solo en conjeturas o sospechas vagas. Su lógica es “a ver si se encuentra algo”. Esto implica que no existe una notitia criminis clara; se investiga a una persona o su entorno “en general”; se buscan posibles delitos sin indicios previos.
Las fuentes jurídicas y doctrinales coinciden en que este tipo de actuaciones son incompatibles con un proceso penal garantista. Vulnera el principio de legalidad (toda investigación debe partir de un hecho presuntamente delictivo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y atenta contra la presunción de inocencia: se investiga sin indicios sólidos. Además, se invade la intimidad del investigado sin justificación (principio de especialidad) y se constituye una “causa general”.
“Se están filtrando datos económicos, en teoría no debería”, asegura el catedrático Urías. Según este experto, los registros de la UCO y se petición indiscriminada de cuentas del PSOE al juez Pedraz puede llevar a que la prensa sepa “cuánto cobra” cada militante, y “en qué ha gastado el dinero el PSOE”. “Es delicado porque afecta a la privacidad de las personas”. Además, el jurista cree que hay desproporción en la instrucción de unos casos y otros. “En la gestión de los tiempos se deduce una cierta desigualdad en cómo se llevan unos asuntos y otros, tanto por parte del juzgado como de la policía judicial. Hay indicios de delitos, pero investigar delitos con celeridad cuando la opinión pública está pendiente de ello, genera desigualdad. Es más dañino para determinadas fuerzas políticas que para otras”, añade.
Expertos como Ignasi Guardans están siendo muy críticos con las últimas actuaciones de la UCO. “¿Y si cerramos el Parlamento y dejamos que nos gobierne la UCO un tiempo? Porque están tan crecidos con sus opiniones (no hechos policialmente probados: opiniones), que a lo mejor nos hacen un buen plan de vivienda o tienen ideas buenas sobre la financiación autonómica”.