Pocas cosas resultan tan incómodas en política como una absolución contable en medio de una crisis de confianza. El informe forense encargado por el PSOE a dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que no existió financiación ilegal entre 2017 y 2024. No hubo fondos ocultos, ni dinero de origen desconocido, ni circuitos paralelos. El sistema de caja del partido fue, según los expertos, “coherente, cerrado y verificable”. En términos estrictamente jurídicos, la conclusión es clara. En términos políticos, resulta insuficiente.
El informe surge como respuesta directa a la investigación judicial que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en un contexto marcado por sospechas de blanqueo de capitales, corrupción y uso indebido de recursos partidarios. Que el partido haya optado por una auditoría interna revela tanto una voluntad de defensa como una estrategia de contención del daño. Pero en un clima de alta polarización y descrédito institucional, la legitimidad externa pesa más que la corrección técnica.
Desde el punto de vista financiero, los catedráticos Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez no encuentran fisuras estructurales. Todas las entradas de efectivo proceden de cuentas bancarias del propio partido, fundamentalmente del BBVA, o de ingresos menores perfectamente identificados. Las salidas de dinero están documentadas como reembolsos de gastos vinculados a la actividad ordinaria del PSOE. No hay rastro de financiación opaca ni de flujos externos ajenos al circuito oficial de tesorería. Esa conclusión coincide, además, con la documentación remitida a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza una pieza separada todavía bajo secreto.
Sin embargo, el propio informe introduce una grieta incómoda. Aunque descarta delitos mayores, detecta gastos “llamativos” y en algunos casos “manifiestamente impropios”, especialmente durante la etapa de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización. No se trata de cifras astronómicas ni de estructuras sofisticadas de desvío de fondos, sino de algo más corrosivo: una cultura de gasto laxa, difícil de justificar y mal explicada.
Los auditores fijan como referencia un umbral de 60 euros por comensal para considerar un gasto razonable. Durante los primeros años analizados, los excesos eran marginales. Pero en 2020, el porcentaje de gastos que superaban ese límite se disparó. Aparecen facturas en restaurantes de alto nivel, menús que alcanzan cifras propias de la gastronomía de lujo y comidas cuya vinculación con la actividad política resulta, como mínimo, difusa. El informe no acusa, pero tampoco exculpa del todo. Señala, describe y deja la interpretación en manos del lector institucional.
A esa incomodidad se suma la geografía de algunos gastos. Hoteles en París, restaurantes en Andorra, facturas en Bruselas o Brujas aparecen como localizaciones “llamativas” en un contexto donde cada detalle es escrutado. En muchos recibos no consta claramente quién realizó el pago ni a quién iba dirigido. En algún caso, el comprobante aparece incluso a nombre de un familiar. No hay prueba de ilegalidad, pero sí de debilidad administrativa. En política, la opacidad no necesita ser delito para convertirse en problema.
El PSOE ha reaccionado con un mensaje claro: no hubo financiación ilegal. Pero ha dejado abierta una segunda línea de análisis que resulta reveladora. El partido estudiará ahora si algunos de los investigados se aprovecharon de la estructura partidaria para cargar gastos que no correspondían a su actividad orgánica. Es un giro significativo. El foco pasa de la defensa colectiva a la posible condición de víctima del propio partido frente a dirigentes que habrían abusado de su posición.
Esa narrativa puede funcionar jurídicamente, pero no resuelve el fondo del problema político. La auditoría salva al partido de la acusación más grave, pero confirma algo igualmente dañino: la falta de controles estrictos en el núcleo del poder interno durante años decisivos. No hubo caja B, pero sí una caja demasiado flexible. No hubo financiación ilegal, pero sí prácticas que erosionan la credibilidad de cualquier organización que aspire a gobernar con autoridad moral.
En última instancia, el informe ofrece al PSOE un respiro técnico en el peor momento posible. Pero en la España de 2026, donde la confianza institucional está bajo mínimos, la legalidad ya no basta. La pregunta que permanece no es si el partido cumplió la ley, sino si fue capaz de autolimitarse cuando tenía el poder. Y esa es una auditoría que ningún catedrático puede cerrar.