La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que asesora sobre reformas constitucionales y legales para garantizar el respeto a los estándares democráticos y del Estado de derecho. Estos días, la Comisión, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, ha visto serios riesgos de “politización” en las dos opciones que se le han planteado para la elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y no se decanta totalmente por ninguna de ellas. No le ha gustado ni el modelo del PSOE ni el del PP. Un severo tirón de orejas a nuestro maltrecho bipartidismo.
La Comisión recuerda que los miembros del CGPJ deben ser jueces elegidos por sus pares, pero que el sistema debe estar protegido tanto de la influencia política directa como de la alineación indirecta a través de asociaciones judiciales.
Sobre el tapete hay dos propuestas: la conservadora, que los 12 vocales judiciales sean elegidos exclusivamente por jueces en activo, sin intervención del Parlamento ni del Ejecutivo. Y la progresista: que los jueces participen directamente en la elección, pero con un aval posterior de las Cortes Generales. Ninguna de las fórmulas cumple plenamente los estándares europeos. La Comisión no se decanta por ninguna, aunque reconoce puntos positivos en ambas.
El modelo español, ya sea uno u otro, conlleva varios peligros, entre ellos, el riesgo de corporativismo (elegir jueces solo por jueces puede generar una politización interna si las asociaciones judiciales tienen demasiada influencia). Además, la Comisión crítica al modelo actual respaldado por el Gobierno: considera que la votación final por el Parlamento introduce un filtro político que compromete la independencia judicial.
En un comunicado publicado el pasado viernes, un día después de la reunión de su plenaria en la que se abordó esa cuestión, la Comisión de Venecia señaló por una parte que, para alinearse con los estándares europeos, la reforma de la elección del CGPJ debería contemplar que los vocales de extracción judicial fueran escogidos por sus pares, por los magistrados. Pero a continuación puntualiza que “el proceso electoral debe estar protegido no sólo de la influencia política externa, sino también de la politización interna”.
Es decir que hay que impedir “no sólo la interferencia directa de los actores políticos, sino también la dependencia indirecta de dichos actores o el alineamiento con ellos, en particular a través de asociaciones judiciales”, informa Efe.
Una forma evidente de manifestar preocupación por la politización de esas asociaciones judiciales y por el efecto que eso puede tener en la elección de los vocales judiciales, ya que al final redundaría en una designación motivada por razones políticas aun sin la intervención del Parlamento.
Informe completo hoy lunes
El dictamen de la Comisión de Venecia, que sólo se hará público en detalle hoy lunes, es consecuencia de la petición que le hizo el CGPJ en 2024 tras el acuerdo alcanzado en junio de ese año entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Se trataba de pedir asesoramiento, basado en los estándares europeos, a partir de dos propuestas, una de ella formulada por los magistrados conservadores que preconizaban que los 12 vocales de extracción judicial sean designados directamente por los jueces, entre candidatos respaldados por 25 jueces o por una asociación judicial. Eso limitaría el papel del Parlamento, que únicamente elegiría a los otros ocho vocales entre juristas de reconocido prestigio.
Los progresistas, por su lado, sugerían que los jueces participaran en la elección de esos 12 vocales judiciales, para lo cual debían tener el respaldo de 30 jueces o de una asociación judicial, pero después tendrían que ser avalados por las Cortes, es decir que el Parlamento seguiría implicado en el proceso.
Medidas adicionales
La Comisión de Venecia admite que la opción de los conservadores cumple con la regla europea de que esos vocales judiciales sean elegidos por sus pares, “pero no es suficiente para descartar una politización interna” y por eso recomienda “medidas adicionales” que habrá que ver en su dictamen el lunes.
En cuanto a la propuesta de los progresistas, señala que “si bien introduce una fase de elección directa por parte de los jueces, no cumple el estándar de elección entre pares porque deja la elección final a un órgano político”, el Parlamento.
Los expertos del Consejo de Europa recuerdan que, aunque no hay una obligación de un órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal de Estrasburgo ha insistido en que las autoridades “deben tener la obligación de garantizar su independencia de los poderes ejecutivo y legislativo”.