El modelo de Consejo General del Poder Judicial que pretende la derecha, la elección directa por parte de los jueces de 12 de los 20 vocales, implicaría el dominio de las asociaciones más reaccionarias y eso no casa con la realidad política y social de este país. Sólo hay que remitirse al proceso de elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de las 17 comunidades autónomas donde las asociaciones conservadoras obtuvieron el 92% de los puestos mientras que la progresista, sólo el 3,3%. La Asociación Profesional de la Magistratura dice ser la mayoritaria de un sector en el que sólo el 50 por ciento de la carrera judicial está afiliado. APM contaba, en 2022, con 1.355 afiliados, la otra conservadora, la Francisco de Vitoria, 859, la “centrista” que sus dirigentes declararon públicamente su simpatía por Ciudadanos, Foro Judicial Independiente, 335 y la progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, 436. De entonces ahora apenas ha habido variaciones. En total hay 3.000 asociados de los 5.408 en activo, el 55,5%. Si prospera esta propuesta, presentada a los relatores de la Comisión de Venecia que han visitado España, la APM se haría con la mayoría absoluta del órgano de gobierno de la magistratura, la promesa que hizo a sus dirigentes el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en la campaña electoral de 2023.
La asociación que preside la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, está presionando para lograr su objetivo que no es otro que el monopolio del organismo por parte de la derecha judicial. La izquierda se opone radicalmente. Se inclina por el modelo actual, que sea el parlamento el que designe a los miembros del CGPJ, porque la propuesta conservadora “supondría un grave riesgo para la independencia judicial, ya que las asociaciones afines obtendrían por sistema una mayoría cualificada y podrían decidir el 100% de los nombramientos”. Hay que tener en cuenta que una de las competencias del consejo es la de la designación de los miembros del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores territoriales y audiencias provinciales. Y no es, precisamente, una designación objetiva. El último ejemplo es el del nuevo juez de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del TS, Antonio Narváez, que fue magistrado del Constitucional a propuesta del PP y mostró públicamente su deseo de que Núñez Feijóo fuera el próximo inquilino de La Moncloa en las elecciones de 2023. La instancia a la que se le ha adscrito es la que resuelve los recursos presentados contra las decisiones de la administración, más concretamente del gobierno y sus organismos. Recientemente fue muy cuestionada por sus sentencias en las cuales revocaban los nombramientos de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Democrática, “por incompatibilidad” con la profesión de su marido, el juez Baltasar Garzón titular de un despacho especializado en derechos humanos, y el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado “por no ser jurista reconocido prestigio”.
Esta es la principal razón por la que la izquierda rechaza la propuesta conservadora del sistema corporativo para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero no la única. La puesta en marcha de unas elecciones directas por parte de los jueces es aceptada por las asociaciones conservadoras minoritarias, Francisco de Vitoria y Foro Judicial, pero con reservas. Sus dirigentes argumentan que, si no se establecen criterios de proporcionalidad, la APM acabará por monopolizar las 12 vocalías. Los “mecanismos correctores” que proponen se asemejan a los de los procesos electorales en los cuales las minorías obtienen representación, aunque el resultado de la votación les haya sido desfavorable. La simulación efectuada por esta publicación basándose en los criterios de afiliación de 2022, sin tener en cuenta ese 45% de jueces que no se inclinan por ninguna opción, daría un resultado de 8 vocales para la APM, y los cuatro restantes a repartir entre Francisco de Vitoria, FJI, Juezas y Jueces para la Democracia, y alguna asociación residual que apenas cuenta con afiliación.
El modelo corporativo puro no se aplica en ningún país de nuestro entorno, según explican los expertos, por mucho que lo argumenten en la derecha judicial. En Alemania y Noruega ni siquiera existe un órgano de gobierno de la judicatura. Los países modélicos en lo que a la representación corporativa se refiere, son Italia y Portugal. En el Consejo Superior de la Magistratura del país vecino, el parlamento designa a siete vocales. El resto, hasta un total de 17, los eligen los magistrados. Un tercio del Consejo Superior de la Magistratura italiano, considerado junto al portugués “los ejemplos de autogobierno judicial”, se eligen en el parlamento. Los dos tercios restantes son los propios magistrados. Además, son vocales natos el presidente de la República, el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo. En Francia, el Consejo General de la Magistratura está compuesto por dos salas. Una, la de los jueces, elegida por los miembros de la magistratura, y la otra, la de los fiscales, consta de cinco miembros del ministerio público, un juez, un consejero de Estado y tres vocales nombrados por el presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Senado.
Aquí, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se eligen a propuesta del Congreso y Senado de una lista en la cual se tienen en cuenta nombres de conocidos miembros no sólo de la magistratura sino también del sector profesional y del mundo académico. La derecha judicial se queja de que este sistema trae como consecuencia el bipartidismo. En otras palabras, que son las formaciones parlamentarias mayoritarias las cuales, mediante “el intercambio de cromos” colocan a su gente. Puede ser, pero entonces habría que cuestionar la actual composición, pactada por Bolaños y el dirigente del PP, Esteban González Pons, donde no sólo se está rompiendo la “disciplina” de los vocales, sino que la bipolarización actual hace prácticamente imposible el acuerdo salvo que una de las partes ceda en sus planteamientos.
Bolaños ha advertido a los relatores de la Comisión de Venecia que, si es la carrera judicial la que debe designar a los vocales del CGPJ, modelo propuesto por la mitad conservadora del Consejo, "ello supondría retroceder en democracia, independencia y pluralismo". Y no le falta razón. Según los datos, supondría poner en manos de las asociaciones judiciales más reaccionarias el poder judicial lo que implicaría un enfrentamiento cada vez que la izquierda se hiciese con los poderes legislativo y ejecutivo. Y no olvidemos que este colectivo tiene en sus manos una importante parte del aparato represivo del país.