La organización ultra Hazte Oír solicita 24 años de cárcel para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. Llama la atención el ensañamiento de los abogados de la extrema derecha, que llegan a solicitar penas más graves que para muchos de los acusados de corrupción enjuiciados en los últimos años en España. Y todo ello teniendo en cuenta que a Begoña Gómez se la acusa de organizar un máster universitario. Ese es todo su delito. Ni cuentas en B, ni enriquecimiento patrimonial, ni paraísos fiscales. Nada. Da la sensación de que en este caso puede más la inquina contra la esposa del presidente que los argumentos jurídicos y, si hubiesen podido, a Begoña Gómez le hubiesen pedido la cadena perpetua. El esperpento de una Justicia politizada está servido.
La acusación particular ha presentado su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que ha propuesto juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que declare en el juicio como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que “interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto”. En concreto, esta acusación popular solicita para Begoña Gómez seis años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante 10 años. Por el delito de corrupción en los negocios pide cuatro años; por el de malversación ocho y veinte de inhabilitación absoluta, y por el de apropiación indebida seis años de prisión.
Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, esta acusación particular solicita por el presunto delito de malversación ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por 20 años; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.
Y para Juan Carlos Barrabés solicita dos años de prisión por tráfico de influencias, delito por el que también pide que no pueda contratar con el sector público durante diez años; y cuatro años por corrupción en los negocios. Hazte Oír relata que tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018 Begoña Gómez “con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical” a su carrera, aprovechándose de la influencia que le otorgaba ser la mujer del jefe del Ejecutivo.
Así, manifiestan desde esta asociación, logró dirigir una cátedra en la Universidad Complutense, un trabajo en el que la ayudó el empresario Barrabés, a quien ella, en contraprestación, firmó cartas a favor de sus proyectos para que recibiera ayudas.