La organización ultraderechista Hazte Oír ha pedido 24 años de cárcel para Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Pero más allá de la desproporción de la petición (hay homicidas que no se enfrentan a un castigo de ese calibre), llama la atención el escarnio diabólico al que se trata de someter a la primera dama. Para la acusación particular existe “un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres” [no solo de Gómez, sino de su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés], por lo que interesa que se les imponga a todos ellos la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial. Lo hace en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España, informa Europa Press.
La petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez por parte de la organización ultraconservadora ha generado polémica en los foros judiciales, sobre todo porque se trata de proyectar la imagen de la primera dama como una especie de peligrosa terrorista a la que es preciso incomunicar y restringir su movilidad. La acusación particular, admitida por el juez Peinado, se basa en la participación de Gómez en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid, pero la magnitud de la pena solicitada ha sido calificada por numerosos juristas y observadores como “desproporcionada” o “inverosímil”, especialmente si se compara con condenas previstas para delitos de extrema gravedad. Diversos analistas señalan que incluso delitos como el homicidio pueden conllevar penas inferiores, lo que ha alimentado la percepción de que el proceso tiene un fuerte componente político. Es evidente que, con la petición de rerirada de pasaporte, las acusaciones particulares buscan que la esposa del presidente no pueda acudir a viajes oficiales, como el que recientemente ha realizado Sánchez a China.
Más allá del contenido jurídico, el caso ha adquirido una dimensión simbólica. Sectores críticos con la acusación consideran que se está intentando someter a la esposa del presidente a un escarnio público, utilizando el procedimiento penal como herramienta de desgaste político. Desde esta perspectiva, la figura de la “primera dama” (un rol sin reconocimiento institucional en España) se convierte en un blanco de presión indirecta sobre el Gobierno. Para quienes sostienen esta lectura, la estrategia consistiría en erosionar la imagen del presidente a través de ataques a su entorno más cercano.
La acusación particular ha solicitado medidas cautelares especialmente severas: prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, retirada del pasaporte y obligación de firmar cada quince días en sede judicial. Estas medidas (propias en casos penales gravísimos) han sido recibidas con escepticismo por parte de distintos sectores jurídicos y mediáticos, que consideran difícil justificar un riesgo de fuga en una persona del rango institucional de la esposa del presidente del Gobierno. Resulta absurdo pensar en una Begoña Gómez huyendo de España y pidiendo asilo en otro país. Pero cuando Hazte Oír hace este tipo de acusaciones es evidente que no solo valora las cuestiones jurídicas: también, y sobre todo, la dimensión política, además del daño evidente que se ocasiona a la imagen de la Justicia y de la democracia.
El caso ha reavivado el debate sobre la judicialización de la política y la utilización de denuncias penales como arma arrojadiza. Algunos analistas sostienen que este tipo de iniciativas, impulsadas por organizaciones ideológicamente posicionadas, contribuyen a degradar la confianza en las instituciones y a convertir los tribunales en escenarios de confrontación partidista. Desde esta óptica, la petición de 24 años de cárcel se interpreta como un gesto más orientado a generar impacto mediático que a sostener una acusación viable.
También se ha señalado el papel de la hipervisibilidad mediática. La figura de Begoña Gómez ha sido objeto de una atención creciente en los últimos años, y su actividad profesional ha sido escrutada con un nivel de detalle que algunos consideran desproporcionado respecto a su relevancia institucional. Para quienes sostienen esta crítica, la presión mediática amplifica cualquier sospecha, por infundada que sea, y contribuye a crear un clima de sospecha permanente.
Por otro lado, los defensores de la acusación argumentan que cualquier persona vinculada a la esfera pública debe estar sujeta a un escrutinio riguroso y que la investigación judicial es un mecanismo legítimo para esclarecer posibles irregularidades. Desde esta posición, la severidad de la petición de pena se justificaría por la gravedad que atribuyen a los hechos investigados.
El caso está lejos de resolverse. La instrucción ha terminado, pero será la Audiencia Provincial la que determine si existen indicios suficientes para abrir juicio oral o para corregir los defectos de forma que se hayan podido detectar. Mientras tanto, el debate público sigue polarizado. Para unos, se trata de un ejemplo extremo de persecución política; para otros, de un ejercicio de control democrático sobre quienes orbitan en torno al poder. Lo que parece claro es que el proceso ha trascendido lo estrictamente jurídico. Se ha convertido en un símbolo de la crispación política y mediática que atraviesa el país, y en un recordatorio de cómo las figuras públicas (incluso aquellas sin cargo institucional) pueden verse atrapadas en dinámicas de confrontación que poco tienen que ver con la justicia y mucho con la lucha por el relato.