La Policía italiana baraja un listado con nombres y apellidos de turistas españoles que en los años noventa se desplazaron a Bosnia, en plena guerra, para tomar parte en los “safaris de la muerte”. Unos han muerto, otros siguen vivos. Según fuentes policiales hay decenas de criminales de numerosas nacionalidades europeas que participaron en aquel horror, también llegados de Estados Unidos y Canadá. Pagaban un dinero, eran trasladados por los francotiradores serbios a Sarajevo y disparaban contra inocentes por puro placer o divertimento. Los niños se cotizaban a un precio mayor.
Las investigaciones apuntan a que los participantes suelen ser personas con alto poder adquisitivo, empresarios, aristócratas o cazadores de élite que pueden pagar grandes sumas de dinero por experiencias cinegéticas exclusivas. Sin denuncias formales en España, la Justicia italiana solo puede actuar mediante cooperación internacional. La Fiscalía de Milán puede solicitar información sobre estos supuestos españoles implicados en los crímenes masivos a través de mecanismos de cooperación judicial, principalmente mediante comisiones rogatorias, Europol, Eurojust y tratados bilaterales o multilaterales.
La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre los llamados “safaris humanos” durante el asedio de Sarajevo (1992‑1996), tras la denuncia del escritor italiano Ezio Gavazzeni. Este autor asegura que hay españoles en las listas. También se investiga si ciudadanos italianos y de otros países (franceses, ingleses, suizos) pagaron para disparar contra civiles desde las colinas de Sarajevo.
Bosnia y Herzegovina ha mostrado su disposición a colaborar en el esclarecimiento de estas atrocidades. De momento, la Fiscalía española no ha recibido noticia alguna sobre este caso, pero podría tener acceso a la información en las próximas semanas. Italia podría pedir a España que comparta datos sobre ciudadanos sospechosos. En general se trata de españoles de clases medias y altas, adinerados con afición a la caza y a las armas.
Europol (la Agencia Europea de Policía) también podría facilitar el intercambio de información sobre redes criminales transnacionales. Aunque han pasado más de 30 años, el crimen no prescribe y podría colaborar en el rastreo de viajes, pagos y vínculos de ciudadanos europeos con estas cacerías. Italia y España son parte de la Convención Europea de Asistencia Judicial en Materia Penal, que regula el intercambio de pruebas y testimonios. También se puede recurrir a la Red Judicial Europea y a IberRed (red iberoamericana de cooperación judicial). Entre las medidas a solicitar cabe requerir a Bosnia datos de registros migratorios y testimonios de personas que viajaron al país de la antigua Yugoslavia en aquellos años de guerra. La Fiscalía de Milán valora solicitar a España información sobre ciudadanos que se pudieran haber desplazado a Bosnia en ese periodo con fines cinegéticos, es decir, para participar en caza de animales.
Los hechos ocurrieron hace más de 30 años, lo que dificulta la obtención de pruebas directas. La falta de registros oficiales y la posible destrucción de documentación complican la identificación de implicados. Sin denuncias formales en España, la Justicia italiana solo puede actuar mediante cooperación internacional.
Un exgeneral de brigada bosnio y antiguo agente de inteligencia confirmó que italianos adinerados participaron en esas cacerías humanas entre 1992 y 1996. La Fiscalía italiana también sabe sus nombres. La investigación parte de la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. El primero ha confirmado la investigación en marcha a Televisión Española. Durante casi dos años, Gavazzeni recabó datos y testimonios que, a su parecer, prueban que occidentales ricos pagaron para “cazar” civiles durante el asedio de Sarajevo. “He demostrado que no era una leyenda urbana”, ha asegurado a Efe. El escritor afirma que en esta práctica salvaje participaron “numerosos” italianos, pero cree que, “estadísticamente”, al menos un tercio ha muerto y el restante tienen entre 65 y 82 años de edad.
Naturalmente no da nombres, pero alberga la “esperanza” (y recalca esta palabra) de que los fiscales localicen vivo a alguno de estos “francotiradores” para que sean juzgados, ya que los casos agravados de homicidio como este no prescriben en el ordenamiento italiano. “Espero que se identifique a dos o tres personas con vida”, augura.