El Gobierno está convencido de que hay un complot político, judicial y mediático para derrocarlo. Ayer, en el Pleno del Congreso, se vio a un Alberto Núñez Feijóo más radical, hooligan y vengativo que nunca. En su furibunda estrategia de desgaste al Gobierno, atravesó varias líneas rojas, como acusar a Sánchez de ser “el nexo político corruptor” de los diferentes casos que asolan al Ejecutivo, una calumnia que a día de hoy no se ha demostrado en los tribunales. Un ejemplo resulta paradigmático: el gallego ha apostado por mantener el caso Begoña Gómez (un asunto que divide a la sociedad española) en el centro de su discurso y del debate público. Un caso que ha estado rodeado de polémica desde el principio por las decisiones discutibles que ha ido adoptando el juez Peinado. Pero ese ensañamiento del dirigente popular, esa forma de denunciar la corrupción que llega al escarnio y la deshumanización del rival (más allá de lo que dice la UCO y la Justicia) puede terminar como un bumerán que se revuelva en su contra. La ciudadanía, incluso la menos politizada, reacciona mal ante lo que interpreta como un abuso de poder. Y cuando la judicatura conservadora parece alinearse fielmente con un relato partidista, el efecto rebote es casi inevitable.
El CIS de junio, con 4.024 entrevistas, mantiene al PSOE como ganador de unas elecciones generales, con un 31,3% en estimación de voto (4,9 puntos menos que en mayo, es cierto), mientras que el PP sube 2,2 puntos y alcanza un 27,1%. Sin embargo, no se aprecia ambiente de mayoría absoluta. El Ejecutivo, maltrecho ya, sigue resistiendo, en buena medida al entender que siempre es mejor tolerar la habitual dosis de corrupción de un partido que abrirle la puerta al poder al nuevo fascismo con aires trumpistas (los pactos PP/Vox). El miedo de la sociedad a un franquismo sin complejos y dispuesto a todo es lo que mantiene a Sánchez todavía en pie.
El riesgo para el PP es evidente: una movilización de la izquierda que no nace del entusiasmo, sino de la indignación. La sensación de que se está atacando no solo a la esposa del presidente, sino a la propia integridad del sistema democrático, puede reactivar a sectores progresistas que estaban desmovilizados. La injusticia –o la percepción de ella– es un poderoso motor político.
Además, el caso Begoña Gómez (hoy ya caso Peinado después de que el CGPJ haya abierto un expediente disciplinario al magistrado) ha servido para cohesionar al PSOE en torno a un relato claro: la defensa de la democracia frente a una ofensiva judicial que consideran desproporcionada. Y en ese marco, Begoña Gómez deja de ser una figura secundaria para convertirse en un símbolo.
Si la derecha buscaba debilitar al Gobierno, podría encontrarse con el efecto contrario. La dureza del juez Peinado, lejos de erosionar a Sánchez, puede estar construyendo –sin quererlo– una mártir democrática capaz de movilizar a toda la izquierda.
En política, pocas dinámicas son tan peligrosas como la creación involuntaria de mártires. Y eso es precisamente lo que puede estar ocurriendo con Begoña Gómez. La ofensiva judicial y mediática que la derecha ha desplegado contra ella –con acusaciones que han ido mutando, autos corregidos y un clima de sospecha permanente– corre el riesgo de generar un efecto contrario al buscado: convertirla en un símbolo de injusticia y persecución.
La figura del mártir no nace del sufrimiento en sí, sino de la percepción de que ese sufrimiento es inmerecido. Y una parte creciente de la ciudadanía interpreta que Gómez está siendo utilizada como ariete político contra Pedro Sánchez. La intensidad del foco mediático, la insistencia en presentar cada matiz como escándalo y la procedencia de algunas denuncias –vinculadas a organizaciones ultraconservadoras– alimentan la idea de que no estamos ante un proceso estrictamente jurídico, sino ante una estrategia de desgaste.
En ese contexto, la derecha puede haber cruzado una línea peligrosa. Cuando la crítica política se transforma en acoso, cuando la investigación judicial parece más un espectáculo que un procedimiento, el público reacciona. Y reacciona no solo desde la ideología, sino desde un instinto básico de justicia. La sensación de ensañamiento genera empatía, incluso entre quienes no simpatizan con el Gobierno.
Además, el caso ha servido para rearmar emocionalmente al electorado progresista. Lo que podía haber sido un desgaste para Sánchez se ha convertido en un relato de resistencia: un presidente que defiende a su familia frente a una ofensiva que muchos perciben como desproporcionada. La derecha, en su afán por erosionar al Gobierno, puede haber regalado a la izquierda un símbolo movilizador.
El lawfare, cuando se percibe como tal, no solo erosiona a quien lo sufre: erosiona también a quien lo practica. Si la ciudadanía concluye que se ha instrumentalizado la justicia, el daño reputacional recae sobre quienes han empujado el proceso. Y en un país cansado de la polarización, la sobreactuación puede ser letal.
Begoña Gómez no buscó ser un personaje político. Pero la derecha, en su empeño por hacer de ella un problema y un escándalo, puede haberla convertido en algo mucho más poderoso: un símbolo útil para quienes quieren denunciar los excesos del juego político. Cuidano con pasarse dos pueblos, como suele decirse, en la ofensiva para derrocar al sanchismo, porque la exageración y el montaje demasiado evidente puede tener efectos contraproducentes.
Críticas del PSOE
En esa estrategia de convertir a Peinado en el malo de la película parece estar inmerso el PSOE. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, aseguró ayer que la instrucción del caso de la esposa del presidente del Gobierno demuestra que Juan Carlos Peinado no debería ser juez, según informa Efe. López criticó la instrucción de Peinado “desde el primer minuto” en el que inició una causa con “recortes de periódico” aportados por una asociación “cuasifascista”, Manos Limpias, en contra de la doctrina del Tribunal Supremo. “Hasta el último momento en el que le retira el pasaporte diciendo que la Policía puede ayudar en su fuga”, ha expuesto.
También ha resaltado que tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo han llamado “al orden” hasta en doce ocasiones a Peinado y que “por fin” se ha iniciado el proceso para que le abran expediente. “Este señor, a estas alturas, no tendría que ser juez”, concluyó.
Sobre otro asunto, López ha asegurado que la condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas es “desproporcionada viendo otros casos y otras condenas”, entre ellas la de Aldama, que “se ha llevado 3 millones y medio y está en la calle”.
En esa línea, ha defendido que en democracia “quien la hace la paga”, ha incidido en el que el PSOE no ataca las decisiones judiciales, sino que las acata, aunque ha subrayado que los socialistas también pueden manifestar su “opinión” sobre ellas.