Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura histórica, España ha vivido uno de los periodos más intensos y políticamente polarizados de su democracia reciente, pero también uno de los más decepcionantes en términos de cohesión social, desigualdad y pobreza económica. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de Eurostat muestran, con una frialdad demoledora, que la realidad social se ha ido alejando del discurso de un gobierno que se proclamaba adalid de la justicia social. No se trata de informaciones de la fachosfera, son datos oficiales, salvo que el sanchismo, en su devenir ultrasectario, afirme que los organismos del Estado dependientes del Gobierno y las agencias de la Unión Europea también están metidos en la conspiración para derribar al Ejecutivo sanchista.
Al margen de los eslóganes y de la propaganda monclovita, la fotografía estadística que arranca en 2018 y se proyecta hasta los últimos registros disponibles deja una conclusión incómoda: la etapa del sanchismo no ha logrado corregir los problemas estructurales de la economía española y, en varios frentes clave (riesgo de pobreza, precariedad laboral, brecha de renta), los ha cronificado o agravado.
La promesa fundacional de aquel Gobierno, “no dejar a nadie atrás”, se enfrenta hoy a una realidad incómoda: en España se vive más pendiente del umbral de pobreza que del de bienestar, y más cerca de los indicadores de vulnerabilidad del sur de Europa que de los estándares de igualdad y estabilidad social que marcan los países del norte.
Un país vulnerable antes de la tormenta
Cuando Sánchez accede al poder en junio de 2018, España no es precisamente un país igualitario, pero sí una economía en recuperación tras el golpe de la crisis financiera de 2008 y los años del austericidio. Los indicadores de pobreza y exclusión social ya eran elevados en términos comparados, aunque la inercia del ciclo económico apuntaba a una cierta mejora gradual.
La tasa de riesgo de pobreza, medida por el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se situaba entonces en niveles altos pero relativamente estabilizados, con una población vulnerable que se mantenía en torno a ese 60% de la mediana de ingresos que define el umbral de pobreza. España seguía atrapada en el patrón de bajos salarios, mercado laboral dual y fuerte dependencia de los ciclos turísticos, pero la expectativa era que el crecimiento y un empleo en lenta recuperación avanzaran hacia una reducción del número de hogares al borde del precipicio social.
Ese era el terreno de juego cuando el nuevo Gobierno se presentó como la alternativa progresista que “corregiría los recortes”, “reforzaría el Estado del bienestar” y “combatiría frontalmente la desigualdad”. El marco narrativo era potente y estaba bien construido: España como país maltrecho por la derecha y enfilado ahora hacia una nueva etapa de prosperidad compartida. Sin embargo, los años siguientes mostrarían una brecha creciente entre relato y realidad.
La década perdida de los hogares trabajadores
La ECV del INE, que cada año radiografía ingresos, condiciones de vida y riesgo de exclusión, se ha convertido en el espejo más incómodo del “sanchismo”. Sus ediciones más recientes confirman que, lejos de reducirse de forma clara, la tasa de riesgo de pobreza se ha mantenido elevada e incluso se ha disparado en algunos ejercicios, especialmente en los años de sacudida inflacionaria.
Mientras el Gobierno presume de una economía que “crece por encima de la media europea”, las cifras revelan que una parte significativa de la población sigue atrapada en rentas muy bajas, con dificultades para llegar a fin de mes y con un riesgo sostenido de exclusión social. La mejora coyuntural del PIB no se traduce en un descenso estructural de la pobreza, lo que indica que el crecimiento se distribuye de forma desigual y apenas permea hacia las capas más vulnerables.
A ello se suma el impacto del encarecimiento de la vida: la inflación en energía y alimentos golpea especialmente a los hogares de menor renta, erosionando su capacidad de consumo y neutralizando los modestos avances nominales en salarios y prestaciones. El resultado ha sido un empobrecimiento silencioso, menos visible que el desempleo masivo de la anterior crisis, pero igualmente corrosivo para la cohesión social: más familias que trabajan pero siguen rozando la pobreza, más hogares que dependen de ayudas públicas para cubrir necesidades básicas, más niños creciendo en entornos económicos asfixiantes.
Los indicadores agregados lo resumen con rotundidad: España mantiene una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de la Unión Europea, especialmente si se observa a la población infantil y a determinados territorios. El “escudo social” proclamado una y otra vez por el Ejecutivo ha sido más eficaz como consigna comunicativa que como mecanismo real de igualación de oportunidades.
Más empleo, pero menos seguro y peor repartido
Uno de los grandes argumentos del “sanchismo” ha sido la evolución del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social. El Gobierno ha insistido en que España ha alcanzado cifras récord de empleo y ha celebrado una caída del desempleo respecto a los peores años de la crisis anterior. Sin embargo, los datos detallados del SEPE y las estadísticas de empleo evidencian una contradicción inquietante: se crea más empleo, pero no necesariamente se reduce de forma significativa la precariedad, ni se corrige la dualidad laboral ni se garantiza un salario suficiente para sacar a los hogares del riesgo de pobreza.
La reforma laboral impulsada en este periodo, que ha reducido el peso de los contratos temporales y ha fomentado la figura del contrato indefinido, ha sido presentada como una revolución histórica. Y, efectivamente, sobre el papel ha cambiado la tipología contractual, disminuyendo la temporalidad estadística y aumentando la proporción de indefinidos. Pero una parte importante de esos nuevos contratos indefinidos se concentran en modalidades de jornada parcial o en sectores con bajos salarios, lo que mantiene vivo el fenómeno del trabajador pobre: personas con empleo estable, al menos en apariencia, pero con ingresos insuficientes para superar el umbral de pobreza.datos.
El SEPE recoge, año tras año, una evolución del paro que, aunque mejora respecto a los picos de la crisis, sigue situando a España sistemáticamente entre los países con mayores tasas de desempleo de la UE, en especial en el caso del paro juvenil. Esta cronificación de un alto desempleo estructural, combinada con una fuerte rotación laboral y una precariedad de base en amplios segmentos del mercado, impide que el descenso en las cifras globales de paro se traduzca en una reducción equivalente de la pobreza y la desigualdad.
La conclusión es incómoda para el relato oficial: más empleo no ha significado automáticamente menos pobreza, porque la calidad de ese empleo y su distribución por sectores y territorios no ha corregido los desequilibrios preexistentes. El Gobierno se ha apoyado en el volumen de afiliados y en los titulares sobre “récord de empleo”, pero ha eludido sistemáticamente la discusión sobre salarios reales, coste de la vida y productividad, que son las variables que, al final, determinan si un contrato se convierte o no en un salvavidas frente a la pobreza.
Eurostat: la España del sanchismo es el alumno crónicamente retrasado
Para calibrar en su justa medida el alcance del problema, basta con situar a España en el mapa europeo. Eurostat, la oficina estadística de la Unión, ofrece una batería de indicadores comparados sobre renta, desigualdad y condiciones de vida que permiten despejar cualquier duda: España se mantiene durante estos años en el grupo de países con peores registros en materia de pobreza relativa, riesgo de exclusión y desigualdad de ingresos, particularmente cuando se observa la evolución a partir de 2018.
Los datos europeos muestran que, pese al crecimiento económico, las políticas aplicadas no han logrado que el país converja hacia los estándares de igualdad de las economías europeas más avanzadas. El indicador de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que combina pobreza de renta, carencia material severa e intensidad laboral muy baja en el hogar, refleja una persistencia preocupante de la vulnerabilidad social en España, con porcentajes que la sitúan por encima de la media de la UE y próximos a otros países del sur europeo que arrastran problemas estructurales similares.
En términos de distribución de la renta, los datos de Eurostat sobre desigualdad de ingresos confirman que el país no ha avanzado de forma sustantiva hacia una mayor equidad, a pesar del fuerte incremento del gasto público y de múltiples medidas presentadas como progresistas. La brecha entre los hogares de mayor y menor renta sigue siendo significativa, y la movilidad social ascendente continúa siendo limitada, especialmente para las generaciones más jóvenes que han vivido encadenadas a sucesivas crisis.
Este contraste con la media europea desmonta otra de las columnas retóricas del “sanchismo”: la idea de que España se estaba convirtiendo en una referencia social en la UE gracias a su “nuevo modelo” de políticas públicas. La realidad comparada, medida con criterios homogéneos, indica exactamente lo contrario: el país llega a 2026 con un retraso persistente en materia de cohesión social, sin haber conseguido transformar su crecimiento económico en una reducción consistente de la desigualdad.
El “escudo social” fracasado
Uno de los conceptos más repetidos por el Gobierno durante estos años ha sido el de “escudo social”, presentado como una red de protección sin precedentes frente a la crisis sanitaria, la crisis energética y la escalada de precios. Es innegable que se desplegaron mecanismos de emergencia —ERTE, ayudas directas, bonos y subsidios varios— que evitaron un desplome aún mayor de la renta de muchos hogares en los momentos más críticos.
Sin embargo, cuando se examina el impacto global de estas medidas en términos de reducción efectiva de la pobreza y la desigualdad, el balance es mucho menos triunfante. La propia ECV del INE y los indicadores recogidos en informes oficiales sobre evolución de pobreza y exclusión muestran que buena parte de estas políticas han funcionado como parches coyunturales, más eficaces para contener la caída inmediata que para construir un suelo de bienestar estable.
El diseño fragmentado y, en ocasiones, burocráticamente complejo de ayudas clave como el Ingreso Mínimo Vital ha provocado que una parte de las personas que más lo necesitaban quedasen fuera o llegasen tarde al sistema. A esto se suman los problemas de coordinación entre administraciones, la disparidad territorial en la gestión de prestaciones y la dificultad de muchas familias para navegar por un entramado institucional poco amigable.
El resultado final es un modelo de protección social que ha logrado amortiguar el golpe en plena tormenta, pero que no ha conseguido revertir las tendencias estructurales de desigualdad. Las estadísticas lo confirman: la pobreza relativa persiste, la carencia material no desaparece y la exclusión social sigue acechando a millones de personas. El “escudo social”, en definitiva, ha sido más eficaz en la retórica gubernamental que en la experiencia cotidiana de los hogares que viven al límite.
Relato político agotado frente a la realidad
La etapa del “sanchismo” ha sido, también, un laboratorio de comunicación política avanzada: control del marco narrativo, proliferación de anuncios, énfasis constante en la comparación con gobiernos anteriores y uso intensivo de la palabra “progreso” como eje legitimador. Pero la política, incluso en tiempos de hipercomunicación, acaba chocando con el test empírico de los datos y con la percepción íntima de los ciudadanos sobre su propia vida material.
En este sentido, el progresivo divorcio entre el relato oficial —España como modelo de protección social y recuperación justa— y las estadísticas sobre pobreza, desigualdad y precariedad laboral ha alimentado una desconfianza creciente hacia la clase política y hacia las instituciones en su conjunto. La tesis repetida de que “nunca hubo tanta protección social” pierde fuerza cuando se contrasta con la persistencia del riesgo de pobreza, con la brecha territorial en indicadores clave y con la sensación de estancamiento de amplias capas de la sociedad.
No se trata solo de un fracaso técnico en el diseño de políticas públicas, sino de un fracaso político más profundo: el de un gobierno que hizo de la bandera de la igualdad su seña de identidad y que, sin embargo, entrega al país con un paisaje social donde la vulnerabilidad económica sigue siendo la experiencia cotidiana de millones de personas. Esa contradicción entre lo prometido y lo conseguido erosiona no solo al proyecto político concreto, sino también la credibilidad de cualquier futuro programa que intente construir un consenso en torno a la justicia social.
Más allá del sanchismo
En 2026, España afronta un escenario social marcado por la fatiga, la desconfianza y una desigualdad que se ha vuelto demasiado familiar. Las series del INE, el SEPE y Eurostat permiten reconstruir la trayectoria de estos ocho años como una curva de oportunidades desaprovechadas: se dispuso de crecimiento, de margen presupuestario y de un contexto europeo favorable a políticas expansivas, pero el resultado final no ha sido una reducción nítida de la pobreza ni una democratización de la prosperidad.
El legado del sanchismo en materia social no se agota en el número de leyes aprobadas ni en el volumen de gasto público movilizado. Se mide, sobre todo, en la realidad de los barrios donde el trabajo no garantiza una vida digna, en las estadísticas que muestran una pobreza infantil que no cede, en la brecha entre comunidades autónomas que no se cierra y en la sensación generalizada de que el ascensor social se ha quedado atascado entre plantas.
La próxima etapa política tendrá que partir de un reconocimiento honesto de ese fracaso: no basta con proclamar titular tras titular sobre avances sociales si los indicadores oficiales, año tras año, apuntan en la dirección contraria. Combatir la desigualdad exige algo más que retórica y medidas de urgencia: requiere reformas profundas en el mercado laboral, una estrategia sostenida de mejora salarial ligada a productividad, una política fiscal verdaderamente redistributiva y un rediseño del Estado del bienestar que deje de ser un mosaico de parches y se convierta en un auténtico sistema de garantías.
Porque, al final, la gran paradoja de estos años es que un gobierno que se presentó como el más social de la democracia española deja tras de sí una sociedad que sigue sintiéndose profundamente insegura en términos materiales. Y en esa brecha entre promesa y realidad se juega no solo el juicio histórico sobre el sanchismo, sino también la confianza de una ciudadanía que ya no se conforma con discursos sobre igualdad, sino que exige algo mucho más simple y a la vez más difícil: poder vivir con dignidad en un país que no convierta la pobreza en costumbre estadística.
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