Hay ejercicios políticos que incomodan precisamente porque obligan a abandonar las trincheras ideológicas, sectarias y dogmáticas y enfrentarse a una pregunta sencilla: ¿qué estaría diciendo hoy la izquierda española si el registro policial de 16 horas en Ferraz se hubiera producido en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova y no en el PSOE? ¿Qué titulares, qué tertulias y qué declaraciones habrían ocupado el espacio público si la investigación del caso Plus Ultra afectara a José María Aznar o Mariano Rajoy en lugar de salpicar al entorno político y empresarial de José Luis Rodríguez Zapatero?
La respuesta, aunque políticamente incómoda, resulta bastante evidente para cualquiera que observe la política española sin el filtro de la militancia emocional. El terremoto mediático y político habría sido tremebundo porque en España no solo existe una batalla por el poder. Existe también una batalla por el relato moral de la corrupción.
El registro en Ferraz
El registro de la sede del PSOE en Ferraz durante 16 horas habría provocado, en cualquier otro contexto político, una crisis institucional de enormes dimensiones. La imagen de agentes entrando y saliendo de la sede central del partido que gobierna España durante toda una jornada posee una carga simbólica devastadora en cualquier democracia europea.
Sin embargo, la reacción de buena parte de la izquierda política y mediática ha sido llamativamente contenida. No ha habido manifestaciones sobre corrupción sistémica en el PSOE, ni discursos sobre “cloacas del poder socialista”, ni exigencias masivas de dimisiones inmediatas. Tampoco se ha instalado el concepto de “trama estructural” con la intensidad que sí apareció en otros momentos de la historia reciente española con los casos de corrupción del Partido Popular.
El contraste resulta inevitable porque la memoria política española todavía conserva intacta la cobertura mediática y parlamentaria de los casos Gürtel, Kitchen, Púnica, Rato o Bárcenas, por citar algunos. Durante aquellos años, cada movimiento judicial alrededor del PP era interpretado como la prueba definitiva de una cultura política corrupta arraigada en el partido conservador.
Hoy, en cambio, parte importante de la izquierda parece esforzarse por reducir las investigaciones judiciales contra el entorno del PSOE, de Sánchez y de Zapatero a episodios individuales, errores administrativos o teorías de la conspiración promovidas por adversarios políticos y mediáticos.
La diferencia de tono no es casual. Tiene que ver con algo mucho más profundo: la dificultad de la izquierda española para aceptar que las estructuras de poder progresistas también pueden generar redes clientelares, tráfico de influencias o entornos de privilegio político-económico.
Si el caso Plus Ultra afectara a González, Aznar o Rajoy...
El ejercicio contrafactual se vuelve todavía más revelador cuando se analiza el caso Plus Ultra y Zapatero.
Si una investigación judicial hubiera situado bajo sospecha a empresarios próximos a Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy por supuestas operaciones vinculadas a rescates públicos, sociedades instrumentales, relaciones internacionales opacas y conexiones empresariales en Venezuela, el debate político español estaría probablemente paralizado desde hace semanas.
Las comparecencias parlamentarias se multiplicarían. Las editoriales hablarían de “captura del Estado”. Los socios parlamentarios de la izquierda exigirían comisiones de investigación permanentes y la presión sobre el Gobierno sería diaria.
Pero el hecho de que las sospechas apunten al entorno político de Zapatero introduce un elemento que altera completamente el ecosistema narrativo de la izquierda española. Zapatero no es simplemente un expresidente del Gobierno. Para buena parte del progresismo español sigue representando un símbolo ideológico y emocional de una determinada izquierda internacionalista, especialmente vinculada a América Latina.
Por eso el caso judicial de Zapatero y Plus Ultra resulta tan delicado dentro del propio espacio progresista.
La investigación no afecta únicamente a nombres concretos. Amenaza una narrativa política construida durante años alrededor de la superioridad ética de la izquierda frente a la derecha en materia de corrupción.
Doble rasero político
La reacción desigual ante casos similares revela un fenómeno profundamente arraigado en la política española: la tendencia a interpretar la corrupción en función de quién la protagoniza y no de la gravedad objetiva de los hechos investigados.
Cuando la sospecha afecta a la derecha, determinados sectores políticos hablan de degradación democrática estructural. Cuando afecta a la izquierda, el discurso cambia hacia la prudencia, la presunción de inocencia o las “campañas de intoxicación”.
Ese doble rasero político en España termina generando un efecto devastador porque la ciudadanía percibe rápidamente cuándo los principios políticos se aplican de forma selectiva. El problema no consiste únicamente en si existen o no responsabilidades penales. El verdadero desgaste aparece cuando amplios sectores sociales concluyen que la indignación pública depende más de la ideología del investigado que de los hechos bajo sospecha.
Zapatero y el blindaje político
José Luis Rodríguez Zapatero ha conservado durante años una posición singular dentro de la política española. Incluso después de abandonar La Moncloa, mantuvo influencia internacional, capacidad de interlocución diplomática y una imagen relativamente protegida dentro del ecosistema progresista.
Ese blindaje explica parte de la cautela con la que sectores de la izquierda afrontan las investigaciones actuales. Porque asumir plenamente la gravedad política del caso implicaría aceptar que figuras históricas del socialismo español también pudieron moverse en espacios de influencia opacos similares a los que durante décadas denunciaron en sus adversarios. Ahí aparece el principal dilema político para el PSOE.
No se trata únicamente de defenderse judicialmente. Se trata de sostener un relato moral que durante años funcionó como uno de sus principales activos electorales.
Agotamiento de la superioridad moral
La gran consecuencia de esta crisis no es solo el posible impacto judicial sobre determinados dirigentes o empresarios. El verdadero daño puede ser mucho más profundo: el agotamiento definitivo de la idea de que existen espacios políticos inmunes a las dinámicas de poder, clientelismo o influencia económica.
España entra progresivamente en una etapa donde los grandes partidos tradicionales empiezan a parecerse más entre sí en la gestión defensiva de sus escándalos que en las diferencias éticas que proclamaban cuando estaban en la oposición.
Y quizá por eso el registro judicial en Ferraz produce tanta incomodidad en determinados sectores de la izquierda porque obliga a enfrentarse a una pregunta que durante años parecía reservada únicamente para la derecha: ¿qué ocurre cuando quienes prometían regenerar el sistema terminan siendo investigados por las mismas prácticas que denunciaban? La UCO no ha estado últimamente registrando la sede del PP en la calle Génova, pero el discurso del PSOE y de la izquierda sería muy diferente al que están utilizando actualmente. No habría conspiraciones de jueces, sino que sería la mano dura de la Justicia. No se hablaría de persecuciones políticas ni de operaciones pergeñadas en lugares oscuros del poder.
La respuesta de los partidos políticos en los casos de corrupción que investigue la Justicia, en España, depende del color ideológico de los imputados y, finalmente, la corrupción no conoce de colores, sólo de tener más o menos vergüenza.