En el vasto repertorio de advertencias tecnocráticas que producen la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, el sistema de pensiones español ha pasado de ser un caso de estudio a convertirse en una obsesión recurrente. Los organismos que en su día no supieron prever la crisis financiera, que celebraron como modélicos los desequilibrios que desembocaron en el colapso de 2008 y que han bendecido experimentos de austeridad fallidos, vuelven ahora con un mensaje afinado: España gasta demasiado en las personas mayores.
El nuevo informe bienal de la OCDE lo presenta con una frialdad cruel. España será el país que más dedicará a pensiones en 2050 si no acomete reformas. A primera vista suena alarmante. A segunda, es simplemente la constatación de un país más longevo, con una protección social más completa y con un sistema que ha evitado el empobrecimiento de las personas mayores. Pero la lectura de los organismos internacionales es otra: en vez de interpretar este dato como un éxito redistributivo, lo presentan como un problema estructural que supuestamente amenaza la estabilidad económica.
Vivir más no es una crisis
El envejecimiento español no es una peculiaridad exótica que deba corregirse a golpe de recorte. Es un fenómeno compartido con casi toda Europa, consecuencia directa de mejoras sanitarias, estilos de vida más saludables y una reducción drástica de la pobreza en la vejez. Sin embargo, cuando se trata de España, los organismos internacionales adoptan un tono distinto: alarmista, inquisitivo, prescriptivo.
La OCDE contrasta el 17,3% del PIB que España podría dedicar a pensiones en 2050 con un promedio del 10% en el club de países ricos. Falta contexto: entre esos países se cuentan sistemas mixtos, fuertemente capitalizados o privatizados, cuyo coste bruto público es menor porque trasladan el gasto directamente a las familias, al ahorro individual o a fondos privados con comisiones elevadas. El gasto desaparece del presupuesto público, pero no lo hace de la economía: simplemente recae sobre los ciudadanos.
Los organismos internacionales presentan eso como “modernización”. En España, significa rebajar pensiones o retrasar jubilaciones.
Sistema generoso y eficaz
España tiene una de las tasas de reemplazo más altas de la OCDE —el 86,3% del salario previo— y eso es precisamente lo que ha permitido que las tasas de pobreza entre mayores sean de las más bajas de Europa. La llamada “generosidad” del sistema es, en realidad, una garantía de estabilidad social en un país en el que, precisamente, la estructura familiar amortigua buena parte de la vulnerabilidad económica.
Las instituciones internacionales prefieren modelos donde la pensión se calcula sobre toda la vida laboral, penalizando carreras irregulares, desempleo, temporalidad o interrupciones por cuidados. El sistema español no es una anomalía peligrosa, sino un mecanismo de protección para un mercado laboral que no es el de Dinamarca ni el de Alemania. En vez de reconocer este matiz, la OCDE lo trata como una extravagancia mediterránea que convendría disciplinar.
Factor de sostenibilidad
La obsesión tecnocrática por reintroducir mecanismos automáticos (edad ligada a esperanza de vida, recortes automáticos, ajustes paramétricos) es un viejo sueño del FMI y de algunos sectores de Bruselas: quitar la decisión del ámbito político y trasladarla a fórmulas matemáticas. Así se evitarían “costes electorales”, dicen. Lo que realmente evitarían es el debate democrático sobre cómo repartir los costes del envejecimiento.
El factor de sostenibilidad que defiende la OCDE reducirá las pensiones futuras de manera casi invisible pero constante, año tras año. Y lo hará mientras se mantienen intactas las exenciones fiscales a los planes privados y mientras el FMI elogia sistemas que han generado pobreza masiva entre los mayores, como el chileno.
Discurso del miedo
Lo más llamativo de estos informes no es tanto su contenido técnico como su intención política. Hablan de “riesgo de insostenibilidad”, “desviación estructural”, “presión fiscal creciente”. Pero omiten lo evidente. España ha financiado su sistema durante décadas sin que la tasa de sustitución se haya desplomado. El sistema ha sido capaz de absorber crisis, burbujas y recesiones porque existe un consenso social robusto en torno a la idea de que las pensiones públicas son un pilar fundamental, no un lujo contable.
La insistencia en los recortes tiene más que ver con una agenda ideológica (la reducción del tamaño del Estado, el fomento del ahorro privado, la equiparación de España a modelos nórdicos sin su estructura laboral) que con el análisis imparcial de sostenibilidad.
Los organismos internacionales saben que España no puede aplicar ya reformas traumáticas sin generar una crisis social. A pesar de ello insisten con una coherencia que resulta extraña si su preocupación real fuera la estabilidad.
Defensa de la seguridad
En última instancia, lo que está en juego no es una cifra de PIB ni una proyección actuarial: es un modelo de seguridad económica. En la mayoría de países donde se han aplicado las recetas de estos organismos, la consecuencia ha sido clara: jubilados más pobres, pensiones más dependientes del mercado y familias cargando con costes adicionales. España ha resistido esa tendencia. Y por eso, precisamente, es objeto de presión.
La OCDE, el FMI y la Comisión Europea hablan el lenguaje de la prudencia fiscal. Lo que proponen, sin embargo, es una transferencia del riesgo desde el Estado hacia el individuo. Quieren que los pensionistas españoles dependan menos del sistema público y más de su ahorro; que el coste se diluya en cuentas privadas y planes de capitalización; que lo que hoy es un derecho se convierta mañana en un producto financiero. En ese contexto, la alarma internacional no es un diagnóstico, es una estrategia.
El sistema funciona y por eso incomoda
España tiene problemas demográficos reales. Pero tiene también uno de los sistemas de protección a la vejez más efectivos de Europa. Mientras otros países sacrificaron la seguridad de sus mayores en nombre de la disciplina fiscal, España mantuvo su compromiso social incluso en tiempos de crisis.
No es un sistema perfecto, pero sí uno que evita que la vejez sea una condena. Y eso es precisamente lo que algunos organismos internacionales parecen considerar una desviación peligrosa.
Si el asalto tecnocrático pretende inclinar la balanza, conviene recordar que lo que está en juego no es una estadística, sino la columna vertebral del bienestar español: la seguridad económica de los pensionistas.