PP y PSOE se convierten en el mayor peligro para España

El Congreso de los Diputados está invadido por un aire que se ha vuelto denso, cargado, casi, de una retórica que responde más a la lógica de una campaña electoral permanente que al servicio público. España vive instalada, desde el año 2015, en un bucle político perverso: las dos grandes fuerzas del país, PSOE y PP, han hecho de la confrontación total su único lenguaje. Lo que en cualquier democracia madura sería un ejercicio rutinario, esto es, negociar y aprobar juntos los grandes asuntos de la nación y mejorar la vida de los ciudadanos, se ha convertido en una trinchera ideológica irresponsable, sobre todo en un mundo en el que la desigualdad crece y la prosperidad de los trabajadores se hunde, donde dialogar se lee como traición y pactar, casi, como rendición.

Esta incapacidad para acordar cuestiones de Estado entre las dos corrientes que aglutinan a la mayoría de la sociedad española no es un detalle menor. Es, en el contexto europeo, una auténtica anomalía. Mientras otras potencias del continente recurren con cierta naturalidad a fórmulas de gran coalición para blindar sus instituciones en momentos de incertidumbre (piénsese en la Groko alemana entre CDU y SPD, o en los pactos de investidura que Portugal ha tejido en más de una legislatura entre socialistas y el centro derecha), en España el abismo entre Génova y Ferraz no ha dejado de ensancharse. Y esa desconexión deliberada, pues bien, sitúa al país en un estado de vulnerabilidad institucional que no se puede sostener eternamente.

El origen de esta parálisis no es de ayer. Pero su agravamiento sí ha alcanzado cotas críticas tras la fragmentación del sistema parlamentario español. La desaparición de aquel bipartidismo imperfecto no trajo, como cabría esperar, una cultura de la transacción más madura. Trajo, más bien, atrincheramiento. Incapaces de mirarse a la cara y entenderse, los dos grandes partidos prefirieron buscar refugio en los extremos del mapa político, cediendo la gobernabilidad a alianzas heterogéneas, excéntricas, antinaturales y volátiles que condicionan la agenda nacional a exigencias territoriales o ideológicas nada moderadas.

Esta dinámica de pactos al límite ha ido debilitando, poco a poco, la credibilidad de las instituciones. El bloqueo sistemático en la renovación de órganos constitucionales, la judicialización de la vida política, el recurso casi automático al decreto ley: son los síntomas más visibles de un sistema que cruje. Cuando la justicia, la educación, la política exterior o el modelo territorial se convierten en campo de batalla partidista, sujetos a bandazos legislativos cada vez que cambia el ciclo electoral, la seguridad jurídica se resquebraja. Y con ella, la confianza de la gente que ve que los políticos sólo hablan de cosas de políticos mientras el salario se termina en la primera semana de mes o que para sobrevivir es necesario tener dos o más empleos.

El ciudadano de a pie observa, un poco perplejo, cómo cuestiones que de verdad importan quedan rehenes del enfrentamiento táctico del día a día. Sin visión de Estado no hay reformas estructurales duraderas. Y sin ellas, España queda mal preparada para las grandes transformaciones del siglo XXI.

Detrás de este bloqueo hay, no nos engañemos, un incentivo electoral bastante tóxico. Ambas maquinarias de partido han llegado, cada una por su lado, a la misma conclusión: movilizar a las bases no se consigue con propuestas transversales, sino demonizando al adversario. Se ha construido un relato maniqueo donde la alternancia política ya no se entiende como algo legítimo dentro de las reglas del juego, sino como una amenaza existencial para la convivencia.

Esa polarización, premeditada en buena medida, ha liquidado cualquier posibilidad de encontrar un espacio común en el centro del escenario político. Los canales de comunicación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están, sencillamente, rotos. Lo que queda es el cruce de acusaciones en las sesiones de control, poco más. Y cuando algún dirigente se atreve a sugerir acuerdos puntuales con la oposición la maquinaria mediática y los sectores más radicales de su propio espacio se apresuran a frenarlo. Una jaula de cristal ideológica de la que, o no saben, o no quieren salir.

Las consecuencias no se quedan en el Congreso. La crispación se traslada a la conversación pública, fragmenta el tejido social y alimenta la desafección hacia las instituciones. Y en ese terreno abonado, los discursos del populismo de extrema derecha y de extrema izquierda encuentran, por desgracia, condiciones perfectas para crecer.

Conviene, eso sí, no simplificar en exceso. Hay politólogos que matizan esta lectura y apuntan a algo más estructural: un sistema electoral que, con listas cerradas y circunscripciones provinciales, premia la disciplina de partido y penaliza al diputado que se sale del guion, lo que dificulta los acuerdos transversales aunque cambien las caras al frente de PSOE y PP. Otros recuerdan que España sí ha sido capaz de pactos de Estado relevantes en las últimas décadas, lo que sugiere que la parálisis actual es más coyuntural que genética y una consecuencia del nulo nivel de la clase política actual. No es, por tanto, una condena irreversible. Pero sí una tendencia que, de no corregirse, tiene fecha de caducidad para el sistema tal y como lo conocemos.

El deterioro de la vida pública española ha llegado a un punto en el que la inercia del enfrentamiento empieza a no ser sostenible. Un acuerdo de gobierno amplio, o al menos un pacto marco sobre las grandes cuestiones de Estado, no es una entelequia bienintencionada. Es, sencillamente, una exigencia pragmática para que el modelo democrático constitucional siga funcionando. Ningún país complejo puede gobernarse indefinidamente sobre el alambre de la improvisación.

Superar este estancamiento exige una valentía política de la que, hasta ahora, carecen los liderazgos españoles. Exige asumir costes electorales inmediatos con tal de proteger los intereses generales. Exige entender, de una vez, que la fortaleza del adversario democrático no es una amenaza a erradicar, sino la condición misma para que el sistema conserve su equilibrio.

Si PSOE y PP no logran alzar la vista más allá de la próxima cita electoral y trazar una hoja de ruta mínimamente común en lo que de verdad define la cohesión del país, el deterioro institucional seguirá su curso. Y no será, probablemente, un colapso dramático de la noche a la mañana. Será, más bien, el desgaste lento de las costuras... el que se produce cuando quienes tenían el deber histórico de sostenerlas prefirieron, año tras año, seguir alimentando el fuego. Y, entonces, llegará el momento en que los extremos, los que ofrecen soluciones simples a problemas muy complejos, tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda, tendrán un poder que no sabrán manejar porque el escalón que separa el activismo de la responsabilidad es demasiado alto para que gente tan mediocre logre saltarlo.