Una máxima de la política de alto nivel es que cuando las mayorías parlamentarias se agrietan y los puentes se queman en el Congreso, la última salida nunca es la rendición sino la apelación directa a las urnas. Y eso es, exactamente, lo que hizo ayer Pedro Sánchez: convocar un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y anunciar elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La fecha no es casualidad ni capricho del calendario. Es, sencillamente, la primera posible: la ley electoral exige 54 días entre la publicación del decreto de disolución en el BOE y la jornada de votación, y Sánchez ha corrido para activar ese plazo nada más consumarse el fracaso parlamentario que lo ha precipitado todo.
El pasado viernes, el Pleno del Congreso tumbó los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado apenas tres días antes. El primero, el que agrupaba las medidas contra los desahucios y la prórroga de los alquileres, cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor. El segundo, el que regulaba los contratos indefinidos de alquiler, se hundió todavía con más contundencia: 184 votos en contra. Y aquí conviene ser precisos, porque el relato de "izquierda contra derecha" se queda corto: los votos decisivos no fueron solo de PP y Vox, sino también de Junts y de UPN. El Gobierno había apostado, hasta última hora, a que los de Carles Puigdemont se desmarcarían de las derechas y salvarían al menos uno de los dos textos. No ocurrió. La ejecutiva de Junts decidió la noche del jueves votar no a ambos, exigiendo al Ejecutivo que retirase los decretos y negociara uno nuevo desde cero. Ese "no" catalán, sumado al de populares, Vox y el único escaño de UPN, certificó la mayoría simple suficiente para derogar ambas normas apenas 24 horas después de su entrada en vigor.
La reacción del Gobierno fue de rabia contenida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se mostró "muy decepcionada" y avisó de que "la historia juzgará" a quienes votaron en contra. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llegó más lejos, acusando a los tres partidos de actuar como una suerte de brazo político de los intereses rentistas frente a su propio electorado. Son palabras duras, de las que no se dicen por casualidad en un ambiente de máxima tensión. Y son, también, el primer anticipo del tono que va a marcar la campaña que arranca ahora mismo.
Tras este varapalo, la política nacional ha quedado reducido a una ecuación que, aunque el Gobierno prefiera simplificarla, es en realidad más compleja que un simple enfrentamiento binario. Sánchez ha elegido, de forma muy deliberada, hablar de una pugna entre el "progreso" y una "ola ultraderechista". Es un marco que le interesa, porque mete en el mismo saco a PP, Vox y, de paso, deja a Junts en una posición incómoda de la que sus rivales en el soberanismo no dejarán de sacar rédito. Enfrente, el PP y Vox encararán las semanas de precampaña como una consulta popular sobre la propia figura de Sánchez, vendiendo la jornada del 29N como la oportunidad histórica de desmantelar la arquitectura política que ha gobernado España en los últimos años.
La izquierda y el monográfico de la vivienda
Para el bloque progresista, transformar la cita electoral en un plebiscito sobre el derecho a la vivienda representa la única tabla de salvación capaz de rearmar a un electorado que, seamos sinceros, lleva tiempo desencantado. La estrategia de La Moncloa pasa por señalar con el dedo la herida sangrante de los precios del alquiler, y convertir la derogación de los decretos en una medalla de coherencia ideológica: "nosotros quisimos protegeros, ellos lo impidieron". La meta es clara. Poner a las familias trabajadoras y a los jóvenes frente al espejo de sus propias angustias, obligándoles a elegir entre un Gobierno que intenta, con más o menos acierto, intervenir el mercado inmobiliario, o una alianza de derechas que, en el relato socialista, queda alineada con los grandes tenedores de suelo y los fondos de inversión.
Entre las ventajas de este enfoque destaca su enorme capacidad para devolver el debate político al terreno socioeconómico, donde la izquierda suele moverse con mayor soltura que en el terreno identitario. La centralidad de la crisis habitacional en campaña permite, además, unificar a una coalición bastante maltrecha bajo una bandera común, y atraer tanto al abstencionismo urbano como a ese votante joven golpeado por la imposibilidad de emanciparse. Y, no menos importante, este eje temático actúa como un cortafuegos casi perfecto para desplazar de la primera línea informativa los frentes más desgastantes de la legislatura, desde las causas judiciales que rondan al entorno del Gobierno hasta los episodios de tensión diplomática que han salpicado los últimos meses.
Sin embargo, el riesgo de esta jugada es, cuando menos, considerable. Centrarlo todo en la vivienda implica poner el foco en una de las mayores frustraciones sociales del mandato, precisamente donde los resultados tangibles han sido escasos y la percepción de fracaso está bastante extendida. Si el electorado interpreta que la parálisis del mercado inmobiliario es responsabilidad del propio Ejecutivo y no solo del bloqueo parlamentario (y el episodio de Junts, al fin y al cabo, complica bastante ese relato de "buenos contra malos"), la bandera social de Sánchez corre el riesgo de convertirse en un reproche electoral masivo que decolore su discurso triunfalista.
PP y la extrema derecha: la enmienda al sanchismo
En la acera opuesta, la estrategia diseñada en Génova y en la sede de Vox no busca, en realidad, debatir sobre el precio del metro cuadrado. Busca convocar a una marea cívica para erradicar, de una vez al sanchismo de las instituciones. Para la derecha estatal, el 29 de noviembre no va de políticas públicas concretas, sino de la supervivencia de la propia arquitectura constitucional. Su relato presenta la cita electoral como la oportunidad definitiva para cerrar una etapa marcada, según su diagnóstico, por la cesión constante ante el independentismo, el uso partidista del Estado y el deterioro de la convivencia cívica.
El principal punto a favor de esta narrativa es su probada eficacia para aglutinar el voto de protesta y movilizar a la España conservadora de forma bastante disciplinada. Enmarcar el 29N como un plebiscito sobre la figura del propio Sánchez conecta con la antipatía que genera en amplios sectores de la población, facilitando la concentración del voto útil en torno a Alberto Núñez Feijóo. Y aquí conviene señalar algo que la prensa ya ha empezado a apuntar: la vivienda, un terreno en el que los barones populares se mueven con comodidad —sobre todo tras el episodio de los decretos—, se ha convertido de pronto en un eje del relato electoral que el PP no esperaba controlar tan pronto. Al elevar el tono del choque hacia términos de regeneración democrática y cambio de régimen, la derecha logra, de paso, disimular sus propias divisiones internas y evitar el terreno más embarrado de las propuestas económicas concretas.
No obstante, esta táctica de confrontación total tiene un inconveniente nada menor. Al plantear las urnas como un juicio ético y personal sobre Pedro Sánchez, la oposición corre el riesgo de caer en la sobreactuación, desconectando del votante de centro moderado que, aun contemplando con pragmatismo los fallos de la legislatura, teme la inestabilidad de un futuro Ejecutivo condicionado por la agenda más radical de Vox. Y una campaña monopolizada por el rechazo identitario deja, además, desprotegido el flanco de los problemas materiales, permitiendo que la izquierda reclame para sí el monopolio de las soluciones al bolsillo de las clases medias.
Hay, sin embargo, una tercera pieza en este tablero que ni el relato de Sánchez ni el de Feijóo logran encajar del todo: Junts. El partido de Puigdemont no comparte ni el diagnóstico del Gobierno ni el de las derechas sobre la vivienda; votó en contra de los decretos no por alinearse con PP y Vox, sino por exigir una negociación propia que el Ejecutivo, según su versión, no estaba dispuesto a dar. Esa posición intermedia complica el intento socialista de pintar un bloque monolítico de "ola ultraderechista" frente al "progreso", y deja a Junts en una posición que tendrá que defender con matices durante toda la campaña, lejos tanto de Moncloa como de Génova.
La sombra de 2015 y 2019
Conviene, además, no perder de vista la memoria reciente. España ya vivió, entre 2015 y 2019, una estapa de inestabilidad parlamentaria con hasta cuatro citas electorales generales, dos de ellas separadas por apenas seis meses en 2019. Aquel bucle dejó una lección incómoda para ambos bandos: ni la repetición electoral garantiza mayorías más claras, ni el desgaste de volver a votar beneficia automáticamente a quien la provoca. De hecho, algunos analistas ya apuntan a un riesgo de fatiga democrática, con una participación que podría resentirse, sobre todo si hay que repetir las generales con el horizonte de los procesos electorales autonómicos y municipales que ya tenían marcada su propia fecha en el calendario de 2027.
Ese solapamiento de citas no es un detalle menor. Los barones territoriales del PP, que llevan meses preparando sus propias campañas autonómicas, ven con cierta inquietud cómo el adelanto general les obliga a repartir recursos, focos mediáticos y agenda entre dos batallas casi simultáneas. Y en el bando socialista ocurre algo parecido: una campaña generalista centrada en la vivienda puede eclipsar, para bien o para mal, el relato local que muchos barones territoriales del PSOE llevaban meses construyendo de cara a sus propios comicios.
Dos plebiscitos cruzados
El choque, en definitiva, está servido. Mientras La Moncloa confía en que la indignación por el coste de la vida pese más en la papeleta que el ruido de los tribunales y la factura del episodio de Junts, Génova apuesta todo a que la fatiga institucional de la ciudadanía sea lo bastante intensa como para barrer al bloque de la investidura.
El resultado del 29 de noviembre dependerá, en buena medida, de qué relato logre imponer su hegemonía en la mente del electorado indeciso, que en España suele decidirse en las últimas dos semanas de campaña. Si triunfa el encuadre de la izquierda, la cita se recordará como el momento en que el derecho a un hogar frenó una ola reaccionaria. Si vence la tesis de la derecha, el otoño marcará el acta de defunción de una de las etapas más convulsas de la democracia reciente. Y si, como no sería la primera vez en la política española de los últimos años, ningún bloque logra una mayoría clara, España podría encontrarse de nuevo ante el mismo bucle de pactos imposibles que ha llevado precisamente a esta repetición electoral.
En cualquier caso, el país se encamina hacia ocho semanas de tensión máxima, donde no habrá demasiado margen para las medias tintas. Y donde, paradójicamente, el tema que ha hecho estallar la legislatura (un techo digno y a precio razonable) corre el riesgo de quedar, una vez más, enterrado bajo el ruido de la pelea por el relato.
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