Imaginar una España gobernada por Vox implica enfrentarse a un escenario donde la arquitectura democrática construida desde 1978 quedaría sometida a la mayor tensión de su historia contemporánea. Aunque Vox se presenta como una opción institucional, su programa, su retórica y sus referentes internacionales dibujan un proyecto político incompatible con algunos de los principios esenciales de la democracia liberal: la separación de poderes, el pluralismo, la protección de las minorías, la autonomía territorial y la existencia de contrapesos que limiten el poder Ejecutivo. El país, en manos de una fuerza de extrema derecha con vocación recentralizadora y pulsiones autoritarias, viviría una transformación profunda con consecuencias potencialmente irreversibles.
El elemento más significativo es la recentralización del Estado, que Vox entiende no como una reforma administrativa, sino como una rectificación histórica. La abolición de facto del Estado autonómico supondría desmantelar el pacto territorial que ha sostenido la estabilidad política durante cuatro décadas. Al eliminar competencias esenciales de las comunidades autónomas, se rompería un equilibrio constitucional que, con todas sus imperfecciones, ha funcionado como un pilar de convivencia. Obligar a regiones con identidades lingüísticas y culturales fuertes a someterse a un mando único no solo desencadenaría tensiones de enorme magnitud, sino que abriría la puerta a un uso coercitivo del poder estatal para imponer una visión homogénea del país.
La recentralización, sin consenso territorial ni apoyo social amplio, no tendría un carácter meramente administrativo: sería un proyecto profundamente antidemocrático, que convierte la unidad política en un dogma y reduce la pluralidad interna del país a un problema que debe ser corregido. La democracia española, concebida, en principio, sobre la diversidad, quedaría amputada de una de sus columnas vertebrales.
En el plano económico, el programa de Vox propone una revolución fiscal radical unida al desmantelamiento de políticas públicas esenciales. El Estado perdería capacidad regulatoria y recursos para sostener servicios básicos. Pero, más allá del debate técnico, lo relevante desde un punto de vista democrático es cómo estas medidas concentrarían poder en el Ejecutivo. Un Gobierno capaz de imponer recortes masivos, sin contrapesos autonómicos ni controles institucionales fuertes, se movería hacia un modelo hiperpresidencialista donde el mando único adquiere un protagonismo inédito. La austeridad radical, unida a una estructura estatal centralizada, no solo dejaría a millones de ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que debilitaría a los actores que equilibran el poder nacional.
La deriva autoritaria, que las crisis económicas y la falta de respuesta de los partidos tradicionales han provocado que sea anhelada por muchos ciudadanos, podría manifestarse también en el terreno simbólico y cultural. El proyecto de Vox sobre la identidad nacional no es inclusivo; es excluyente. Presenta la diversidad como una amenaza, la inmigración como un problema estructural y la diferencia cultural como una anomalía que debe corregirse. La derogación de leyes de igualdad y protección de minorías, junto con la imposición de un marco educativo centralizado que exaltaría la historia nacional desde una óptica unívoca, marca un retroceso incompatible con el pluralismo democrático. Este tipo de políticas, que buscan moldear la sociedad desde un ideal homogéneo y moralmente uniforme, se alinea con las prácticas de gobiernos iliberales que, bajo la apariencia de restaurar el orden, han estrechado progresivamente el espacio de derechos y libertades.
La retórica de Vox frente a la inmigración, que enmarca a colectivos enteros como potenciales amenazas y asocia extranjería con criminalidad, introduce un relato que divide a la sociedad en ciudadanos legítimos y ciudadanos sospechosos. Cuando un gobierno adopta este marco, el resultado no es solo un endurecimiento de las políticas migratorias, sino una transformación de la cultura política: se normaliza la idea de que ciertas personas merecen menos derechos. Y cuando se admite esa lógica, la democracia pierde uno de sus principios esenciales: la igualdad de dignidad ante la ley.
Los referentes internacionales muestran un patrón inquietante. Trump, Milei y Bukele, a quienes Vox observa con simpatía, comparten un denominador común: la tendencia a erosionar contrapesos institucionales, debilitar a los tribunales, confrontar permanentemente con la prensa crítica y presentar cualquier oposición como una amenaza al “pueblo real”. Vox reproduce este marco discursivo con precisión: denuncia “el consenso progre”, deslegitima a organismos independientes, acusa a medios de manipulación y presenta a jueces y administraciones autonómicas como obstáculos a la voluntad popular.
Si este marco se convirtiera en política de Estado, España podría avanzar hacia una forma de democracia iliberal, en la que se mantienen las elecciones pero se vacía progresivamente el contenido constitucional que garantiza libertades, derechos y separación de poderes. La historia reciente muestra que las democracias no suelen morir mediante golpes de Estado, sino mediante erosiones lentas, legales y progresivas desde el interior del propio sistema. Lo que está en juego no es un cambio de gobierno: es la naturaleza misma del régimen político.
La prensa libre, tanto los de línea editorial conservadora como progresista, también se vería sometida a presión e, incluso, persecución, tal y como se comprueba con las medidas adoptadas por Donald Trump contra, por ejemplo, CNN, Washington Post, New York Times, Político o la agencia Associated Press. Vox ha sido reiteradamente hostil con los medios críticos, y no es difícil imaginar un escenario donde se intensifican los ataques institucionales y el señalamiento a periodistas, se reducen líneas de publicidad públicas, se reorganizan organismos reguladores o se modifican normativas de transparencia para limitar el acceso a la información. Sin una prensa fuerte y sin contrapesos regionales, el Ejecutivo ganaría un margen de maniobra peligroso para cualquier democracia consolidada.
En este contexto, el mayor riesgo no sería una ruptura súbita, sino una transformación progresiva. España podría mantener elecciones, Parlamento y Constitución, pero ver cómo sus elementos esenciales se debilitan hasta convertirse en estructuras formales sin contenido real. Un gobierno de Vox, sustentado en mayorías suficientes o pactos oportunistas, introducirá cambios legislativos que, acumulados, configurarán un país donde la democracia seguiría existiendo nominalmente, pero no como el sistema liberal, abierto y plural que ha definido las últimas cuatro décadas.
La combinación de recentralización, identidad excluyente, políticas de mano dura, retórica antagonista, debilitamiento de contrapesos y erosión progresiva de libertades conforma un escenario coherente y peligroso. Y es precisamente esta coherencia lo que convierte el proyecto de Vox en una amenaza para la supervivencia plena del sistema democrático. La democracia no solo es sufragio: es pluralidad, diversidad, Estado de derecho, protección de minorías y límites al poder. Allí donde estos elementos se desmantelan, aunque sea de manera gradual, la democracia empieza a dejar de serlo.
La distopía da miedo. Una España gobernada por Vox no implicaría simplemente un giro ideológico, sino la entrada en un proceso de desgaste democrático que podría, a medio plazo, reconstruir el país sobre los pilares de una política autoritaria. España, con su historia reciente y su pluralidad interna, no es un terreno inmune. La democracia española puede romperse desde dentro. Y el programa de Vox ofrece, punto por punto, un camino claro hacia esa fractura.