Zapatero figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el régimen chavista. “El expediente, ligado a un tribunal federal de Nueva York, incluye a otros dos españoles, así como conocidos referentes de la izquierda internacional a los que se atribuye una intensa labor de influencia dirigida a conferir a la dictadura venezolana una apariencia democrática en foros globales”, según informa Vozpopuli.
Según este medio digital, hay, de hecho, “detalles que apuntan al conocimiento en Estados Unidos de su poder en la sombra” [sobre ZP], entre los que destacan menciones a agentes de Policía de la confianza de Moncloa durante los mandatos del expresidente socialista, “al que se designa en informes estadounidenses como ‘sujeto de interés’, en lo que sugiere un conocimiento cabal de la estructura de influencia atribuida al exjefe del Ejecutivo”.
Según este diario, “al margen de las aportaciones de informaciones remitidas desde España a EEUU sobre las actividades del exjefe del Gobierno, en la Administración Trump existía cierto temor ante la posibilidad de que el estatus de Zapatero frustrara la investigación judicial en torno a su figura. Se habló incluso de la posibilidad de que se eliminaran pruebas y, sobre todo, de que la política se metiera en todo esto para crear la idea de que la investigación encerraba una motivación política vinculada a las complejas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, y muy especialmente a la pésima opinión de Trump y su gabinete respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez”.
Tal como informa el citado medio, “que tanto el juez José Luis Calama como el fiscal Anticorrupción, Javier Luzón, hayan impulsado el proceso, supone una garantía sobre la solvencia de las instituciones españolas, porque es la mejor manera de acabar con especulaciones sobre una supuesta ideologización de esta causa”, añaden las fuentes estadounidenses consultadas.
La estrategia de Estados Unidos sobre Zapatero se ha ceñido sobre todo a las actividades del expresidente en el plano internacional, singularmente en su papel de activo global para el blanqueamiento de la dictadura bolivariana, su implicación en la tramoya de la Internacional Socialista, que preside Sánchez desde noviembre de 2024, y en un rol transnacional que va mucho más allá de su presunta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano, añade Vozpopuli.
Los contactos con el régimen de Nicolás Maduro forman parte desde tiempo atrás de la investigación impulsada por EEUU sobre los vínculos entre la cúpula chavista y las redes del narcotráfico. Destaca, “por ejemplo, la demanda contra el entramado chavista, formalizada por Washington en un tribunal de Florida el 14 de agosto de 2025, que se basa en la llamada Rico Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado y las mafias de la droga”. Esta ley prevé el rastreo de las actividades de todas las personas relacionadas con los propios investigados.
“La iniciativa procesal, que parte de la Fiscalía, centró sus pesquisas en indagar el presunto grado de colaboración de los incluidos en la nómina con el narcoestado venezolano y si estos vínculos han podido suponer para ellos un presunto enriquecimiento ilícito, algo que ahora trata de dilucidar en Madrid la propia Audiencia Nacional”.