El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha tomado la determinación de abrir una pieza separada dentro del ya complejo entramado del caso Plus Ultra para investigar de manera formal al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta nueva derivación procesal pone el foco sobre presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública, un giro de los acontecimientos que introduce una enorme presión sobre el panorama político actual y añade un capítulo sumamente espinoso a la crónica de la actual legislatura.
La tormenta jurídica y política se desató tras el registro efectuado el pasado 19 de mayo en la oficina del exjefe del Ejecutivo. En dicha intervención, las fuerzas de seguridad hallaron un lote de joyas de alta gama cuyo origen, según el auto judicial al que Diario Sabemos ha tenido acceso, no se encuentra justificado en estos momentos. Una tasación pericial preliminar ha fijado el valor de estas piezas en una cifra que asciende a 1.323.915 euros, una cantidad que por sí misma dinamita cualquier intento de rebajar la trascendencia del asunto y coloca la imputación a Rodríguez Zapatero en el centro de una inevitable batalla de argumentarios entre las distintas fuerzas parlamentarias.
El juez Calama sostiene que la posesión de bienes de lujo de tan elevado valor, combinada con una absoluta ausencia de trazabilidad fiscal sobre cómo fueron adquiridos, representa un indicio objetivo y racional de un fraude tributario de gran relevancia. En la lógica del magistrado, el movimiento o la compra de este tipo de piezas genera de manera automática obligaciones fiscales vinculadas al IVA, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a Sucesiones y Donaciones o al IRPF. Al no existir constancia de tales liquidaciones, la Justicia infiere que la cuota supuestamente defraudada supera con creces el umbral penal de los 120.000 euros, lo que encaja de lleno en los supuestos que castiga el Código Penal para el delito contra la Hacienda Pública.
La vertiente económica del auto resulta especialmente dañina para la línea de flotación del relato político del expresidente. El instructor detalla que la Agencia Tributaria se vería facultada para aplicar a estas joyas la consideración de una ganancia patrimonial no justificada dentro del IRPF, lo que implicaría un tipo marginal cercano al 46%. Pero el golpe definitivo al debate público llega con la acusación de delito de contrabando. El magistrado argumenta que la entrada y circulación de este patrimonio en España, sin facturas ni documentos aduaneros que acrediten el pago de aranceles o impuestos de importación, hace sospechar que los objetos burlaron, presuntamente, los controles fronterizos de la Unión Europea. Al rebasar ampliamente el límite legal de 150.000 euros estipulado para este tipo penal, el caso adquiere una gravedad extrema que desborda el ámbito puramente administrativo.
En el plano estratégico y organizativo de la Audiencia Nacional, la creación de esta pieza separada responde a la necesidad de evitar lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo define como la "elefantiasis procesal". La causa principal del caso Plus Ultra avanza por ramificaciones sumamente complejas que engloban delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Sin embargo, al entender el juez que este millonario hallazgo de joyas posee una naturaleza y una estructura totalmente autónomas que de momento salpican de manera exclusiva al exlíder socialista, se ha optado por una vía de investigación independiente para no dilatar el proceso global.
El impacto en la agenda pública será inmediato y de gran intensidad, dado que el juez ha citado a declarar a Rodríguez Zapatero por estos nuevos cargos los próximos días 17 y 18 de junio, haciéndolos coincidir con las comparecencias que ya tenía programadas para la pieza matriz. Aunque el auto recuerda de manera explícita que el investigado cuenta con todo el espacio procesal necesario para aportar la documentación que aclare la lícita adquisición o importación de los bienes y así disipar cualquier sombra de sospecha, la dimensión del choque institucional ya es un hecho.