Desigualdad y brecha salarial: los datos oficiales desmontan el relato de Sánchez y Feijóo

Los programas de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio ofrecen respuestas distintas para terminar con la desigualdad y la brecha salarial, pero ninguna medida garantiza por sí sola que la prosperidad llegue a la mayoría

22 de Noviembre de 2026
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Brecha Salarial
Imagen creada con la herramienta Magnific de Inteligencia Artificial

La economía puede crecer, el empleo puede aumentar y el salario mínimo puede encadenar subidas sin que todos los trabajadores perciban la misma mejora. Esa es la contradicción que atraviesa el debate sobre la brecha salarial en España y que adquiere una dimensión política en la recta final de la campaña del 29 de noviembre. La discusión ya no se limita a cuánto gana un trabajador. Se centra en qué distancia se encuentra su nómina de la de quienes ocupan los escalones superiores de la distribución salarial y en cuánto puede comprar con ella después de años de inflación.

El indicador P90/P10 permite observar esa distancia, dado que ompara el salario situado en el percentil 90 con el del percentil 10. Los datos del INE sitúan la relación en 3,4 en 2018 y en 3,9 en 2024. Para las mujeres pasa de 4,4 a 5,1. Mientras, para los hombres aumenta de 3,3 a 3,8. Son cifras que apuntan a una desigualdad más acusada en la distribución femenina aunque conviene precisar que la tabla aportada no identifica una publicación estadística concreta que permita reproducir exactamente esa serie. El INE sí publica percentiles e indicadores de desigualdad salarial y advierte de que las mujeres están más concentradas en los niveles bajos de remuneración.

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el salario medio anual alcanzó los 29.540,26 euros en 2024. La media masculina fue de 32.057,55 euros. Y la femenina, de 26.904,90 euros. El salario promedio de las mujeres equivalía al 83,9% del de los hombres. El organismo estadístico recuerda, sin embargo, que estas diferencias también están relacionadas con factores como la jornada, el tipo de contrato, la ocupación y la antigüedad. No basta, por tanto, con atribuir toda la distancia a una discriminación salarial directa para explicar el fenómeno.

Inflación y salarios: la diferencia entre cobrar más y vivir mejor

La segunda dimensión del problema es el poder adquisitivo. Una subida salarial nominal no representa necesariamente una mejora real si los precios avanzan al mismo ritmo o más deprisa. Según el INE, la inflación acumulada entre 2018 y 2024 es del 20,2% y un 28,1% la registrada hasta octubre de 2026.

La consecuencia económica, en cualquier caso, es clara. El salario debe medirse también por su capacidad de compra. Un sueldo de 20.000 euros no conserva el mismo valor real después de varios años de encarecimiento de la cesta de la compra, la vivienda, la energía y los servicios. Además, el impacto no es idéntico en todos los hogares. Quienes destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentación, transporte y suministros tienen menos margen para absorber nuevas subidas.

La comparación entre los tramos salariales del INE sostiene que el poder adquisitivo cayó un 15,8% entre 2018 y 2024, pero esa cifra requiere una revisión metodológica. Una inflación acumulada del 20,2% implica que el coste de mantener la misma cesta aumenta en esa proporción. La pérdida equivalente de capacidad de compra de una cantidad fija de dinero sería aproximadamente del 16,8%. La diferencia no es menor cuando se utiliza la estadística para construir un argumento político.

El salario mínimo: una mejora real con un efecto de compresión

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es uno de los cambios más visibles de los últimos años y una de las banderas electorales de Pedro Sánchez. En 2018 se situaba en 735,90 euros mensuales en 14 pagas. En 2026 alcanza los 1.221 euros. El incremento nominal es cercano al 66%, un 75% si sumamos la subida del SMI aprobada en el último Consejo de Ministros.

Ese avance ha elevado el suelo salarial y ha mejorado los ingresos de quienes se encontraban en los niveles más bajos. Pero también ha abierto una discusión sobre el llamado efecto de compresión salarial, esto es, cuando el mínimo aumenta y los salarios inmediatamente superiores no avanzan al mismo ritmo, las diferencias entre categorías profesionales pueden estrecharse. El resultado puede ser una concentración mayor de trabajadores en torno a los niveles bajos de remuneración. Mientras, los salarios más elevados mantienen una distancia considerable.

Un análisis riguroso de los datos del INE atribuye a esta tendencia un aumento del peso de los trabajadores que cobran hasta dos veces el SMIy que el número de ocupados con remuneraciones iguales o próximas al mínimo habría crecido un 34%.

La contradicción es evidente. Elevar el suelo salarial puede reducir la distancia en la parte inferior de la distribución pero no implica necesariamente que se cierre la brecha entre los extremos. Para conseguirlo hacen falta también mejoras de productividad, negociación colectiva, formación, estabilidad laboral y progresión profesional.

PSOE y PP: dos caminos fiscales frente a la desigualdad

La brecha salarial se ha convertido en un argumento para defender modelos fiscales diferentes. El PSOE propone aumentar la tributación de las rentas del capital más elevadas, manteniendo los dos primeros tramos y elevando progresivamente el tipo hasta el 35% para ingresos superiores a 300.000 euros. Su programa también plantea una Ley de Salarios Justos con mayor tributación para empresas cotizadas en las que la remuneración del máximo ejecutivo supere cien veces la mediana salarial de la plantilla y un crédito fiscal reembolsable por descendientes para hogares con rentas medias y bajas.

El PP, por su parte, plantea deflactar el IRPF para evitar que la inflación eleve la factura fiscal cuando los salarios suben solo para compensar los precios. Su programa incluye un IVA del 0% para alimentos básicos mientras persista la crisis inflacionaria, una reducción del IVA energético, mayores mínimos personales y familiares y ventajas fiscales para jóvenes de entre 18 y 35 años durante sus primeros años de tributación. También propone que el umbral exento de IRPF para quienes cobran el SMI se actualice automáticamente.

Son dos estrategias distintas. El PSOE pretende reforzar la progresividad sobre las rentas altas y el capital, además de introducir incentivos vinculados a la desigualdad dentro de las empresas. El PP pone el acento en reducir la carga fiscal de hogares, trabajadores y jóvenes y en proteger su renta disponible frente a la inflación. El efecto final dependerá del diseño, el coste presupuestario y la incidencia real de cada medida.

Vox y Frente Amplio: rebajas generales frente a mayor presión sobre las grandes fortunas

El debate se amplía con las propuestas de Vox y Frente Amplio. Plantean dos orientaciones fiscales diferentes. Vox defiende una reducción general del IRPF vinculada, entre otros factores, al número de hijos, rebajas del IVA y un tipo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades. También propone medidas específicas para autónomos y una reducción de la fiscalidad energética. El efecto distributivo de estas rebajas dependería de cuánto ahorre cada hogar, de su nivel de consumo y de cómo se compensen los menores ingresos públicos.

Frente Amplio plantea reducir el IRPF para salarios de hasta 27.000 euros y elevar los tipos marginales de las rentas superiores a 300.000 euros, además de establecer una tributación específica para grandes patrimonios. Su propuesta busca trasladar una mayor parte de la carga fiscal hacia las rentas y los activos de mayor valor. También contempla cambios en la tributación de sociedades inmobiliarias y viviendas turísticas.

En ambos casos, las consecuencias no pueden darse por demostradas antes de aplicar las medidas. Una rebaja del IVA puede beneficiar proporcionalmente más a hogares que dedican una parte importante de su presupuesto al consumo básico, pero también supone una reducción de ingresos públicos. Una subida sobre las rentas altas puede aumentar la progresividad, aunque su capacidad recaudatoria dependerá de las bases imponibles, las respuestas de los contribuyentes y el diseño normativo.

La comparación entre programas exige, por tanto, algo más que enfrentar porcentajes. La pregunta decisiva es quién recibe el alivio fiscal, quién soporta el coste y qué servicios públicos pueden financiarse después de los cambios.

La igualdad salarial no se resuelve solo desde Hacienda

La política fiscal puede redistribuir renta disponible pero no sustituye a una política laboral capaz de mejorar los salarios desde su origen. La brecha entre hombres y mujeres, por ejemplo, está relacionada con la concentración femenina en empleos peor remunerados, la parcialidad, las interrupciones de carrera y la distribución desigual de los cuidados. El INE constata que en 2024 el 49,8% de las asalariadas se encontraba en los deciles salariales inferiores al quinto frente al 30,8% de los hombres. En los deciles superiores, la proporción masculina era mayor.

La respuesta requiere políticas de conciliación, formación, transparencia retributiva y promoción profesional. Además de medidas contra la discriminación. También exige vigilar que las subidas del salario mínimo no terminen convirtiéndose en el único mecanismo de mejora para quienes ocupan los puestos peor pagados.

La campaña del 29-N enfrenta, en definitiva, a distintas interpretaciones sobre cómo repartir los frutos del crecimiento. Pero la desigualdad no desaparecerá por la fuerza de un eslogan ni por la aprobación aislada de una rebaja fiscal o un nuevo gravamen. Será necesario comprobar qué ocurre con los salarios reales, la distribución de los ingresos, la productividad y las oportunidades de progresar.

La verdadera medida de la prosperidad no es cuánto aumenta una nómina sobre el papel, es cuánto mejora la vida de quien la recibe y qué distancia le separa de quienes más ganan. Entre la promesa electoral y ese resultado hay presupuestos, decisiones laborales y reformas que deberán rendir cuentas porque los relatos económicos pueden ordenar una campaña. Son los datos y la experiencia cotidiana de los trabajadores los que terminan poniendo a prueba su credibilidad.

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