La prisa contra la democracia

Basta observar cualquier gesto cotidiano para comprender hasta qué punto nuestra relación con el tiempo ha cambiado. Consultamos una duda y esperamos una respuesta inmediata, compramos cualquier producto y nos impacientamos si no llega al día siguiente, leemos un titular y queremos conocer las consecuencias antes incluso de que los hechos hayan terminado de desarrollarse. Hemos construido una sociedad extraordinariamente eficaz para reducir las esperas y simplificar procesos, y casi sin darnos cuenta hemos terminado trasladando esa misma lógica a ámbitos que funcionan de acuerdo con reglas muy distintas, entre ellos la política, la justicia y las propias instituciones democráticas.

Jamás habíamos dispuesto de tanta tecnología para ahorrar tiempo y, sin embargo, pocas veces habíamos mostrado tanta dificultad para aceptar que algunas de las cosas más importantes siguen necesitando una cierta lentitud. Lo que durante generaciones se entendía como parte natural del funcionamiento de una sociedad compleja comienza a percibirse ahora como un defecto, una anomalía o, directamente, como una muestra de ineficacia.

La cultura de la inmediatez ha terminado convirtiéndose en algo más que un hábito tecnológico. Se ha transformado en una manera de observar la realidad y de medir el rendimiento de instituciones que no fueron concebidas para funcionar a la velocidad de una notificación.

Una sociedad que ya no sabe esperar

Durante mucho tiempo, la espera estuvo incorporada a la experiencia cotidiana. Había que esperar una resolución administrativa, el resultado de una oposición, una sentencia judicial, una negociación política o incluso una conversación importante. A nadie le gustaba esperar, naturalmente, pero existía una comprensión compartida de que determinados procesos requerían tiempo para desarrollarse correctamente, hoy esa percepción parece haberse debilitado.

Vivimos rodeados de herramientas diseñadas para eliminar cualquier fricción temporal y eso ha generado una expectativa difícil de sostener cuando salimos del entorno digital. Si podemos resolver una gestión bancaria en segundos, acceder a enormes cantidades de información de forma instantánea o comunicarnos en tiempo real con cualquier persona situada al otro lado del planeta, terminamos preguntándonos por qué los parlamentos tardan meses en aprobar determinadas leyes, por qué los tribunales necesitan años para resolver algunos procedimientos o por qué las administraciones continúan funcionando a ritmos que nos resultan desesperadamente lentos.

Lo comprensible es plantear esa pregunta, lo preocupante es olvidar que muchas veces las razones de esa lentitud tienen que ver precisamente con las garantías que exigimos a las instituciones democráticas. La democracia e inmediatez son conceptos que conviven con creciente dificultad porque pertenecen a lógicas distintas. La primera necesita deliberación, negociación y contraste; la segunda premia la reacción inmediata y la satisfacción instantánea.

La política atrapada en la velocidad

Da la sensación de que la política vive desde hace años en una carrera imposible. Cada mañana surge una nueva polémica, una nueva exigencia de respuesta inmediata o una nueva controversia que obliga a pronunciarse antes incluso de que exista tiempo suficiente para comprender exactamente qué ha ocurrido.

Gobernar siempre fue una tarea compleja, pero hoy además parece haberse convertido en una actividad sometida a la misma aceleración permanente que caracteriza a las redes sociales. Un dirigente que se toma tiempo para estudiar un problema corre el riesgo de parecer indeciso. Una formación política que debate internamente antes de fijar posición puede ser acusada de lentitud. Un Gobierno que intenta construir consensos amplios es señalado por falta de determinación. La consecuencia es visible en buena parte de las democracias occidentales. Los ciclos políticos son cada vez más cortos, la presión mediática más intensa y la tentación de sustituir las decisiones estratégicas por respuestas inmediatas mucho mayor. La velocidad se ha convertido en una exigencia ciudadana legítima, pero también en una trampa para la propia democracia.

Porque las reformas que transforman de verdad una sociedad rara vez producen resultados inmediatos. La extensión de derechos, la construcción del Estado del bienestar o la consolidación de grandes consensos sociales fueron procesos largos, llenos de conflictos, rectificaciones y negociaciones. Ninguno de ellos habría sobrevivido a una cultura política obsesionada exclusivamente con los resultados instantáneos.

La Justicia no puede funcionar como una aplicación móvil

Probablemente sea en el ámbito judicial donde esta tensión se manifiesta con mayor claridad. La frustración que generan los retrasos judiciales es perfectamente comprensible. Cualquier ciudadano que haya tenido que esperar meses o incluso años una resolución que afecta a su empleo, a su vivienda, a sus relaciones familiares o a su actividad económica sabe hasta qué punto el tiempo puede convertirse en una forma de desgaste.

Sin embargo, existe una cuestión de la que se habla bastante menos. La Justicia no puede funcionar como una red social precisamente porque su razón de ser consiste en garantizar algo que requiere tiempo. El derecho de defensa, la valoración de las pruebas, la posibilidad de recurrir resoluciones y la protección frente a decisiones arbitrarias. Eso no significa conformarse con los retrasos ni aceptar una administración judicial saturada. Significa reconocer que existe una diferencia esencial entre agilizar los procedimientos y vaciar de contenido las garantías que justifican su existencia.

La rapidez es una ventaja tecnológica. La garantía sigue siendo una conquista democrática

El riesgo de la impaciencia democrática

Quizá el asunto más preocupante no sea institucional, sino cultural. Cuando una sociedad se acostumbra a vivir bajo la lógica de la inmediatez acaba desarrollando una creciente intolerancia hacia cualquier proceso que requiera tiempo. Y cuando esa impaciencia se proyecta sobre la política, la justicia o la administración pública, aumenta inevitablemente la frustración ciudadana.

En ese contexto prosperan con facilidad quienes ofrecen soluciones rápidas para problemas complejos, quienes prometen atajos frente a la negociación democrática o quienes presentan las garantías institucionales como obstáculos innecesarios que simplemente ralentizan la toma de decisiones. La historia demuestra que ese tipo de promesas suelen resultar tan atractivas como peligrosas.

Porque las democracias necesitan instituciones más eficaces, más ágiles y mejor adaptadas a las demandas del presente. Pero también necesitan ciudadanos capaces de comprender que algunas decisiones importantes requieren tiempo precisamente porque afectan a derechos, intereses y libertades que merecen ser protegidos. La cultura de la inmediatez nos ha ayudado a resolver muchas tareas cotidianas con una eficacia impensable hace apenas unas décadas. El problema aparece cuando empezamos a creer que toda espera es inútil y que toda lentitud constituye necesariamente un fracaso.

Puede que una parte de la frustración que atraviesa nuestras sociedades nazca precisamente de esa contradicción. Hemos conseguido que la tecnología elimine muchas esperas de nuestra vida cotidiana y hemos terminado creyendo que todas ellas eran prescindibles. Sin embargo, algunas cosas siguen necesitando tiempo. La justicia necesita tiempo, los acuerdos necesitan tiempo, la deliberación necesita tiempo y,  las democracias también lo necesitan. No porque sean ineficaces, sino porque las garantías que protegen nuestras libertades rara vez pueden construirse a la velocidad de una notificación.