La posibilidad de que el precio de la gasolina alcance los 3 euros por litro ya no es un escenario de ciencia ficción. La volatilidad del mercado del petróleo, las tensiones geopolíticas y la fragilidad de la oferta mundial han puesto sobre la mesa un escenario que, de materializarse, tendría consecuencias devastadoras para la economía española. Los expertos coinciden: un precio de ese calibre desencadenaría una crisis comparable a la de los años 70, cuando el primer gran shock del petróleo paralizó a Europa, disparó el paro y hundió la actividad económica.
Hoy, con una economía mucho más dependiente del transporte por carretera y con márgenes familiares más estrechos, el impacto sería incluso más profundo. El combustible es un insumo transversal. Afecta al transporte de mercancías, a la logística, a la agricultura, a la pesca, a la industria y a los servicios. Por eso, cuando sube, arrastra al resto de la economía.
Un precio de 3 euros por litro sería un shock inflacionario inmediato y de gran magnitud. No estamos hablando de una subida puntual, sino de un salto que desestabilizaría toda la cadena de costes. La inflación podría repuntar entre dos y tres puntos en cuestión de semanas. Los alimentos frescos serían los primeros en encarecerse. El transporte por carretera, que mueve más del 90 por ciento de las mercancías en España, vería cómo sus costes se disparan entre un 20 y un 40 por ciento. Las empresas trasladarían ese incremento a los precios finales, alimentando una espiral inflacionaria difícil de contener.
Para las familias, el impacto sería directo y doloroso. Un conductor medio que recorre 12.000 kilómetros al año pasaría de gastar unos 1.500 euros en combustible a más de 2.800. Es un incremento que muchas familias no podrían asumir. Especialmente en zonas rurales o periurbanas, donde no hay alternativas reales al coche privado.
El consumo interno, ya debilitado por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, sufriría un frenazo inmediato. Restauración, ocio, tecnología, moda y turismo serían los primeros sectores en notar la caída del gasto. El paralelismo con la crisis del petróleo de 1973 es inevitable. Entonces, el encarecimiento abrupto del crudo provocó una recesión global, un aumento masivo del desempleo y una década de estancamiento económico. Hoy, aunque la estructura productiva es distinta, la dependencia energética sigue siendo enorme.
España entraría en recesión en cuestión de meses. El transporte se encarecería, la industria perdería competitividad, el consumo se desplomaría y el paro aumentaría. Es un escenario muy similar al de hace medio siglo, pero con una economía más endeudada y más vulnerable.
El sector agrícola sería uno de los más golpeados. El gasóleo agrícola, imprescindible para maquinaria y transporte, se convertiría en un coste inasumible para miles de explotaciones. La pesca, ya castigada por los precios del combustible, enfrentaría un riesgo real de paralización. Y la industria, especialmente la que depende de cadenas logísticas intensivas, vería cómo sus márgenes se evaporan.
El impacto social sería inmediato. Transportistas, agricultores, autónomos y conductores profesionales ya han protagonizado protestas con precios mucho más bajos. A 3 euros por litro, la presión social sería enorme. No sería solo un problema económico, es un problema social y político. Cuando el combustible se convierte en un lujo, la movilidad se restringe, la actividad se frena y la población se siente desamparada. Es el caldo de cultivo perfecto para la conflictividad. El caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha.
Los economistas coinciden en que, ante un escenario tan extremo, rebajar impuestos no serviría de nada. Ni bajar el IVA ni reducir los impuestos especiales garantizaría una rebaja real en el precio final. Además, erosionaría la capacidad fiscal del Estado en un momento crítico. Las bajadas de impuestos son pan para hoy y hambre para mañana. En un mercado tensionado, el margen se lo queda la cadena de distribución. No hay garantía de que el consumidor vea una rebaja real. La única medida eficaz, según los expertos, sería intervenir el mercado. Establecer un precio máximo temporal, como ya ha hecho Croacia, que revisa cada dos semanas los topes a la gasolina y el diésel. El modelo croata ha demostrado que es posible contener los precios sin provocar desabastecimiento. Otras medidas sería compensar a los distribuidores para evitar cierres de gasolineras o pérdidas insostenibles; controlar márgenes y beneficios extraordinarios, especialmente en la cadena de distribución y refino; y ayudas directas a sectores críticos como transporte, agricultura, pesca y logística. Si el precio llegara a 3 euros, los gobiernos tendrían que intervenir. No hay otra alternativa realista.
España, como el resto de Europa, se enfrenta a un desafío que recuerda a los peores momentos de la crisis del petróleo. La diferencia es que ahora, con una economía más frágil y una sociedad más polarizada, el margen de error es mucho menor. Si el precio de la gasolina supera los 3 euros por litro, el país podría entrar en una crisis total: paro, recesión, inflación y tensión social. Un escenario que, según los economistas, solo puede evitarse con una intervención decidida y urgente del mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su directora gerente Kristalina Georgieva, ya nos lo ha advertido: tenemos que pensar en lo impensable y prepararnos para ello.