La nueva escalada del precio del petróleo por la guerra de Trump ha vuelto a encender todas las alarmas en Europa. Con el barril superando niveles que no se veían desde hace más de una década (cien dólares por barril) y con una volatilidad que amenaza con trasladarse de inmediato a la inflación, los gobiernos buscan fórmulas para contener el impacto sobre hogares y empresas. En este contexto, cada vez más economistas coinciden en que la única medida eficaz a corto plazo es intervenir el mercado y fijar un tope al precio del combustible, descartando de plano las rebajas fiscales o la reducción del IVA.
Sin embargo, el PP apuesta por rebajar impuestos mientras que Vox no sabe o no contesta (Abascal es el cómplice de Trump en esta guerra y no propone nada, más allá de inundar a Pedro Sánchez de “querellas”). Las bajadas de impuestos son pan para hoy y hambre para mañana. Reducir el IVA o los impuestos especiales solo erosiona la capacidad fiscal del Estado sin garantizar que el ahorro llegue al consumidor. Además, supone un recorte a los servicios públicos, al Estado de bienestar. En cambio, un tope regulado actúa directamente sobre el precio final y evita que la volatilidad internacional se traslade a la economía doméstica.
La tentación de bajar impuestos reaparece cada vez que el petróleo se dispara. Sin embargo, los expertos insisten en que esta estrategia no solo es insuficiente, sino contraproducente. Cuando se reducen impuestos en un mercado tensionado, el margen se lo queda la cadena de distribución. No hay garantía de que el consumidor vea una rebaja real. Y, además, una vez que los precios internacionales vuelven a subir, el Estado se queda sin herramientas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado un escudo social a partir del próximo martes para paliar los efectos de la guerra y de la crisis mundial del petróleo. De entrada, ha descartado medidas que en otras crisis como la guerra de Ucrania resultaron ineficaces, como los 20 céntimos de compensación por litro de gasolina para los consumidores. Esta vez el escudo irá por otro camino, e incluso se está estudiando la posibilidad de topar precios.
Varios países europeos ya experimentaron con rebajas fiscales durante la crisis energética de 2022, con resultados decepcionantes. Alemania, Italia o Francia comprobaron que el efecto duraba semanas, no meses. El mercado absorbía la rebaja y los precios volvían a subir. Por eso ahora la discusión se centra en mecanismos de intervención directa. La idea de fijar un precio máximo para el combustible (o de establecer un mecanismo de compensación estatal para mantenerlo dentro de un rango) ha pasado de ser una medida excepcional a convertirse en una herramienta defendida por un número creciente de economistas.
En situaciones extraordinarias, los mercados dejan de autorregularse y requieren intervención pública. Cuando el petróleo sube un 20 por ciento en cuestión de días por tensiones geopolíticas, no estamos ante un fenómeno de oferta y demanda normal. Es un shock externo que exige medidas excepcionales. O se topa el precio de mercado o llega la ruina general de empresas y familias.
El objetivo no es distorsionar el mercado de forma permanente, sino proteger a los consumidores y a la industria mientras se estabilizan los precios internacionales. Un tope temporal, bien diseñado, evita que el transporte, la agricultura o la logística entren en una espiral de costes que luego tarda años en corregirse. Países como Croacia ya han apostado por esa solución de topar los precios de los carburantes. Allí, a 9 de marzo de 2026 el precio promedio de la gasolina se sitúa en torno a 1,48 euros por litro. Este miércoles el litro de gasolina 95 en España se pagaba a 1,689 euros de media y el diésel a 1,811. Hoy ya superaba los 2 euros y subiendo. La escalada es imparable y la pesadilla de los 3 euros se empieza a ver como una posibilidad real.
Cuando el Estado fija un precio máximo, el consumidor lo nota al instante. No hay intermediarios que puedan absorber la rebaja. Es una medida quirúrgica. El combustible es un insumo transversal: afecta al transporte, la alimentación, la industria y los servicios. Si no se controla, arrastra al resto de la economía. Las familias con menos recursos destinan una mayor proporción de su renta al transporte y la energía. Un tope reduce desigualdades. Las empresas pueden prever costes durante semanas o meses, evitando subidas repentinas que paralizan inversiones. A diferencia de las rebajas de impuestos, el Estado mantiene su capacidad financiera para afrontar la crisis. Intervenir el mercado nunca está exento de riesgos, pero los economistas consideran que son manejables si la medida es temporal y está bien diseñada. El principal riesgo es fijar un precio demasiado bajo, que desincentive la distribución. Pero si el tope se ajusta a la evolución del mercado y se acompaña de compensaciones razonables, el sistema funciona. Los distribuidores deben saber cómo y cuándo se les compensará. Y el Estado debe comunicar claramente que se trata de una medida excepcional.
La crisis actual del petróleo, impulsada por tensiones geopolíticas y restricciones de oferta, ha acelerado el debate. Cada vez más gobiernos europeos reconocen que las herramientas tradicionales (rebajas fiscales, ayudas puntuales, subvenciones al transporte) se quedan cortas ante un mercado global desbocado. No podemos seguir actuando como si estuviéramos en un mercado estable. Cuando el petróleo se convierte en un arma geopolítica, los Estados deben proteger a sus ciudadanos. Y la forma más eficaz de hacerlo es intervenir el precio del combustible.