Isabel Díaz Ayuso no esperó a que Alberto Núñez Feijóo terminara de fijar la estrategia nacional del Partido Popular para lanzar su propia campaña. Mientras España acababa de entrar oficialmente en periodo electoral, la presidenta madrileña recuperó en Nueva Economía Fórum su marco favorito, “comunismo o libertad”, y construyó alrededor de él un país supuestamente devastado, al borde de la hambruna, dominado por una “maquinaria totalitaria”, con un presidente que no sería demócrata, un Parlamento secuestrado y unas futuras elecciones sobre las que incluso sembró dudas antes de que empiece la campaña.
El problema no es la dureza de sus opiniones, sino que una parte sustancial de ese relato se deshace cuando se contrasta con la Constitución, las leyes electorales, los datos económicos y las propias normas de vivienda que Ayuso presentó como prueba de una deriva casi revolucionaria.
Ni España está quebrada ni camina hacia la hambruna
Ayuso habló de “hambruna”, de un Estado “quebrado” y de una España devastada, pero los indicadores económicos no describen ese escenario. España mantiene problemas graves de vivienda, deuda, desempleo y pobreza, pero sigue creciendo, mantiene millones de personas trabajando y las previsiones europeas continúan situando la economía en expansión.
Se puede denunciar que demasiadas familias no llegan a fin de mes o que el crecimiento no se reparte suficientemente, pero transformar esos problemas en la imagen de un país próximo al colapso no es análisis económico, sino propaganda política diseñada para llevar cualquier debate al terreno del miedo.
Algo similar ocurre cuando Ayuso utiliza el Ingreso Mínimo Vital como demostración de un fracaso absoluto y afirma que “casi un millón de personas” necesitan esa prestación. El dato mezcla hogares y beneficiarios: son cientos de miles de hogares en los que viven más de dos millones de personas. Que exista ese nivel de pobreza es un problema serio, pero el número de perceptores de una prestación contra la exclusión no demuestra por sí mismo que el Gobierno haya “fabricado” pobres.
El “secuestro del Parlamento” que está escrito en la Constitución
Uno de los ataques más rotundos llegó contra la posibilidad de que el Gobierno aprobara otro decreto de vivienda y lo sometiera a la Diputación Permanente después de la disolución de las Cortes. Ayuso lo definió como una “catástrofe” y una prueba del “secuestro del Parlamento”.
La acusación tiene un inconveniente básico: la Diputación Permanente existe precisamente porque la Constitución dispone que determinadas funciones parlamentarias continúen cuando las Cámaras están disueltas.
Puede discutirse si políticamente resulta conveniente utilizar un decreto-ley durante una campaña electoral, pero recurrir al órgano que la propia Constitución establece para esos periodos no equivale a secuestrar el Parlamento.
Resulta además difícil sostener simultáneamente que Sánchez controla el Legislativo cuando el Congreso acaba de tumbar dos decretos centrales para el Gobierno y ha provocado una crisis política que ha terminado en elecciones.
El comunismo tampoco provocó la crisis de la vivienda
Ayuso afirmó que el problema de la vivienda tiene “un origen comunista”, una explicación que no aparece en ningún análisis serio de la crisis inmobiliaria española.
Banco de España, OCDE y FMI llevan tiempo señalando causas bastante más concretas: crecimiento de hogares y población, falta de construcción suficiente, escasez de suelo preparado, lentitud administrativa, ausencia de vivienda asequible, dificultades del sector constructor y una oferta incapaz de seguir el ritmo de la demanda.
En algo sí tiene razón Ayuso: España necesita construir más vivienda y agilizar la oferta. El problema llega cuando convierte un diagnóstico parcialmente correcto en una guerra ideológica y presenta como gran solución dos rebajas de impuestos que no construyen ni una sola vivienda.
Rebajar impuestos ayuda a comprar, pero no resuelve el acceso
La Comunidad reducirá del 6% al 4% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados compradores menores de 40 años y bajará también el AJD aplicable a vivienda nueva.
Son ahorros reales.
Una persona que reúna los requisitos y compre una vivienda usada de 300.000 euros podría ahorrar 6.000 euros en ITP. Pero para beneficiarse de esa rebaja necesita haber conseguido previamente financiación para comprar un piso de 300.000 euros, algo que deja fuera precisamente a muchos jóvenes cuyo problema no consiste en pagar 6.000 euros más o menos de impuestos, sino en no disponer de los ingresos, los ahorros o la capacidad hipotecaria necesarios.
La rebaja facilita una operación a quien ya está relativamente cerca de poder comprar; no crea vivienda asequible para quien está completamente expulsado del mercado.
Y existe otra trampa particularmente reveladora.
Ayuso aseguró que esa pareja pagaría 12.000 euros en Madrid frente a 30.000 en Cataluña. Los 30.000 salen de aplicar el tipo general catalán del 10%, pero Cataluña dispone también de un tipo reducido para jóvenes que cumplen determinados requisitos. La comparación enfrenta deliberadamente el mejor supuesto madrileño con el peor supuesto catalán para multiplicar artificialmente la diferencia.
Madrid sigue ofreciendo una fiscalidad más favorable en determinados casos, pero no con los 18.000 euros de distancia que su ejemplo pretende transmitir.
El gran dato de vivienda protegida también necesita letra pequeña
Ayuso volvió a presumir de que aproximadamente la mitad de la vivienda protegida española se construye en Madrid, un dato que tiene una base real porque la Comunidad ocupa efectivamente una posición muy destacada en las calificaciones de vivienda protegida.
Pero la presidenta transforma “vivienda protegida” en “vivienda pública”, y no son conceptos equivalentes. Una vivienda puede tener protección administrativa y haber sido promovida por una empresa privada.
También conviene mirar los resultados reales del Plan Vive: existen miles de viviendas entregadas y otras muchas en ejecución, pero la cifra efectiva sigue estando muy lejos de algunos de los grandes anuncios con los que comenzó el programa.
Regularizar inmigrantes no permite votar en unas generales
La parte más delicada del discurso llegó cuando Ayuso insinuó que las regularizaciones de inmigrantes podían modificar el censo y alterar el reparto electoral.
Un extranjero regularizado no obtiene por ello derecho a votar en unas elecciones generales. Para votar al Congreso y al Senado hay que tener nacionalidad española.
Otra cuestión distinta es la denominada ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española en determinados supuestos y que sí ha generado controversias sobre la inscripción de residentes en el extranjero.
Pero de ahí a afirmar que el Gobierno puede colocar electores “a dedo” en provincias donde al PSOE le falten unos cuantos votos para conseguir un diputado existe un salto gigantesco para el que Ayuso no aportó ninguna prueba.
La Junta Electoral ha establecido precisamente criterios y controles para que las adscripciones sean objetivas y trazables.
El disparate de relacionar el CERA con más diputados para Madrid
Ayuso añadió que el crecimiento del censo podría proporcionar a Madrid tres, cinco, seis o incluso siete diputados adicionales.
Aquí la confusión es especialmente grave porque el reparto provincial de escaños no se realiza según el número de electores inscritos en el CERA, sino principalmente en función de la población residente de cada provincia.
Un español que vive permanentemente en Argentina, México o Francia y queda adscrito electoralmente a Madrid puede votar por esa circunscripción, pero no se convierte por ello en población residente madrileña a efectos de repartir diputados.
El crecimiento demográfico real de Madrid sí puede aumentar sus escaños; inflar el censo exterior no produce automáticamente ese efecto.
“Que ni se le ocurra votar por correo”: la acusación más irresponsable
Todavía más grave fue su recomendación de que a los ciudadanos “ni se les ocurra votar por correo”.
Ayuso no presentó una sola prueba de fraude en el sistema postal español.
El voto por correo exige identificación, solicitud formal, inscripción censal, documentación certificada, envío registrado y comprobación posterior en la mesa electoral. Quien lo solicita tampoco puede acudir después a votar físicamente como si nada hubiera ocurrido.
Una dirigente política puede exigir todas las garantías adicionales que considere necesarias; otra cosa completamente distinta es sembrar sospechas sobre un procedimiento electoral legal sin aportar evidencia de manipulación.
Y ahí Ayuso cruza una frontera especialmente delicada porque no está criticando una política económica o una ley del Gobierno: está debilitando preventivamente la confianza en unas elecciones que todavía no se han celebrado.
Sánchez puede no haber ganado las elecciones y ser presidente legítimo
Ayuso volvió igualmente a afirmar que Sánchez gobierna pese a que “ni ganó en las urnas”.
Es cierto que el PP fue el partido más votado en 2023, pero España no elige al presidente mediante elección directa. La Constitución establece que gobierna quien obtiene la confianza del Congreso.
Feijóo ganó las elecciones en votos y escaños, pero no logró una mayoría de investidura; Sánchez sí la consiguió. Se puede criticar con toda dureza el precio político de esos apoyos, pero convertir una investidura constitucional en una ilegitimidad democrática es otra manipulación.
Ayuso ya está haciendo su propia campaña
La cuestión política más interesante de la intervención quizá no esté, sin embargo, en Sánchez, sino en Feijóo.
Ayuso tenía el acto programado antes del anuncio electoral y no puede afirmarse que organizara deliberadamente el foro para adelantarse al presidente nacional del PP. Pero una vez conocidas las elecciones, no esperó a Génova para establecer el marco de campaña.
Mientras Feijóo intenta presentar las elecciones como una confrontación entre continuidad y cambio, Ayuso ha vuelto a su particular guerra cultural: “comunismo o libertad”, sospechas sobre el voto por correo, censos manipulados, una España camino de la tiranía y un presidente que, según ella, ni siquiera sería demócrata.
No existen pruebas de una ruptura política entre ambos, pero la presidenta madrileña vuelve a demostrar que no necesita esperar a que Feijóo marque la línea para construir la suya.
Y ese puede ser el mayor problema para el líder del PP durante las próximas semanas: mientras intenta convencer al centro político de que representa una alternativa institucional y previsible, Ayuso ya ha iniciado otra campaña mucho más agresiva, basada en presentar las elecciones como la última oportunidad para salvar España del comunismo, la manipulación electoral y el hundimiento nacional.
No es la misma campaña.
Y apenas acaba de empezar.
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