La votación en el Parlamento Europeo sobre el acceso al aborto seguro no iba de imponer conductas ni de alterar legislaciones nacionales. Iba de algo más básico: reducir la desigualdad entre mujeres europeas cuando deciden interrumpir un embarazo. El Partido Popular español optó por votar en contra junto a la extrema derecha, reforzando una incoherencia que se repite cada vez que los derechos reproductivos entran en juego.
La iniciativa ciudadana europea “Mi voz, mi decisión”, aprobada por una mayoría clara de la Eurocámara, plantea un mecanismo voluntario de solidaridad entre Estados miembros para facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo allí donde existen barreras legales o prácticas. No obliga a ningún país a cambiar su legislación ni a ninguna mujer a abortar. Introduce cooperación y financiación, no imposición.
El voto del PP no frenó el texto, pero sí lo retrató. Frente a una propuesta que asume la diversidad normativa europea y busca evitar que el lugar de residencia determine el nivel de riesgo sanitario, los populares optaron por el no. Un no que no se apoya en argumentos técnicos ni competenciales, sino en una posición ideológica rígida, cada vez más cercana a los postulados ultras.
El debate europeo dejó al descubierto una paradoja recurrente. La derecha habla de libertad individual, pero se resiste a reconocerla cuando se trata del cuerpo de las mujeres. Defiende la subsidiariedad para bloquear avances comunes, pero no duda en legislar restricciones cuando gobierna. La autonomía femenina sigue siendo un límite incómodo.
La iniciativa aprobada recuerda algo que suele diluirse en el debate: millones de mujeres en la UE no acceden al aborto en condiciones seguras, ya sea por prohibiciones formales, objeciones masivas, falta de recursos o estigmatización institucional. El resultado no es menos abortos, sino más riesgos, más desplazamientos y más desigualdad social.
La hipocresía del discurso protector
Uno de los argumentos habituales de la derecha es que se opone al aborto para “proteger la vida”. Sin embargo, esa supuesta protección desaparece cuando se analizan las consecuencias reales de las restricciones. Donde el aborto se dificulta, aumentan los procedimientos inseguros, se retrasa la atención médica y se castiga especialmente a las mujeres con menos recursos.
El mecanismo europeo no altera esa realidad: la corrige parcialmente. Permite que un Estado miembro ofrezca acceso conforme a su legislación, con apoyo financiero comunitario, a mujeres que de otro modo quedarían atrapadas en sistemas hostiles. Oponerse a ello no es neutralidad; es aceptar que la desigualdad siga operando.
Europa frente a sus propias contradicciones
El Parlamento Europeo ha ido consolidando una doctrina clara sobre derechos sexuales y reproductivos como parte del acervo democrático. Sin embargo, el Consejo y algunos grupos políticos siguen utilizando el aborto como moneda identitaria, no como cuestión de salud pública y derechos fundamentales.
El PP español se ha desmarcado de sectores de su propia familia europea que han optado por posiciones más pragmáticas. No es una anomalía puntual, sino una estrategia de alineamiento con una derecha que ha convertido el control del cuerpo de las mujeres en bandera cultural.
Las intervenciones de eurodiputadas como Lina Gálvez y Sandra Gómez apuntaron al núcleo del debate. Nadie obliga a abortar. Lo que se discute es si una mujer puede decidir sin culpa, sin miedo y sin riesgo. La iniciativa europea no crea un derecho nuevo; garantiza el ejercicio efectivo de uno ya reconocido en buena parte del continente.
La pregunta lanzada en el pleno —“¿qué les importa lo que hagan las mujeres con su cuerpo?”— resume la tensión de fondo. Para la derecha, el aborto sigue siendo un terreno donde imponer límites morales propios bajo el lenguaje de la protección. Para una mayoría parlamentaria creciente, es una cuestión de igualdad real.
El voto del PP no es irrelevante. Refuerza alianzas, consolida discursos y marca posiciones de cara al futuro. En un contexto de retrocesos en algunos países europeos, cada gesto cuenta. Elegir votar con la extrema derecha en una cuestión de derechos reproductivos no es un accidente; es una toma de partido.
La aprobación del texto no cierra el debate, pero sí establece un marco: Europa no puede aceptar que el acceso al aborto dependa del código postal o del nivel de renta. Negarlo no protege a las mujeres. Las expone.