La política española vive desde hace 8 años - desde que el Partido Popular fue echado del poder por la sentencia del caso Gürtel - una dinámica de confrontación permanente en la que la batalla ya no se libra únicamente en las urnas, sino también en los tribunales, en determinados medios de comunicación y en la construcción diaria de relatos destinados a erosionar la legitimidad del adversario político. En este contexto, el PSOE atraviesa en las últimas semanas una ofensiva mediática, judicial y política que muchos sectores progresistas interpretan como una nueva fase de una estrategia ya conocida: desgastar al rival mediante la sospecha constante, aunque posteriormente muchas de las acusaciones acaben archivadas o debilitadas judicialmente.
La izquierda española lleva más de una década denunciando la existencia de mecanismos de “lawfare”, es decir, el uso instrumental de procesos judiciales, filtraciones policiales y campañas mediáticas para destruir reputaciones políticas. Quien primero denunció de manera sistemática esta práctica fue Podemos, formación que durante años sufrió una presión extraordinaria desde múltiples frentes.
El “caso Dina” terminó convertido en uno de los grandes símbolos de esa guerra política y mediática. Lo que comenzó como una investigación relacionada con el robo de un teléfono móvil acabó derivando en una macro causa que durante años alimentó titulares y acusaciones constantes contra Pablo Iglesias y el entorno de Podemos. Del mismo modo, el conocido como “caso Granadinas” sirvió para construir una narrativa de corrupción y decadencia política cuyo impacto mediático fue muy superior a su recorrido judicial real.
Aquella estrategia buscaba no solo el desgaste electoral, sino también destruir el capital simbólico de los principales líderes de la formación morada. Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra denunciaron repetidamente la existencia de una alianza tácita entre sectores políticos conservadores, determinados medios y parte del aparato judicial y policial para impedir que una fuerza transformadora consolidara poder institucional en España.
Precisamente por ello, resulta significativo que desde el entorno de Podemos se advirtiera durante años a Pedro Sánchez de que, una vez neutralizada parcialmente la formación morada, el siguiente objetivo sería el propio PSOE. Pablo Iglesias sostuvo en numerosas ocasiones que el problema para ciertos poderes no era únicamente Podemos, sino cualquier gobierno progresista que alterara determinados consensos históricos del sistema político español.
Sin embargo, Pedro Sánchez optó durante mucho tiempo por marcar distancias con esas denuncias, quizá pensando que el PSOE, por su carácter de partido de Estado y su papel histórico en la democracia española, quedaría al margen de ese tipo de operaciones. Hoy, a tenor de los hechos, el Presidente del Gobierno se arrepienta de haber mirado para otro lado y de hacer caso omiso a las advertencias de quien fuera su vicepresidente.
Saltarse una “norma” tácita tiene consecuencias
Desde la formación del gobierno de coalición PSOE-Sumar tras las elecciones generales de 2023, el número de investigaciones, filtraciones y campañas de desgaste contra el entorno socialista se ha intensificado notablemente. Para amplios sectores de la izquierda, no parece casual que esta presión aumentara precisamente después de que Pedro Sánchez lograra mantenerse en La Moncloa pese a que el PP fue el partido más votado.
Ahí emerge otro elemento central del actual clima político: la ruptura de una especie de “regla no escrita” que había predominado durante buena parte de los últimos 50 años de democracia española, según la cual el partido más votado debía acabar gobernando. Aunque la Constitución Española de 1978 establece que gobernará quien reúna un mínimo de 176 escaños, una parte importante de la derecha política y mediática vivió la continuidad de Pedro Sánchez en 2023 como una anomalía política que debía ser corregida o permanentemente cuestionada.
La frase pronunciada por Alberto Núñez Feijóo tras fracasar en su investidura —“No soy presidente porque no quiero”— terminó simbolizando esa frustración política. Más allá de la literalidad de la declaración, la frase evidenciaba la incapacidad del Partido Popular para construir una mayoría parlamentaria viable más allá de Vox, mientras que el PSOE sí logró articular una mayoría heterogénea con fuerzas progresistas, nacionalistas e independentistas. Y que Pedro Sánchez llegara a esos acuerdos con partidos, mal llamados “de nacionalismos periféricos” como el PNV o Junts, no se lo han perdonado ni se lo perdona aun hayan pasado desde entonces casi tres años.
La doble “traición” de Sánchez
Si además de incumplir la regla no escrita que el partido ganador de las elecciones generales es quien debe gobernar nuestro país le sumamos los indultos a los líderes independentistas catalanes y, posteriormente, la aprobación de la ley de amnistía, para las derechas y sus terminales mediáticas la traición de Pedro Sánchez es doble. Sin dejar de ser polémicas, estas decisiones marcaron un antes y un después en la relación entre el Gobierno y determinados sectores del poder judicial, del empresariado y de las grandes corporaciones de comunicación.
Para buena parte de la derecha, Pedro Sánchez cruzó una línea roja al convertir la normalización institucional con el independentismo en una pieza clave de su estrategia de gobernabilidad. Y una buena parte del aparato judicial jamás le perdonó haber impulsado medidas destinadas a desjudicializar el conflicto catalán tras el procés.
La consecuencia es un clima político en el que cualquier denuncia o filtración contra el Gobierno se convierte automáticamente en escándalo antes incluso de que exista una resolución judicial firme. Más que demostrar culpabilidades, la lógica parece orientada a instalar sospechas permanentes en la opinión pública.
¿El objetivo? Desgastar con varios frentes judiciales al PSOE y someterlo a “la pena del Telediario”, forzar la convocatoria de elecciones anticipadas y despojarle de cualquier probabilidad que le permita mantenerse en el poder. Acoso y derribo del adversario, en la mayoría de los casos sin pruebas.
Esa es precisamente la esencia del fenómeno “lawfare”: no hace falta necesariamente una condena judicial para destruir a un adversario político: bastan años de titulares, sospechas y desgaste reputacional continuo para minar sus expectativas electorales.
Fieles a Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe”, PP y Vox no se apartan del guion “el fin justifica los medios” o en su versión más moderna de José María Aznar “el que pueda hacer que haga”… Y todo por llegar a La Moncloa, echar al “Okupa” como sea… porque el poder les pertenece.
Tibieza para denunciar del PSOE
En este contexto, en los últimos días algunas voces dentro del propio Gobierno han comenzado a deslizar públicamente la idea de que la acumulación de causas judiciales y ofensivas mediáticas contra el entorno socialista difícilmente puede entenderse como una mera casualidad. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, llegó esta semana a sugerir de manera velada que la sucesión de procedimientos judiciales contra el PSOE y el Gobierno parecía responder a una dinámica política coordinada más que a hechos aislados, apuntando que “nada de esto es casual”. Un mensaje que muchos interpretaron como el reconocimiento implícito, desde sectores del socialismo institucional, de aquello que durante años había denunciado Podemos: la existencia de una estrategia de desgaste político permanente contra cualquier gobierno progresista que altere determinados equilibrios de poder.
Con varios frente abiertos en las últimas horas, llama especialmente la atención el silencio o la extrema prudencia con la que buena parte de la dirección del PSOE y del propio Gobierno están afrontando esta escalada política, judicial y mediática. Pese a que desde sectores progresistas se habla abiertamente de un intento de “golpe de Estado blando” —no mediante los militares, sino a través de determinadas togas, filtraciones judiciales y aparatos mediáticos—, la mayoría de dirigentes socialistas evita formular públicamente una acusación tan grave de manera explícita.
El propio Pedro Sánchez ha optado hasta ahora por mantener una estrategia de contención institucional y prudencia discursiva, evitando entrar frontalmente en el terreno de la denuncia abierta contra determinados sectores judiciales y mediáticos. Una actitud que contrasta con la contundencia con la que durante años dirigentes de Podemos denunciaron la existencia de operaciones políticas y judiciales destinadas a condicionar o desestabilizar gobiernos progresistas.
Y aunque las advertencias de Pablo Iglesias y de Podemos en su momento pudieron ser descabelladas y hasta conspiranoicas, que José María Aznar presuma hace tan solo unos días de “el que pueda hacer que haga” demuestra el concepto patrimonialista del poder de las derechas españolas: es ilegítimo cualquier gobierno progresista porque el poder no es ni debe ser de partidos de izquierdas, porque no les pertenece.
Si en otras etapas de nuestra historia, las derechas recurrieron a los militares, hoy, con esas declaraciones, el expresidente Aznar no hace más que apelar a jueces, acosadores, agitadores sociales y a pseudomedios muchas veces impulsados desde instituciones gobernadas por la propia derecha mediante publicidad y recursos públicos.
Óscar Puente sí se atreve
Dentro del Ejecutivo, quien sí ha dado un paso mucho más explícito ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. Tanto a través de sus redes sociales como en declaraciones realizadas a medios de comunicación durante la mañana del jueves, Óscar Puente señaló de manera mucho más directa la existencia de una ofensiva político-mediática y judicial contra el Gobierno, sugiriendo abiertamente que determinados sectores estarían intentando erosionar o deslegitimar al Ejecutivo surgido de las urnas. Sus palabras constituyen la denuncia más clara realizada hasta ahora por un miembro del Gobierno sobre la existencia de un intento de desestabilización institucional impulsado desde ámbitos mediáticos y judiciales.
La diferencia de tono entre los dos ministros puede ser síntoma del debate interno existente dentro del PSOE, entre quienes consideran necesario denunciar abiertamente estas dinámicas y quienes creen que hacerlo podría aumentar aún más la tensión institucional y la polarización política.
Feijóo, Abascal, Ayuso … ¿con la ayuda de Donald Trump?
Esta semana, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, descolocó a simpatizantes progresistas y a periodistas al denunciar públicamente la supuesta reunión mantenida hace unos 10 días aproximadamente entre dirigentes del PP y Vox —entre ellos Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso— y representantes de la embajada de Estados Unidos en Madrid.
Según sus declaraciones, determinados sectores de la derecha española estarían buscando apoyos internacionales en un contexto de creciente tensión diplomática entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la administración de Donald Trump, especialmente por las posiciones del Ejecutivo español sobre Gaza, Irán y la política de la OTAN.
A falta de confirmación de dicho encuentro, este episodio demostraría hasta qué punto parte de las derechas españolas consideran legítimo recurrir incluso a interlocutores extranjeros con tal de debilitar políticamente al Gobierno de coalición. De ser verídicas, estas acusaciones reforzarían la percepción, ya expandida en redes sociales a través de millares de publicaciones, de que existe una estrategia coordinada de presión política, mediática e institucional destinada a erosionar la estabilidad del Ejecutivo y acelerar un cambio de poder en España.
Comparaciones premonitorias
Muchos de esos usuarios progresistas en X, Facebook y BlueSky también han establecido ciertos paralelismos con otros procesos internacionales recientes. El caso más citado es el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, cuya condena y encarcelamiento durante la operación Lava Jato terminaron siendo anulados por el Tribunal Supremo brasileño al considerar que se habían vulnerado garantías procesales y que existió una actuación parcial del juez Sergio Moro, el cual acabó siendo ministro de Justicia del posterior gobierno ultraderechista. Aquella operación no solo apartó temporalmente del poder al principal líder de la izquierda brasileña, sino que abrió la puerta al ascenso de la extrema derecha de Jair Bolsonaro.
En Europa, muchos observadores señalan también el caso del ex primer ministro portugués António Costa, cuya dimisión tras una investigación judicial provocó la convocatoria de elecciones anticipadas en Portugal. El resultado fue devastador para el Partido Socialista portugués: pasó de gobernar con mayoría absoluta a convertirse en la tercera fuerza política, superado tanto por la derecha tradicional como por la extrema derecha de Chega. Meses más tarde, la propia Fiscalía portuguesa admitió que parte de las sospechas que habían situado a António Costa en el centro del caso se debieron a errores de interpretación y confusiones durante la investigación. Sin embargo, para entonces el daño político y reputacional ya estaba hecho.
En esa tensión permanente se mueve hoy la política española. Y el PSOE, que durante años observó cómo Podemos denunciaba estas dinámicas, parece haberse convertido ahora también en protagonista de una batalla que trasciende claramente el debate político convencional.
Quizás si Pedro Sánchez hubiera escuchado a su ex vicepresidente Pablo Iglesias y a los diferentes dirigentes de Podemos que le advertían de “una guerra sucia de las cloacas” promovida por la derecha y la ultraderecha policial, judicial y mediática y no hubiese mirado para otro lado, la situación de vulnerabilidad del PSOE y del gobierno de coalición progresista, se podría haber evitado.
Tal vez, el Presidente del Gobierno hoy en privado esté arrepentido de haber hecho oídos sordos al peligro que le pronosticaban otros que ya lo habían sufrido en primera persona.