El recrudecimiento del cerco judicial sobre la calle Ferraz ha desatado una previsible tormenta parlamentaria, pero el verdadero foco de preocupación geopolítica se ha desplazado hacia un escenario mucho más discreto: la legación diplomática de los Estados Unidos en Madrid. La durísima denuncia del diputado de Sumar, Enrique Santiago, exigiendo explicaciones urgentes a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso sobre sus movimientos coordinados en territorio estadounidense la semana previa a las operaciones policiales, abre una grieta de graves implicaciones de soberanía. Más allá de las previsibles maniobras de distracción del Gobierno, la simultánea e inusual peregrinación de la cúpula de la oposición a una embajada extranjera dibuja un preocupante escenario de análisis político sobre la tutela externa de la derecha española.
Resulta institucionalmente intolerable y profundamente lesivo para la dignidad del Estado que los líderes de las principales formaciones de la oposición acudan en bloque a rendir cuentas o a coordinar estrategias políticas con una potencia extranjera justo antes de que estalle un golpe judicial de esta magnitud. La sospecha de que el Partido Popular y Vox puedan estar buscando el aval o el impulso de la administración de Donald Trump para desestabilizar al Ejecutivo central no solo debilita la credibilidad de sus propias denuncias sobre la financiación ilegal del PSOE, sino que sitúa su patriotismo de siglas bajo el estigma de la subordinación transatlántica.
Esta alarmante sumisión a la agenda de Washington se vuelve especialmente flagrante en la figura de la presidenta madrileña. Que la jefa del PP, la señora Ayuso, participe en estos discretos cónclaves diplomáticos evidencia una preocupante diplomacia paralela que parece más interesada en sintonizar con los sectores más duros del neoconervadurismo norteamericano que en respetar los cauces institucionales de la política exterior de su propio país.