Vox endurece su programa: expulsiones, retrocesos en igualdad y restricciones en sanidad y vivienda

El análisis del documento revela importantes interrogantes constitucionales y una ausencia de cálculos suficientes sobre su financiación

16 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 14:48h
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Vox endurece su programa: expulsiones, retrocesos en igualdad y restricciones en sanidad y vivienda
Santiago Abascal, candidato de Vox 

Vox ha presentado su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre bajo el lema Es sentido común. Detrás de esa denominación, el partido de Santiago Abascal desarrolla 115 medidas agrupadas en trece capítulos que plantean cambios profundos en las políticas migratorias, los servicios públicos, la fiscalidad, la legislación laboral y el modelo de convivencia.

El examen del documento oficial, presentado el 12 de noviembre, permite identificar una orientación política definida: reducir la intervención fiscal y regulatoria del Estado en la economía, ampliar determinadas medidas de seguridad y establecer la denominada «prioridad nacional» en el acceso a prestaciones y servicios públicos.

Sin embargo, buena parte de las propuestas no incorpora estimaciones presupuestarias detalladas, mientras que otras requerirían reformas legislativas de considerable alcance o deberían superar controles de constitucionalidad y compatibilidad con el derecho europeo.

Inmigración: expulsiones, restricciones sociales y prioridad nacional

La inmigración ocupa uno de los espacios centrales del programa. Vox propone impedir nuevas regularizaciones extraordinarias, eliminar el arraigo como mecanismo de obtención de residencia y desarrollar políticas de repatriación y lo que denomina «remigración».

El partido también pretende facilitar expulsiones de extranjeros vinculadas a determinados delitos o conductas y reforzar el control de las fronteras.

Pero las restricciones no se limitan a las personas que entran o permanecen irregularmente en España. La denominada prioridad nacional se extiende a viviendas protegidas, ayudas sociales, prestaciones familiares y determinados servicios públicos.

Una de las medidas más significativas consiste en reservar el Ingreso Mínimo Vital a ciudadanos españoles. Otra plantea restringir el acceso a la sanidad ordinaria de extranjeros en situación irregular, manteniendo únicamente la atención en supuestos de urgencia grave.

El programa también propone impedir que personas sin residencia regular puedan formalizar contratos de alquiler y establecer gravámenes sobre las remesas enviadas al extranjero.

Estas medidas plantean cuestiones jurídicas relevantes. La Constitución reconoce determinados derechos a todas las personas, mientras que la legislación española y europea establece obligaciones específicas en materia de asistencia sanitaria, protección internacional, igualdad y derechos de los menores.

Por tanto, no todas las restricciones podrían implantarse automáticamente mediante una decisión gubernamental. Algunas necesitarían reformas legales y otras podrían enfrentarse a límites constitucionales o europeos.

Vivienda: menos impuestos y preferencia para los españoles

Vox propone derogar la vigente Ley de Vivienda y aprobar una reforma del suelo destinada a incrementar la oferta residencial y facilitar la construcción.

Entre sus medidas fiscales destaca establecer un IVA del 0% para la adquisición de la primera vivienda habitual nueva y una bonificación del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la primera vivienda usada.

También plantea desalojar ocupaciones ilegales en menos de 24 horas y dar preferencia a ciudadanos españoles en determinadas promociones de vivienda pública.

La cuestión es que estas propuestas mezclan problemas jurídicos, fiscales y sociales diferentes. La ocupación sin título, el allanamiento de morada y los conflictos derivados de contratos de arrendamiento no son situaciones equivalentes.

Del mismo modo, las rebajas fiscales sobre la compraventa no garantizan por sí mismas una reducción del precio final de las viviendas. Su efecto dependerá de la oferta disponible, de la demanda y de cuánto beneficio fiscal termine trasladándose al comprador.

Además, la reducción de ingresos tributarios exigiría identificar los recursos que dejarían de percibir las administraciones correspondientes.

Educación: cuotas culturales en las aulas y derogación de la LOMLOE

El programa incluye una reforma educativa que contempla derogar la LOMLOE, establecer criterios curriculares comunes y avanzar hacia una evaluación de acceso a la universidad homogénea en toda España.

También defiende ampliar la libertad de elección de centro por las familias y modificar diferentes contenidos educativos.

Una propuesta particularmente controvertida consiste en limitar la presencia de alumnado de otras culturas o con insuficiente dominio del español en una misma aula. Esta medida requeriría determinar cómo se definiría administrativamente el origen cultural de un estudiante, qué límites se aplicarían y cómo se garantizaría la igualdad de acceso a la educación.

La Constitución protege el derecho a la educación y prohíbe determinadas formas de discriminación. Por ello, cualquier sistema de distribución escolar basado en características culturales o nacionales debería examinarse con especial atención jurídica.

Vox también propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, eliminar los menús halal de los colegios y suprimir el programa de lengua árabe y cultura marroquí. Son iniciativas que afectan a ámbitos distintos, entre ellos la libertad religiosa, la organización escolar y los derechos individuales.

Rebajas fiscales sin una memoria económica global

La economía constituye otro de los grandes bloques del programa.

Vox propone reducir el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, además de establecer una cuota cero para autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

Para quienes superen ese umbral, plantea un sistema de cotización progresiva desde los 50 euros. También pretende reducir lo que considera gasto público superfluo, modificar subvenciones y aplicar una regla según la cual deberían derogarse tres normas por cada nueva ley aprobada.

El problema económico principal es la ausencia de una memoria fiscal consolidada que permita comprobar cuánto recaudaría menos el Estado, qué ahorro producirían las medidas de reducción del gasto y cómo se financiarían los servicios públicos y las nuevas inversiones.

Eliminar trámites innecesarios puede simplificar la actividad económica, pero el número de normas derogadas no demuestra por sí mismo una mejora de eficiencia ni un ahorro presupuestario determinado.

Trabajo y pensiones: derogar la reforma laboral sin concretar una alternativa completa

Vox anuncia su intención de derogar la reforma laboral impulsada durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el programa no desarrolla de manera suficientemente detallada qué disposiciones mantendría, cuáles sustituiría y cómo quedarían reguladas materias como la contratación temporal, la negociación colectiva y los mecanismos de flexibilidad laboral.

Las consecuencias para trabajadores y empresas dependerían precisamente de esos detalles. En pensiones, el partido defiende mejorar la sostenibilidad del sistema mediante empleo, productividad y natalidad, pero no presenta una reforma general cuantificada que permita conocer con precisión la evolución propuesta para la edad de jubilación, las cotizaciones o las prestaciones.

La falta de concreción impide realizar una evaluación financiera comparable a la que podría hacerse con una reforma articulada.

Igualdad y violencia de género: derogar leyes sin detallar completamente su sustitución

El documento propone derogar las denominadas leyes de género, a las que Vox atribuye un tratamiento desigual de hombres y mujeres.

Al mismo tiempo, incluye compromisos para reforzar la protección de las mujeres frente a determinados delitos y situaciones de violencia. La cuestión fundamental es qué sucedería con las herramientas legales actualmente existentes. La protección frente a la violencia de género comprende instrumentos penales, judiciales, asistenciales y sociales. Su modificación exigiría identificar qué mecanismos desaparecerían, cuáles continuarían y qué sistema alternativo se establecería.

Sin ese desarrollo, no es posible determinar completamente las consecuencias de las derogaciones propuestas.

Medioambiente: rechazo al Pacto Verde y defensa de la energía nuclear

Vox plantea revisar o eliminar determinadas políticas climáticas vinculadas al Pacto Verde Europeo, las zonas de bajas emisiones y las obligaciones ambientales que considera perjudiciales para la industria, el transporte y el sector agrario.

Defiende también prolongar la vida útil de las centrales nucleares y revisar las políticas energéticas nacionales. En agricultura y ganadería promete reducir cargas burocráticas y defender a los productores españoles frente a determinadas exigencias ambientales y comerciales.

Sin embargo, una parte importante de la regulación climática y agraria procede de instituciones europeas. Su modificación no depende exclusivamente del Gobierno español y puede exigir acuerdos en el seno de la Unión Europea.

Seguridad, justicia e instituciones: endurecimiento penal y reformas de amplio alcance

El programa propone reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, ampliar los supuestos de prisión permanente revisable y reforzar los medios destinados a policías, fuerzas armadas y funcionarios penitenciarios. También contempla recuperar el delito de sedición, modificar las penas por malversación e introducir cambios en la elección del Consejo General del Poder Judicial y el funcionamiento del Tribunal Constitucional.

Algunas iniciativas podrían tramitarse mediante reformas legislativas. Otras requerirían examinar especialmente su compatibilidad con la Constitución y con las garantías de independencia judicial. El programa incluye asimismo modificaciones en materia de memoria democrática y medios públicos, entre ellos RTVE.

El interrogante: cómo financiar las promesas y aplicar las restricciones

El análisis de las 115 medidas muestra que Vox combina importantes rebajas tributarias con compromisos de inversión en seguridad, defensa, infraestructuras, sanidad y apoyo a las familias. La dificultad consiste en determinar cómo se financiarían simultáneamente esas políticas. El programa tampoco cuantifica de manera integrada los costes administrativos y judiciales de sus reformas migratorias, ni presenta estimaciones suficientes sobre el impacto económico de algunas restricciones sociales.

La falta de una memoria económica no demuestra que las propuestas sean inviables, pero impide comprobar que puedan desarrollarse en los términos anunciados.

También persisten interrogantes sobre la ejecución de las medidas que afectan a competencias autonómicas y compromisos europeos.

El programa de Vox no plantea únicamente una rebaja de impuestos o un endurecimiento de las fronteras. Propone modificar las reglas de acceso a derechos y servicios, revisar leyes laborales y de igualdad y alterar aspectos relevantes de la organización institucional.

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