El desalojo inmediato de la acampada de la Puerta del Sol que Isabel Díaz Ayuso llevaba días presentando prácticamente como una obligación jurídica tendrá que esperar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado adoptar la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid y ha decidido que antes de ordenar una intervención policial de semejante alcance debe escuchar a la Delegación del Gobierno, a la que concede 48 horas para presentar sus alegaciones.
No es todavía una sentencia sobre la legalidad definitiva de la acampada ni supone que los magistrados hayan blindado indefinidamente la protesta, pero sí representa un duro revés para la estrategia política construida por Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, que llevaban días calificando el asentamiento como ilegal, reclamando su desalojo y acusando al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de incumplir sus obligaciones.
El recurso judicial procede formalmente de la Comunidad de Madrid, que reclamó medidas cautelarísimas para conseguir la “inmediata disolución” de lo que el Ejecutivo autonómico denomina una “ocupación ilegal”. El Ayuntamiento de Almeida, sin embargo, había participado activamente en la misma ofensiva, reclamando igualmente el desalojo, denunciando supuestos riesgos para la seguridad y anunciando que acumulaba documentación para estudiar incluso una querella contra el delegado del Gobierno.
El tribunal no compra la urgencia de Ayuso sin escuchar primero al Estado
El razonamiento del TSJM resulta especialmente significativo porque coloca delante de las exigencias políticas del Gobierno madrileño las garantías que acompañan a cualquier intervención policial sobre una concentración.
Los magistrados consideran que, ante una orden de desalojo que podría terminar implicando el empleo de la fuerza sobre los acampados, no resulta adecuado adoptar una decisión de semejante trascendencia sin conocer previamente los argumentos de la Delegación del Gobierno.
Además, el tribunal introduce una cuestión que Ayuso y Almeida habían desplazado prácticamente fuera del debate político: el derecho fundamental de reunión y el carácter irreversible que tendría ejecutar primero el desalojo y discutir después si estaba justificado.
Ese razonamiento encaja con la propia Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 23 establece que las actuaciones policiales sobre reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas y determina expresamente que la disolución debe constituir el último recurso.
El TSJM no está diciendo que una acampada pueda mantenerse indefinidamente, ni que no puedan existir infracciones, daños patrimoniales o restricciones justificadas por razones de seguridad. Lo que está diciendo es mucho más incómodo para el relato del PP madrileño: un desalojo policial no puede tratarse como una conclusión política previa cuya ejecución corresponda simplemente ordenar a la Policía.
De los “cuchillos” y los adoquines a un desalojo que los jueces no conceden
Almeida había elevado todavía más el tono al asegurar que en el campamento existían “cuchillos de grandes dimensiones”, adoquines y otros objetos que supondrían un peligro para el orden público, argumentos que trasladó a la Delegación del Gobierno para reforzar la exigencia de intervención.
Ayuso, por su parte, convirtió la acampada en una pieza central de su ofensiva política contra Pedro Sánchez y Francisco Martín, llegó a afirmar este mismo lunes que esperaba “consecuencias legales” y volvió a presentar como indiscutible la ilegalidad de la protesta.
Horas después, la Justicia ha dejado claro que la cuestión no era tan sencilla como llevaba días sosteniendo la presidenta.
El tribunal quiere escuchar antes a la Delegación. Quiere conocer por qué no ha ordenado el desalojo. Y considera relevante que la intervención solicitada pueda afectar a un derecho fundamental y terminar implicando coerción física.
El golpe político alcanza también a Almeida
El auto recae sobre una petición de la Comunidad, por lo que sería incorrecto afirmar que el TSJM ha rechazado un recurso presentado directamente por Almeida. Sin embargo, políticamente el revés alcanza plenamente al Ayuntamiento porque alcalde y presidenta habían construido durante toda la semana un frente común para exigir exactamente el mismo desenlace: desalojar Sol cuanto antes.
El resultado provisional es exactamente el contrario.
La acampada continúa, la Policía Nacional no tiene una orden judicial para expulsar inmediatamente a los manifestantes y la Delegación del Gobierno dispone ahora de un plazo para defender ante los magistrados por qué ha considerado hasta ahora que no concurrían las circunstancias necesarias para proceder a la disolución.
Ayuso puede seguir defendiendo políticamente que la protesta debe terminar y Almeida puede continuar denunciando los problemas que considere existentes en la plaza, pero desde este lunes tienen una dificultad añadida: la Justicia a la que recurrieron para obtener un desalojo inmediato ha decidido que primero hay que escuchar a la otra parte y valorar los derechos en juego.
No es todavía el final de la batalla judicial de Sol, pero sí el primer gran golpe a la estrategia del PP madrileño de convertir el desalojo en una cuestión aparentemente automática.
Y esta vez no ha sido Sánchez, ni el delegado del Gobierno, ni los acampados quienes han frenado a Ayuso.
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