El presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Partido Popular, denunciado por una concejala del partido acabó guardado en un cajón del Comité Nacional de Derechos y Garantías después de varios intentos de Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y de Alfonso Serrano, número dos del PP de la Comunidad de Madrid, de convencer a la denunciante para que renunciara a cualquier intento de reparación y optara por la resignación. La víctima acabó abandonando el partido tras intentar en al menos seis ocasiones que el PP le diera amparo institucional a su denuncia. Asombrosamente, este caso repite paso por paso los mismos patrones machistas, de ocultación y de negacionismo institucional que el sufrido hace ya 26 años por Nevenka Fernández en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) por parte del que fuera su alcalde, Ismael Álvarez, también del PP. Poco o nada ha cambiado la situación desde entonces a tenor de la denuncia de la edil del consistorio de Móstoles.
Sorprendentemente, tampoco ha cambiado prácticamente nada el tratamiento informativo tras conocerse la denuncia de esta concejala popular en el municipio madrileño, que abandonó sus responsabilidades municipales en el Ayuntamiento de Móstoles en 2024 cansada de buscar el amparo de la cúpula de su partido después de que sus propios dirigentes en la Comunidad de Madrid le aconsejaran que renunciara a cualquier intento de denuncia contra el regidor municipal.
El silencio mediático sorprende cuando el color político del denunciado es del Partido Popular mientras se detallan al milímetro los casos Salazar y Errejón
Este jueves, un día después de adelantarse el caso de acoso en El País, los programas informativos de televisión han remoloneado en general a la hora de poner el foco prioritario en este tema, a diferencia de lo ocurrido cuando se conoció el caso similar del ex dirigente socialista Francisco Salazar, que acaparó con prontitud el centro de tertulias informativas, telediarios y portadas de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Algo similar sucedió cuando estalló la denuncia por agresión sexual contra el ex dirigente de Sumar Íñigo Errejón.
Esta evidencia mediática plantea una pregunta recurrente: ¿realmente interesan las mujeres y los casos de abusos que sufren en política por sus propios compañeros o sólo según el color político de las víctimas y los denunciados? Este mismo jueves por la mañana, un rápido zapeo por las principales cadenas de televisión aclaran la respuesta: Cuatro se afana en desentrañar los entresijos de la renuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá a mantener la denuncia contra Errejón, Telecinco, en El Programa de Ana Rosa, hace directamente el vacío al caso del regidor de Móstoles que apunta directamente a la gestión interna de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una grave denuncia por acoso sexual contra un dirigente de su partido.
El caso del alcalde de Móstoles y la reacción de la cúpula del PP al respecto evidencia que la violencia machista y el acoso sexual en política interesan mucho más cuando le sucede al vecino de enfrente que cuando llama a las puertas de la propia casa. La reacción de la dirección del PP madrileño relatada por la víctima retrotrae directamente al patrón de conducta que el mismo partido puso en práctica allá por el año 2001, después de que la entonces concejal popular Nevenka Fernández, causara baja en el PP tras el ninguneo al que la sometieron tanto sus compañeros de filas en Ponferrada como la dirección del partido en general. Finalmente, logró que la justicia condenara al alcalde de la localidad leonesa a nueve meses de prisión, multa de 6.480 euros y una indemnización de 12.000 euros a la víctima por acoso sexual. Ismael Álvarez sólo dimitió como alcalde el mismo día que se hizo pública la sentencia.
Ana Botella, la esposa del que entonces en 2002 era presidente del Gobierno de España, José María Aznar, aseguró que “hay que tener un respeto total por el alcalde de Ponferrada, que ha tenido una postura impecable de dimitir antes de que haya una sentencia firme”. También el entonces presidente del Senado y del PP en la Comunidad de Madrid, Pío García-Escudero, se pronunció en los mismos términos. Tras conocerse la sentencia condenatoria, el 31 de mayo de 2002 el dirigente popular destacó “el valor político” de Ismael Alvarez por dimitir de todos sus cargos públicos tras ser condenado por acoso sexual.
Las primeras reacciones del PP madrileño a las pocas horas de conocerse la denuncia de la edil de Móstoles dejan claro que prácticamente nada ha cambiado en el partido más de un cuarto de siglo después. Negacionismo, ocultación, presunción de inocencia del denunciado y vacío absoluto al testimonio de la denunciante.