La imagen de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, declarando ante el Tribunal Supremo ha vuelto a colocar el foco sobre un procedimiento judicial que, pese a su relevancia política y mediática, no llegará a juicio antes de mediados de 2027. La razón no está en una decisión discrecional ni en una maniobra oculta, sino en una combinación de factores estructurales del sistema judicial español que conviene explicar con claridad.
El primero y más determinante es la saturación de los juzgados de lo Penal de Madrid, en especial los situados en la calle Julián Camarillo. Estos órganos son los encargados de juzgar delitos económicos cuando la cuantía no supera determinados umbrales legales. Desde hace años arrastran una carga de trabajo muy por encima de lo razonable, con miles de procedimientos pendientes y una capacidad limitada para señalar vistas orales en plazos cortos.
¿Eficiencia de la Justicia?
A esta situación se suma la llamada ley de eficiencia de la Justicia, impulsada por el Ministerio de Justicia y conocida popularmente como “reforma Bolaños”. Esta norma transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, un cambio organizativo de gran calado que, en lugar de aliviar la carga de trabajo a corto plazo, la incrementa temporalmente. La adaptación de los órganos judiciales, la redistribución de asuntos y la reorganización interna están provocando retrasos adicionales en procedimientos ya de por sí congestionados.
Pero ¿por qué este caso no se juzga en un tribunal superior con mayor capacidad? La respuesta está en la cuantía del presunto fraude fiscal. En el ordenamiento jurídico español, cuando la cantidad defraudada no supera los 600.000 euros, el enjuiciamiento corresponde a los juzgados de lo Penal. Si se rebasara ese límite, el caso pasaría a la Audiencia Provincial, como ocurrió en su día con procesos muy mediáticos relacionados con grandes figuras del deporte. En este caso concreto, la cifra investigada sitúa el procedimiento en el nivel judicial más saturado.
Calendario electoral
Otro elemento relevante es el calendario electoral. En 2027 están previstas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previsiblemente en el mes de mayo. Aunque el Poder Judicial insiste en su independencia, existe una práctica consolidada de extremar la prudencia para evitar que decisiones procesales de alto impacto coincidan con campañas electorales. No se trata de una regla escrita, pero sí de una lógica institucional que busca preservar la neutralidad del sistema en contextos políticamente sensibles. Aunque González Amador sea formalmente un “ciudadano particular”, el vínculo con la presidenta madrileña convierte cualquier avance del caso en un asunto de enorme repercusión pública.
Además, el procedimiento no está cerrado. Paralelamente a la causa principal, sigue activa una pieza separada en un juzgado de Instrucción de Madrid. En ella se investigan posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, conceptos jurídicos que, en términos sencillos, se refieren al uso irregular de una empresa para obtener beneficios indebidos o perjudicar conscientemente a la propia sociedad o a terceros. En esta parte del proceso, el juez instructor está a la espera de un informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actividad de la empresa Maxwell Cremona, vinculada al investigado.
En resumen, el retraso del juicio no responde a una excepción ni a un trato de favor explícito, sino a una combinación de atasco judicial crónico, reformas organizativas mal sincronizadas, límites legales del delito fiscal y un contexto político-electoral delicado. Entender estos factores no elimina la controversia, pero permite comprender por qué, en la práctica, la Justicia avanza con una lentitud que choca frontalmente con las expectativas de la ciudadanía.