Lo que ha ocurrido en las últimas horas alrededor de la crisis de Ceuta es bastante más grave que la enésima pelea entre Gobierno y oposición sobre quién recibió un aviso el 29 de julio. Por primera vez aparece una cuestión que afecta directamente a la cadena de información dentro de la Policía Nacional: el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, CENIF, ha remitido a la Audiencia Nacional un informe que, según las informaciones conocidas, sostiene que gendarmes marroquíes guiaron la entrada masiva del 30 y 31 de julio bajo las órdenes de agentes de paisano y con una finalidad que trascendía la migración, mientras Fernando Grande-Marlaska asegura que desconocía semejante información.
La reacción del ministro ha sido inmediata y extraordinariamente significativa. A las 00.13 horas de este miércoles envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, reclamándole que confirme «a la mayor brevedad» si lo publicado es cierto y, sobre todo, desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información. Marlaska califica esos datos de «absolutamente esenciales» para que Interior y el Gobierno puedan adoptar decisiones en materia de política interior, exterior y defensa del Estado. La Moncloa ha añadido que le «sorprende» que, si tales evidencias existían, no fueran compartidas con el Ejecutivo.
Ahí está el verdadero escándalo potencial y conviene no contaminarlo con conclusiones precipitadas. Que una unidad policial responda directamente a un requerimiento de una magistrada no constituye por sí mismo ninguna insubordinación: la Policía Judicial debe actuar al servicio de jueces y fiscales con independencia de intereses políticos. Otra cosa muy distinta es que, mientras cumple ese requerimiento judicial, disponga de información relevante para la Seguridad Nacional que no circule por los canales que legalmente corresponden. Marlaska recuerda en su carta que, una vez declarada la situación de interés para la Seguridad Nacional, esa información debe ponerse también a disposición del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada y de los órganos competentes, independientemente de que exista una investigación judicial.
Por eso la pregunta ya no puede despacharse con el habitual intercambio partidista: ¿quién sabía qué dentro de la Policía, desde cuándo lo sabía y por qué el ministro responsable del mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afirma haberse enterado por la prensa de unas conclusiones que podrían modificar radicalmente la interpretación política y diplomática de la crisis?
El informe que cambia la naturaleza del caso
Lo publicado inicialmente por El Español es explosivo. Según su información, el CENIF descarta que los acontecimientos fueran exclusivamente producto de una convocatoria espontánea alimentada por las redes y sostiene que existió una planificación orientada a colapsar el sistema de control fronterizo. El análisis se apoya, entre otros elementos, en imágenes de gendarmes marroquíes dando indicaciones, individuos de paisano que presuntamente dirigían a esos agentes y una sucesión de oleadas con perfiles diferentes. El informe enviado a la magistrada María Tardón vincula además lo sucedido con las posteriores reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y llega a calificar el episodio como una operación de contrainteligencia ofensiva.
Esto no significa todavía que una resolución judicial haya probado que Marruecos organizó el asalto. Es la conclusión de una unidad policial sometida ahora al escrutinio de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, que deberá valorar su consistencia y determinar incluso si existe materia suficiente para abrir formalmente una investigación por hechos que afecten a la seguridad del Estado. La magistrada pidió precisamente informes a Policía y Guardia Civil para aclarar si existió una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal u otro actor.
Pero tampoco estamos ya ante una especulación en una tertulia. Si el documento es exactamente como ha sido descrito, una unidad especializada de la Policía Nacional está planteando una hipótesis institucional enormemente seria sobre la actuación de Marruecos. Y eso explica la dureza de la carta de Marlaska.
OKDiario convierte una alerta limitada en el aviso de una invasión que el documento no predijo
En paralelo, OKDiario ha publicado una información con un titular rotundo: "El documento que prueba que la Policía alertó de “riesgo extremo” de entradas a nado un día antes de la invasión de Ceuta". El objetivo evidente es presentar el documento como la prueba definitiva de que Marlaska mintió cuando aseguró que no había existido una advertencia capaz de anticipar una entrada de las dimensiones finalmente registradas.
Pero basta leer el propio artículo de OKDiario para comprobar que su titular fuerza el contenido del documento.
La nota TIFA-3136 del CENIF sí existía el 29 de julio y sí advertía de posibles entradas irregulares al día siguiente. Eso es importante y debe investigarse quién la recibió. Sin embargo, la matriz de riesgo reproducida por el propio periódico distingue tres escenarios completamente diferentes. Para las "entradas a nado", que tenían probabilidad alta, el nivel de riesgo era bajo-medio. Para "entradas a nado + salto a la valla", la probabilidad era media y el riesgo medio-alto. Solo un tercer escenario —"entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada"— recibía la calificación de riesgo extremo, pero su probabilidad era media-baja.
Es decir, no es correcto condensar todo aquello en que la Policía había advertido de un “riesgo extremo de entradas a nado”. El riesgo extremo correspondía al escenario más complejo y precisamente al que el documento asignaba una probabilidad inferior.
Pero hay todavía algo más importante: el mismo artículo reconoce que la nota "no contiene una estimación del número de personas" que podían intentar entrar y "no afirma que fuera a producirse necesariamente una entrada masiva de la magnitud que finalmente se registró".
Eso coincide mucho más con lo que Marlaska dijo realmente el 25 de agosto que con la versión que ahora intenta atribuirle el digital. El ministro no sostuvo simplemente que jamás hubiera existido una información sobre movimientos migratorios. Su frase fue que no había visto «ningún aviso que alertara de una entrada de estas dimensiones», que no existía un informe que anticipara una entrada «sin precedentes» y que, si hubiera habido una previsión comparable a los aproximadamente 10.000 accesos de 2021, se habría elevado a las máximas instancias para adoptar medidas extraordinarias.
La diferencia no es menor. Una cosa es advertir el 29 de julio de una convocatoria detectada en fuentes abiertas y contemplar distintos escenarios de entrada irregular. Otra es anticipar 70.000 personas, una operación coordinada de semejante magnitud y una presunta participación activa de fuerzas marroquíes.
La primera alerta existió. La segunda previsión, hasta donde permite comprobar la documentación conocida, no.
Dos investigaciones que no deben confundirse
En realidad, esta historia contiene dos asuntos diferentes que determinados relatos están mezclando interesadamente. El primero es qué se sabía antes del 30 de julio: existían señales, convocatorias en redes y una nota del CENIF que merece esclarecerse quién recibió y qué medidas provocó. El Gobierno tendrá que responder a eso y no debería esconderse detrás de discusiones semánticas sobre si aquello era un "informe", una "nota" o un "aviso".
El segundo asunto es mucho más grave y surge fundamentalmente del análisis posterior de lo sucedido: las imágenes, los comportamientos observados sobre el terreno, las distintas oleadas y el papel atribuido a agentes marroquíes han llevado al CENIF a plantear ante la Audiencia Nacional que la crisis pudo estar planificada para desbordar la frontera española. El documento entregado a la magistrada analiza precisamente todo ese material posterior a los hechos.
Mezclar ambos planos permite fabricar una conclusión que por ahora no está demostrada: que el Gobierno supo el 29 de julio que Marruecos iba a organizar una operación de 70.000 personas y decidió no actuar. Ninguno de los documentos conocidos demuestra eso.
Lo que sí está demostrado es suficientemente inquietante: había una alerta previa que debe reconstruirse hasta el último destinatario y ahora existe un informe policial extraordinariamente grave sobre Marruecos que Marlaska asegura desconocer. El problema para Interior ya no consiste únicamente en explicar por qué no se previeron 70.000 entradas, sino en averiguar cómo funciona su propia cadena de información cuando una unidad policial maneja conclusiones que afectan potencialmente a las relaciones con un país vecino y a la defensa del Estado.
Ese es el asunto que merece una investigación implacable.
Y precisamente por su gravedad sobra la propaganda. OKDiario tenía delante un documento suficientemente importante sin necesidad de deformarlo: una alerta real del 29 de julio que obliga a saber quién la recibió y qué hizo con ella. Convertirla mediante un titular en la supuesta prueba de que Interior conocía de antemano la dimensión de la avalancha significa hacer decir al documento algo que el propio periódico admite unas líneas después que no decía.
En Ceuta quedan demasiadas preguntas abiertas para necesitar respuestas fabricadas. Ahora hay una especialmente incómoda dentro del Ministerio del Interior: si la Policía llegó a la conclusión de que Marruecos pudo dirigir una operación contra la frontera española, Marlaska tiene derecho —y obligación— de saber cuándo se llegó a esa conclusión, quién la conocía y por qué él asegura haberse enterado a través de un periódico.
Eso sí tiene "miga". Y mucha.
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