Hay una diferencia sustancial entre ejercer una oposición implacable contra un Gobierno y utilizar una comisión parlamentaria para degradar deliberadamente el debate público. Vox traspasó esa frontera durante la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la crisis de Ceuta. Podía cuestionar la actuación del Ejecutivo, denunciar errores en la gestión migratoria, reclamar responsabilidades por la seguridad fronteriza o exigir explicaciones sobre las agresiones sexuales registradas durante estas semanas. Todo eso habría formado parte del debate democrático. Sin embargo, eligió otro camino: convertir su intervención en una sucesión de insultos, insinuaciones, afirmaciones no acreditadas y caricaturas sobre las políticas de igualdad.
La diputada de Vox comenzó dirigiéndose a Redondo con un triple «vergüenza» y recordando una intervención anterior de la ministra, a la que describió gritando «como una posesa». Después afirmó que al Gobierno «le importa un pimiento» la seguridad de las mujeres españolas y presentó la política del Ministerio de Igualdad prácticamente como una combinación de «puntos violetas», «bancos de colorines» y minutos de silencio «que no sirven absolutamente para nada».
No estamos ante una crítica presupuestaria ni ante una discusión sobre la eficacia de una determinada política pública. Estamos ante una forma de intervención que sustituye deliberadamente el argumento por la descalificación y que, además, resulta especialmente reveladora cuando quien recibe ese tratamiento es precisamente la ministra encargada de las políticas contra la violencia machista.
Mientras Vox ridiculizaba los «puntos violetas», había nueve menores víctimas de agresión sexual atendidas
La contradicción resulta todavía más grave cuando se compara la intervención de Vox con lo que Ana Redondo acababa de explicar ante la Comisión. La ministra no compareció para hablar de símbolos ni de pintar bancos, sino para detallar una respuesta concreta ante mujeres y niñas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Redondo informó de que el centro de crisis 24 horas de Ceuta, financiado con más de 1,27 millones de euros procedentes de fondos europeos, estaba atendiendo en ese momento a nueve menores víctimas de agresión sexual. Explicó también que se había ampliado el periodo durante el que podían permanecer protegidas en ese recurso para evitar que tuvieran que abandonarlo antes de disponer de una alternativa segura.
El Ministerio había activado además desde el 4 de agosto un plan de contingencia, reforzado los sistemas Atenpro, Cometa, VioGén y 016, realizado seguimiento específico de las mujeres ya protegidas en Ceuta y comenzado a distribuir información en árabe, francés e inglés ante el riesgo evidente de que muchas víctimas migrantes desconocieran los mecanismos disponibles o no pudieran utilizarlos por barreras lingüísticas.
Puede discutirse si esas medidas son suficientes, si llegaron tarde o si el Ministerio debería haber desplegado más recursos. Lo que resulta intelectualmente insostenible es reducir todo ese trabajo a «puntos violetas y bancos de colorines» mientras simultáneamente se acusa a la ministra de despreocuparse de las mujeres.
Convertir una tragedia en una teoría de invasión
Vox fue todavía más lejos. Su portavoz afirmó que entre las personas llegadas a Ceuta había «espías del Gobierno marroquí, yihadistas y delincuentes excarcelados» enviados para contribuir a una «invasión de España». Habló de una «guerra híbrida», llegó a plantear que las agresiones sexuales podrían constituir un «crimen de guerra» y describió un escenario de hospitales colapsados, racionamiento de alimentos, viviendas ocupadas y calles convertidas en «gigantescos retretes al aire libre».
Son acusaciones de extraordinaria gravedad y en la intervención reproducida no se aportó ninguna prueba que acreditara varias de ellas.
Ese detalle es fundamental. Un diputado puede plantear sospechas y exigir que el Gobierno las investigue, pero existe una enorme distancia entre preguntar si determinadas estructuras marroquíes pudieron participar en la crisis y proclamar desde el Congreso que entre decenas de miles de migrantes «consta» la existencia de espías, yihadistas y delincuentes enviados para invadir España.
La palabra «invasión» tampoco aparece accidentalmente. Se repite una y otra vez hasta construir una determinada imagen del migrante: deja de ser una persona que ha entrado irregularmente y se convierte en integrante de una fuerza hostil. Después llega el siguiente salto: Vox acusa al Gobierno de promover una «verdadera invasión» destinada a «sustituir a los españoles».
Eso ya no es una propuesta de política migratoria. Es la introducción en sede parlamentaria de una narrativa de sustitución demográfica que convierte a millones de personas en una amenaza colectiva y atribuye al Gobierno la intención deliberada de reemplazar a la población española.
Las agresiones sexuales no pertenecen a Vox
Existe además un aspecto especialmente desagradable en la intervención: la utilización política de las víctimas de violencia sexual.
Ana Redondo no negó las agresiones. Todo lo contrario. Informó de 21 agresiones sexuales conocidas por la Fiscalía, habló de casos con penetración y de personas investigadas de distintas nacionalidades, entre ellas ciudadanos magrebíes, españoles y un ciudadano europeo. La ministra formuló una posición que debería ser elemental: perseguir individualmente a cada agresor con toda la contundencia de la ley sin convertir la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
Esa distinción resulta decisiva. Decir que una persona migrante que comete una agresión sexual debe responder ante la Justicia no es racismo, es Estado de derecho. Sostener que la existencia de agresores permite considerar potencialmente peligrosas a decenas de miles de personas por compartir procedencia es exactamente el mecanismo mediante el que se construye la estigmatización colectiva.
La propia ministra aportó un dato que ayuda a comprender el clima generado alrededor de Ceuta: el sistema de seguimiento de discursos de odio detectó 57.406 contenidos discriminatorios durante julio, un 41% más que el mes anterior, y solo durante los días 30 y 31 se localizaron 9.590 mensajes de ese tipo, dirigidos especialmente contra personas procedentes del norte de África.
En ese contexto, las palabras de los representantes públicos importan mucho más, no menos.
La frase sobre Marruecos que retrata el tono de la intervención
Probablemente uno de los momentos más reveladores llegó cuando la diputada preguntó a Ana Redondo si Marruecos era un país «feminista, inclusivo, solidario, integrador» para que la ministra de Igualdad del Reino de España estuviera «siempre de rodillas ante él».
La política exterior española hacia Marruecos merece todas las críticas que sean necesarias y el Gobierno tiene todavía muchas preguntas que responder sobre lo sucedido en Ceuta. Pero describir a una ministra como una mujer «de rodillas» ante otro Gobierno no aporta absolutamente nada al análisis de la relación bilateral; simplemente introduce una imagen de humillación personal en una discusión que debería versar sobre soberanía, inteligencia, cooperación fronteriza y responsabilidades políticas.
Esa fue precisamente la gran oportunidad desperdiciada por Vox. Había preguntas extraordinariamente importantes que formular. ¿Qué información poseía el Gobierno antes del 30 de julio? ¿Por qué no se anticipó la magnitud de la crisis? ¿Qué ocurrió en el lado marroquí de la frontera? ¿Funcionaron correctamente los mecanismos de inteligencia? ¿Podría haberse protegido mejor a las mujeres de Ceuta y a las que llegaron durante la avalancha?
En lugar de concentrarse en ellas, Vox decidió hablar de «invasores», «traición», «sustitución de los españoles», «puntos violetas», «bancos de colorines» y un Gobierno convertido en «las diez plagas de Egipto», para terminar recuperando una comparación de Santiago Abascal con las cucarachas.
Una democracia necesita una oposición dura, fiscalizadora y hasta incómoda. Lo que no necesita es que el Congreso se convierta en una competición para comprobar quién consigue utilizar la expresión más brutal o la acusación más alarmista.
Vox podía haber sometido a Ana Redondo a una fiscalización feroz sobre cada decisión adoptada en Ceuta. Eligió algo mucho más pobre: intentar deslegitimarla mediante el insulto y utilizar una tragedia humana como combustible para su relato sobre una España supuestamente invadida y sustituida.
El problema ya no es únicamente el tono. Cuando las palabras convierten a colectivos enteros en enemigos, presentan sospechas como certezas y reducen la protección de víctimas de violencia sexual a una burla sobre “puntos violetas”, dejan de fortalecer el debate democrático y empiezan a degradarlo.
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